Cientos de ejemplares de fauna protegida por la ley caen cada año abatidos por disparos ilegales

La radiografía enseña un cuerpo lleno de perdigones. Los huesos, huecos y livianos, aparecen astillados por la rociada de plomo. Cada temporada, durante la veda y la media veda de caza, cientos de aves protegidas ingresan en centros de recuperación abatidas por disparos ilegales. No son accidentes ni tiros errados. Según los expertos que los tratan, la equivocación es casi imposible. La mortandad real es mucho mayor que la indicada por las bases de datos: “Solo un porcentaje muy bajo de la fauna herida o muerta a causa de disparo es conocida”, según reconoce a eldiario.es el director del Centro de Estudios de Rapaces Ibéricas de Castilla-La Mancha (CERI), Jesús García del Castillo.

El año pasado, fueron más de 300 ejemplares los que llegaron a los centros de las comunidades autónomas caídas por disparos, según la recopilación que ha podido hacer este diario. La punta de un iceberg mucho mayor. Todos son lances ilegales y susceptibles de perseguirse como un delito, ya que la ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad prohíbe cazar especies que no sean explícitamente declaradas cinegéticas.

No todo es contar el volumen de animales muertos. Añadida a la dimensión cuantitativa, cabe una cualitativa: se da la circunstancia de que muchas de las variedades que reciben los disparos cuentan con protección especial por estar en peligro de extinción o ser especies vulnerables. Más de dos terceras partes de éstas son rapaces. Aves cazadoras como el halcón peregrino, el cernícalo, el gavilán, el ratonero o las águilas pescadora y calzada son las que pueblan los registros de bajas más recientes. Comparten los cotos con los cazadores a escopeta.

“Es prácticamente imposible que los cazadores puedan confundir las especies que se pueden cazar y las que no” cuenta Antonio Pinilla, responsable de la organización Amus, que gestiona un centro de recuperación en Badajoz. Pinilla recuerda haber recogido el año pasado un buho real con 18 perdigones dentro: “Eso significa un tiro casi a bocajarro porque las postas se dispersan en abanico según aumenta la distancia del disparo. Si tienen tantos impactos es porque se hizo fuego de cerca”.

Así que Pinilla apunta a que “todavía subsiste la idea de que las rapaces son competidoras en los cotos. Están empeñados en que les quitan las presas”. El fenómeno es lo suficientemente significativo como para aparecer en las fichas técnicas sobre las amenazas que sufren estas especies elaboradas por la Sociedad Española de Ornitología (SEO). Del halcón peregrino reseñan que “sufre persecución por parte de los criadores de palomas”. Del ratonero hablan de la amenaza “directa de cazadores, ya que se la consideraba perjudicial para los intereses cinegéticos”; del cernícalo dice llanamente “que la principal causa de mortalidad no natural parece ser la caza ilegal”.

Jóvenes e inexpertos

En apenas cuatro días, a comienzos de septiembre, en la Comunidad de Madrid cayeron dos halcones peregrinos. En 15 días de media veda, ocho aves llegaron al centro de recuperación que gestiona Grefa en esta comunidad. El secretario general de la organización, Fernando Garcés, explica que esta es una época (que abre la posibilidad de la caza menor en verano entre agosto y septiembre) muy delicada porque “los ejemplares son jóvenes e inexpertos. No saben identificar los peligros y dispararles es muy sencillo”. En el centro de recuperación de La Rioja hacen mención explícita a estos meses de media veda: “Se detecta un aumento en el número de animales heridos por arma de fuego”.

Disparar a corta distancia a una rapaz es una sentencia de muerte casi segura. García del Castillo analiza que “la recuperación es muy lenta y con grado de efectividad baja”. Las perdigonadas provocan lesiones casi irreversibles que “afectan directamente a órganos vitales o a huesos, con la consiguiente pérdida de miembros alares”. No parece que haya mucho miramiento cuando se apunta. Entre las víctimas que han visto este mismo 2015, el grupo de Del Castillo ha tratado cárabos, aguiluchos, cernícalos, garcetas... e incluso dos águilas reales. En el centro de Albacete ingresaron otro ejemplares entre los que, según el recuento de la Consejería de Medio Ambiente, había milanos negros, azores o lechuzas.

Según recuentan desde el campo, la intención es hacer desaparecer a cualquier competidor que pueda sacar de los cotos piezas para los cazadores como los conejos, las perdices o las palomas. Es el tercer pilar del exterminio de depredadores naturales de un tridente compuesto por las trampas, los venenos y, directamente, los disparos. Conseguir devolver al medio natural un animal ingresado por disparo es un logro muy difícil. “Ciertamente, la mayoría de las aves ingresadas en los dos últimos años por disparos, o han entrado muertas o bien en un estado que se ha considerado necesario proceder a la eutanasia”, remata el responsable del centro castellanomanchego, una de las regiones con más tradición cazadora de España.

Para no dejar nada fuera, además de rapaces, algunos servicios medioambientales dan cuenta de que otro tipo de fauna termina a tiros. Sin ir más lejos, el año pasado, un cazador abatió a un lince ibérico en un coto de Ciudad Real. En 2014, también en Castilla-La Mancha, se tuvo que atender a una nutria disparada. Patos, cigueñas, torcaces y tórtolas completan la nómina de ejemplares. “A veces, por frustración, algunos cazadores disparan sin más”, opina el recuperador Pinilla.

Alta impunidad

“Cada año, apenas se dictan una o dos docenas de sentencias por caza ilegal”, según el cálculo del director de conservación de la SEO, Juan Carlos Atienza. Garcés recuerda que, además de la responsabilidad penal personal de la persona que apriete el gatillo, “si se hace en un coto de caza, este se podía cerrar, pero hay que demostrar que han sido los usuarios registrados del coto porque luego se dan casos de disparos desde cotos colindantes”.

La fauna protegida agrava las penas previstas por la ley. Así, hace un año, un juez de Valdepeñas (Ciudad Real) impuso una fianza de 800.000 euros a un supuesto envenenador de seis águilas imperiales. El juzgado dobló el valor de cada ave (previsto por la legislación autonómica) debido a la especial vulnerabilidad de esta especie. Otro juzgado de Cádiz también elevó la multa por la muerte de unos milanos. Pero, ambos casos, el veneno dejó un rastro. En el asunto de los cartuchos, como aseguran en el CERI, “ni es fácil de detectar toda la fauna caída en el campo, ni toda la detectada se informa a las autoridades”.