Las charlas antiaborto en València, último ejemplo de la ola ultraconservadora que se extiende por las escuelas

El llamado veto parental dio la voz de alarma. Vox quería imponer que los padres y madres pudieran decidir si sus hijos iban a actividades formativas obligatorias en los colegios bajo la excusa de que los estaban adoctrinando. Aquella batalla, que el Gobierno socialista dio y ganó, reveló a quien estuviera mirando que el partido ultra tenía la vista puesta en las escuelas.

Desde aquel primer intento, que empezó en Andalucía y la Región de Murcia coincidiendo con el aumento de la influencia del partido en las instituciones, se han sucedido los incidentes en escuelas de todo el país: veto parental, actividades sexistas, la plataforma ultra HazteOir, uso de niños en campañas políticas o amenazas a docentes se cuelan en diferentes centros en los últimos años. El último episodio sucedió este pasado lunes: 53 estudiantes del colegio concertado –pagado por todos– Inmaculado Corazón de María, que ya tiene un pasado, asistieron a una charla antiabortista organizada por el partido y financiada, al menos el desplazamiento, por el Ayuntamiento de València.

Siguiendo los postulados del movimiento ultra mundial, Vox sostiene que en las escuelas “se adoctrina”, y aprovechando que el PP le ha necesitado en muchas comunidades autónomas o ayuntamientos, ha tirado de los populares hacia sus postulados hasta el punto de incluir esa expresión en varios acuerdos de Gobierno. Para el partido de Abascal (y el PP de la mano) las formaciones en igualdad y derechos son adoctrinamiento que hay que erradicar –de ahí el veto parental–, pero llevar a escolares de 13 años a charlas antiabortistas o sacarlos de clase cuando se habla de derechos humanos es libertad. Está negro sobre blanco en su programa electoral.

¿El resultado? Una ola reaccionaria que recorre las aulas en los últimos años, también (o sobre todo) entre el alumnado, colectivo en el que declararse franquista se ha vuelto una especie de moda. Además, las escuelas se han vuelto un espacio de lucha desde el que enviar mensajes, como la persona que decidió que era el lugar para sustituir una bandera LGTB por una franquista en Benalmádena.

Es Vox, pero no solo

Los episodios se suceden por toda España. Un colegio público de Boadilla del Monte (uno de los municipios más ricos de Madrid) el Instituto de Educación Secundaria Arquitecto Ventura Rodríguez aplicó el pasado año el conocido como pin parental a una charla sobre diversidad y contra la LGTBIfobia en 2º de la ESO: la mitad de las familias dieron permiso a sus hijos para ausentarse de una actividad obligatoria.

Este caso es paradigmático del efecto de las campañas ultras. El instituto explicó después que realmente nadie se lo había pedido. Tampoco aparecía en ninguna instrucción de la Comunidad de Madrid, que de hecho le prohibió repetir la acción. Simplemente, el servicio de orientación del centro, responsable de la charla, decidió que correspondía pedir permiso. Años de discurso contra el “adoctrinamiento” y la “ideología en las aulas” habían calado sin necesidad de legislar.

Directores siempre ha habido. También en Madrid, el responsable del colegio Juan Pablo II de Alcorcón mandó hace unos años una carta a su alumnado en la que criticaba la ley LGTB, a la que llamaba “Ley de Ideología de Género”. Aprovechó para añadir el islam al mix y aseguró que ambas cosas (religión islámica y “la ideología de género”) “son maquinaciones condenadas a la disolución y el fracaso”.

En Palma, en un incidente relacionado con el auge reaccionario en las escuelas, una bronca entre parte del alumnado y una profesora a cuenta de la bandera de España –se había acordado que se sacaría los días de partido del Mundial de fútbol, y el alumnado trató de hacerlo una jornada que no tocaba– traspasó los muros del centro y acabó en la diana del agitador Alvise, que cuenta con una numerosa claque de seguidores. La docente acabó amenazada de muerte.

En la pedanía murciana de Guadalupe, Vox regaló un despertador de princesas para las niñas y una máscara de Star Wars para los niños. El partido ultra es fuerte en Murcia, donde propuso poner el himno nacional en las aulas cada mañana como antídoto a la práctica de “comunistas, separatistas y proetarras para mantenerse en el poder”. En Vitoria, un muro decorado con la bandera arcoiris se llenó de pintadas: “Marikas” (sic), “esto con Franco no pasaba”.

Pero no es solo Vox. Aunque el PP ha parado los pies a la formación ultra en alguna ocasión –cada vez menos–, también ha participado en actos diversos. El exministro del Interior del PP Jaime Mayor Oreja aseguró en una conferencia ante centenares de alumnos de un colegio (de nuevo) concertado (de nuevo) de Madrid que España está “en caída libre” por un “proyecto suicida que sumó a la izquierda, socialistas, comunistas y nacionalistas” cuyo “capitán general” fue ETA.

También fue el PP responsable de la campaña contra la ley Celáa porque, aseguraban, atacaba a la escuela concertada (la misma que siempre acoge este tipo de actos). La campaña, en coordinación con las asociaciones de centros concertados, pertenecientes en su mayoría a la iglesia católica, empezó con una serie de actos reivindicativos y acabó fagocitada por la organización ultra HazteOir, que incluso fletó un autobús propagandístico comparando a la entonces ministra, Isabel Celáa, con Hitler. Por el medio, los colegios no dudaron en utilizar a menores en la campaña para sus reivindicaciones políticas.

El pin parental como síntoma

Profesionales y expertos en educación advierten de que los ultras montan ruido con acciones puntuales, pero cuestiones como el veto parental son solo la cara más visible de la batalla emprendida por la derecha más conservadora en las escuelas. La pelea va mucho más allá del veto a estas actividades complementarias.

Lo explica Raimundo de los Reyes, quien fuera presidente de la principal asociación de directores de instituto públicos de España. “Pasó lo mismo con la asignatura de Educación para la Ciudadanía”, recuerda. “Cogen estos temas que les pueden dar presencia, pero en el fondo se trata de otra cosa. Se trata de un modelo distinto de educación: el modelo de la derecha contra la izquierda, si se da prioridad a lo público o no. Acaban consiguiendo modelar la opinión pública para que la gente piense que sus hijos están mejor en la privada” bajo la idea de que la escuela pública adoctrina y la privada solo instruye, sin ideología.

Ahí se concretan los discursos reaccionarios. “Los contenidos, lo que se enseña en las aulas, está muy vigilado. La derecha y extrema derecha se preocupan mucho por lo que se hace en clase. Ellos son conscientes –todo el mundo lo es, pero ellos lo tienen más en el foco– de que la escuela es un sitio donde se distribuyen conocimientos, se aprende a valorarlos, a legitimarlos, se jerarquizan, cuáles son más válidos. Pero la discusión sobre esos conocimientos no existe”, cierra el catedrático en Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de A Coruña Jurjo Torres.