El texto de la vocal conservadora Carmen Llombart se ha impuesto en la votación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre el anteproyecto de ley de Ley de Orgánica para la Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la Mujer Embarazada. La polémica reforma del ministro Alberto Ruiz-Gallardón a la ley de plazos cumple así su último trámite del periodo consultivo, si es que el Gobierno decide no enviar el proyecto al Consejo de Estado.
El informe de Llombart, que coincide en muchos de sus planteamientos jurídicos con el de la vocal progresista, Pilar Sepúlveda, se impuso por 10 votos a favor (casi la totalidad del grupo conservador, menos uno que se ha abstenido), 8 en contra del bloque progresista y tres abstenciones (dos de ellas de los nacionalistas).
Aunque el texto aprobado apoya el anteproyecto (el de Sepúlveda pedía su retirada) no se ajusta a la doctrina del Constitucional en algunos aspectos. Por ejemplo, reclama que el supuesto de malformación fetal sea una causa para despenalizar la interrupción del embarazo sin vincularse a la salud psíquica de la mujer, como lo plantea la ley Gallardón. Pero solo si esa malformación es fatal para el feto.
El informe aprobado por el CGPJ también propone eliminar la exigencia de que la mujer que va a abortar en los supuestos permitidos tengan que recibir el aval de un médico de un centro distinto al suyo, al tiempo que pide que la Administración garantice que en todos los centros hay facultativos que no se acogen a la objeción de conciencia.
No se han tenido en cuenta las alegaciones de los dos vocales nacionalistas y del vocal conservador Fernando Grande Marlasca, que pedían que se esperara a que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la ley de plazos de 2010 para entonces evaluar la reforma.
Tampoco la de la vocal conservadora Núria Díaz, que aseguraba que el feto queda “completamente desprotegido” si se permite el aborto por malformación. Y que proponía someter a las mujeres que decidieran realizarse un aborto tras una violación a un análisis pericial para demostrar que no mentían en su denuncia.