El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha denunciado este martes ante la Fiscalía y la Comunidad de Madrid el caso de Inés, la menor de 11 años con un retraso madurativo, que hace que tenga capacidades propias de 9 años, expulsada de un campamento el pasado fin de semana tras las quejas de las familias de las compañeras con las que compartía habitación.
El delegado del Cermi para los Derechos Humanos, Jesús Martín Blanco, ha anunciado a Efe la denuncia presentada esta mañana a la vez que ha lamentado que “una actividad lúdica, como es un campamento, haya provocado dolor a Inés y su familia”.
Los hechos ocurrieron el segundo día de la actividad de unas colonias que están dentro del programa de Diverbo llamado Pueblo Inglés, se celebran durante dos semanas en Salto de Saucelle (Salamanca) y están dirigidas a menores de entre siete y doce años. Carolina Gómez, la madre de Inés, relató a eldiario.es que sobre las 23 horas del mismo día que llevó a la niña, la coordinadora de la actividad la llamó por primera vez para decirle que “no se hacía con Inés porque tenía un comportamiento extraño”. Como parte de ese comportamiento “extraño” ejemplificó que “tardaba en ducharse”. Más tarde, recibió una segunda llamada en la que se informaba de que la madre de una de las dos niñas con las que Inés iba a compartir habitación se había quejado porque su hija iba a tener que “cuidar de una discapacitada”, ante lo que la coordinadora del programa manifestó a Carolina encontrarse “entre la espada y la pared”. La familia de Inés informó de su discapacidad a la empresa en todo momento.
También la Coordinadora del Tercer Sector ha condenado en un comunicado estos hechos y ha informado de que ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo y del Menor para que se inicien acciones para aclarar lo sucedido.
Para el Cermi “resulta intolerable que una circunstancia como la discapacidad colonice nuestra existencia para clasificarnos fuera de la vida en común y para ocultar a la propia persona con dignidad y derechos”.
Martín ha lamentado la actitud del campamento, una “constante perversa” que aparta a este colectivo de “la esfera de la inclusión”: “Pone de manifiesto que nuestras vidas siguen estando depreciadas en valor y despreciadas en actitudes, algo intolerable en un Estado con cuarenta años de vida democrática”.
Por su lado, la Coordinadora del Tercer Sector ha pedido formalmente este martes al Gobierno de la Comunidad de Madrid que actúe contra la empresa Diverbo, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, para conocer la situación producida con la expulsión de la menor.
Esta ONG ha solicitado que se analice por parte del Ejecutivo madrileño si esta actuación “no supone una evidente discriminación hacia la infancia y un ataque a los derechos de los menores con capacidades diversas.
Además, entiende que, de acuerdo a la legislación en materia de protección a la infancia y las relativas a ocio y tiempo libre, que en parte regulan a los campamentos, “la Comunidad de Madrid debería iniciar actuaciones ante un potencial delito de odio”.