La mafia china enfrenta a Anticorrupción con la Audiencia por segunda vez en dos años
Por segunda vez en dos años y medio, la presunta y gigantesca mafia china de Gao Ping ha vuelto a provocar un encontronazo entre la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional. El auto por el que la Sección Tercera de la Audiencia abrió el jueves la puerta de la libertad a los 20 principales imputados –ya hay cuatro en la calle- llega 28 meses después de otra resolución teñida de discordia: aquella donde, el 5 de julio de 2010, el Pleno de la Sala Penal tumbó la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra el mismo grupo al que pertenece Gao Ping. La Sala rechazó admitir la querella al negar que, con los indicios en la mano, cupiera hablar de organización criminal dedicada al blanqueo de capitales en el extranjero.
Entonces, Anticorrupción encajó el golpe y llevó sucesivamente a dos juzgados de instrucción el caso, que finalmente aterrizó de nuevo en la Audiencia. Ahora, y tras el auto del miércoles, la Fiscalía acaba de presentar un incidente de nulidad para evitar que los 20 encarcelados salgan de prisión, que es lo que ha comenzado a decretar el tribunal bajo el argumento de que el juez instructor, Fernando Andreu, prorrogó el arresto de los detenidos más allá de las 72 horas legalmente permitidas. Según Anticorrupción, la orden de prisión de Andreu contra Kai Yang –el preso cuyo abogado recurrió por prórroga ilegal de arresto- no se basó en ninguna diligencia policial practicada con posterioridad a las 6 de la mañana del 19 de octubre, momento en el que expiraba el plazo de 72 horas de puesta a disposición judicial.
Sea producto de un error judicial de Andreu o de una interpretación ultragarantista de la Sección Tercera –al expirar el plazo legal, la Policía dejó de interrogar a los detenidos, que quedaron en espera de declarar ante un juez colapsado por la magnitud de la operación-, lo cierto es que el auto del jueves asesta un mazazo. ¿A quién? A ese mismo juez que el 16 de octubre hizo estallar la Operación Emperador con el lanzamiento de 108 órdenes de arrestos y 120 de registro en los múltiples inmuebles de una trama que, a tenor de lo investigado, ha blanqueado desde 2009 entre 800 y 1.200 millones.
Uno de los tres miembros de la Sección Tercera que el jueves anularon la orden de prisión de Andreu, Clara Bayarri, fue la ponente del auto de inadmisión de querella dictado por la Sala Penal en julio de 2010. En aquel momento, con ETA aún activa, los casos de terrorismo centraban en buena parte la actividad de la Audiencia, que no consideró competencia suya investigar al grupo de Gao Ping.
Lo que hizo la Sala Penal fue avalar el cerrojazo que el juez de la Audiencia Ismael Moreno había dado a la primera querella contra el círculo de Gao Ping. Moreno sostenía que el caso no competía a la Audiencia y la Sala le dio la razón manejando dos argumentos básicos. Y el primero se resume así: que el hecho de que el circuito de blanqueo de la trama incluyese el envío de dinero a China no bastaba para asignar el caso a la Audiencia, competente en la investigación de delitos de blanqueo cuando se perpetran en el extranjero. Y no bastaba, adujo el tribunal, porque los fondos se blanqueaban en España y no en otros países. Según la Sala, que el dinero negro llegara a China y que la trama lo lavase allí realizando inversiones solo era “la residual fase de agotamiento [la consecución del fin perseguido con la acción ilegal] del delito, irrelevante a los efectos penológicos”. O sea, en lo que concierne al tratamiento penal de los hechos.
Hubo un segundo razonamiento utilizado para expulsar el caso del ámbito de la Audiencia: lo “endeble” de los indicios aportados por Anticorrupción para sostener la existencia de una organización criminal. El auto lo expone así: Del estudio de las diligencias hasta ahora practicadas el tribunal concluye que la inferencia de la existencia de una verdadera organización criminal es muy endeble, apareciendo más como un supuesto de codelincuencia“.
