Los edificios, la agricultura, la calidad del aire, la fiscalidad energética... Todo está afectado por las políticas ambientales con las que la UE aspira a reducir sus emisiones para encaminarse al objetivo de limitar el calentamiento global del planeta a 1,5ºC que se acordó en París. Pero el pesimismo respecto al cumplimiento se ha empezado a imponer. El Consejo Asesor Científico Europeo sobre el Cambio Climático (ESABCC, por sus siglas en inglés), que se encarga de guiar a la UE, reconoce los avances que se han hecho en los últimos años (con una reducción “sustancial” de las emisiones desde 2005), pero reclama más acción a los 27 para lograr la neutralidad climática en 2050 ante el temor, incluso, a que el recorte se quede corto para 2030. Una de las medidas en las que pone más énfasis es en la directiva de fiscalidad de la energía para aumentar los impuestos a los combustibles fósiles como el petróleo, el gas o el carbón.
“La revisión debería fijar tipos impositivos mínimos más elevados para los combustibles fósiles y suprimir las exenciones fiscales perjudiciales para el medio ambiente, como las de los combustibles para la aviación, el transporte marítimo y el transporte profesional por carretera”, recoge el informe Hacia la neutralidad climática de la UE. Progresos, lagunas políticas y oportunidades publicado este jueves.
La revisión de esa directiva está bloqueada desde hace más de un año. Primero hubo un acuerdo en dejarla en standby con el estallido de la guerra en Ucrania y la consiguiente crisis energética. Pero una vez superada esa fase, la situación sigue estancada. Los gobiernos no han fijado su posición negociadora y la derecha maniobró el pasado mes de mayo en la Eurocámara para dilatar aún más el procedimiento al pedir una evaluación de impacto a la Comisión Europea.
Debería suprimir las exenciones fiscales perjudiciales para el medio ambiente, como las de los combustibles para la aviación, el transporte marítimo y el transporte profesional por carretera
Fue precisamente el gobierno comunitario el que impulsó esa modificación legislativa como parte del paquete 'Fit for 55', que es parte del Pacto Verde Europeo con el que se aspira a lograr una reducción del 55% de las emisiones para 2030.
La propuesta seguía el espíritu de quien más contamina, más paga. “Los combustibles se clasificarán de acuerdo con su contenido energético y repercusión ambiental. Los Estados miembros deberían respetar esta clasificación en su sistema nacional, de modo que la mayoría de los combustibles contaminantes sean los más gravados”, recogía el gobierno comunitario en julio de 2021. Bajo el sistema actual, que data de 2003 ante la imposibilidad de modificarlo en 2015 por la imposibilidad de lograr la unanimidad por las discrepancias entre los estados miembros, el petróleo y el gas se gravan menos que la electricidad. También hay problemas para el transporte por carretera, donde el diésel más contaminante se grava menos que la gasolina, así como en la aviación.
120.000 millones de ayuda a los combustibles fósiles en 2022
Los científicos de la UE también instan a acabar con los subsidios a los combustibles fósiles. “La UE y sus Estados miembros se han comprometido en repetidas ocasiones a eliminar progresivamente las subvenciones a los combustibles fósiles (...). A pesar de estos compromisos, las subvenciones a los combustibles fósiles se mantuvieron relativamente estables en la última década (en torno a 50.000 millones de euros al año), e incluso aumentaron bruscamente en 2022, en el contexto de la crisis energética (120.000 millones de euros). Sólo una minoría de Estados miembros tienen actualmente, en sus Planes Nacionales de Energía y Clima, planes y calendarios claros para la eliminación progresiva de estas subvenciones”, señala el documento.
El consejo asesor de la UE pide, además, “medidas adicionales” para reducir a cero las emisiones a mitad de siglo. “Si miramos más allá de 2030, la reducción de emisiones en la UE tendrá que acelerarse aún más para alcanzar la neutralidad climática en 2050”, apuntan los científicos, que señalan especialmente a los usos de la tierra y la silvicultura.
Así, advierten de que las emisiones de la agricultura no están disminuyendo y responsabilizan a la falta de incentivos financieros adecuados para los agricultores. “Al mismo tiempo, los bosques de la UE absorben cada vez menos carbono, ya que éstos envejecen y se enfrentan a un empeoramiento de los efectos del cambio climático. Los incentivos actuales para el uso de biomasa corren el riesgo de aumentar la presión sobre estos bosques, ya que el coste climático de la explotación de la madera no se refleja suficientemente en los precios de los combustibles fósiles”, explica.
“Para solucionar este problema, el Consejo Consultivo recomienda alinear mejor la Política Agrícola Común de la UE agrícola común de la UE con las ambiciones climáticas de la UE, entre otras cosas alejando las ayudas intensivas en emisiones, como la ganadería, y hacia productos y actividades con menos contaminantes. Además, recomienda la introducción de algún tipo de tarificación de las emisiones en en los sectores agrícola y del uso de la tierra en 2031 a más tardar”, concluye.
“Alcanzar al menos un 55% de reducciones para 2030 será un hito crucial en el camino hacia reducciones más profundas para 2040 y la neutralidad climática para 2050 a más tardar. Para ello, los Estados miembros deben aplicar urgentemente el amplio conjunto de medidas legislativas acordadas recientemente a nivel de la UE, garantizando la creación de incentivos que fomenten una economía próspera e integradora de cero emisiones netas”, expresa Laura Díaz Anadón, vicepresidenta del ESABCC. Pero también plantean un horizonte legislativo hasta la mitad de siglo tras un mandato en el que la UE ha puesto en marcha las medidas encaminadas a 2030.