Este verano, cuando las tórtolas europeas vuelen por España antes de marchar a África para pasar el invierno al sur del Sahara, la especie estará –prácticamente– a salvo de las escopetas españolas: se ha declarado ya una moratoria en casi todas las comunidades autónomas para la temporada 2021.
Esta tregua, a la que se ha llegado a trancas y barrancas, ya que el primer aviso de expediente europeo llegó en 2018, pondrá a salvo al menos a 480.000 ejemplares, los que fueron abatidos en 2020 según los cálculos del lobby cinegético Fundación Artemisán, dados por buenos por el Ministerio de Agricultura. La media entre 2015 y 2018, los últimos datos oficiales recogidos por Agricultura de las comunidades autónomas, fue de 800.000 tórtolas anuales, aunque con una tendencia a la baja.
Las órdenes de caza que han emitido las comunidades han ido incorporando una realidad inexorable: la protección que ha brindado España a esta especie ante su declive global ha sido insuficiente. Así lo ha indicado durante cuatro años la Comisión Europea hasta remitir un ultimátum al Estado: o se toman medidas suficientes o se llevará el caso ante el Tribunal de Justicia Europeo.
Mientras Bruselas sopesa este último paso sancionador, ha llegado la media veda. La media veda es una excepción a la temporada cinegética habitual pensada para autorizar, básicamente, la caza estival de especies migratorias como la tórtola. Entre agosto y septiembre, grosso modo, se puede disparar a codornices, palomas, tórtolas, zuritas, o córvidos.
Muchas comunidades autónomas han emitido sus órdenes de caza con esta cuestión incorporada: en 2021 no se podrán abatir tórtolas europeas en sus territorios. Alguna, como Andalucía y Castilla-La Mancha, han seguido calificando esta especie como cinegética –es decir, cazable– pero al mismo tiempo se ha establecido una cuota de cero ejemplares o una moratoria de caza.
Otras autonomías incluso publicaron órdenes que, aunque reducidas, sí contemplaban un cupo de tórtolas cazables por persona y día. Extremadura prorrogó su normativa de 2020 y Castilla y León marcó un límite de cuatro tórtolas por cazador y jornada. Finalmente, Extremadura ha rectificado esos planes. En Castilla y León han admitido que deberán adoptarL la moratoria, pero la decisión oficial se hace esperar. Otro grupo de regiones ya aplicaron una cuota cero de tórtolas tras el expediente europeo como La Rioja, Canarias o Cantabria.
“Es un hito histórico, pero no es un éxito, es un mínimo ya que no había otra salida este año después de todo el periplo de alertas no solo en España, sino en Europa”, aclara Ana Carricondo de SEO-Birdlife.
Tras el último aviso de la Comisión Europea, el Gobierno envió a Bruselas un informe en el que el Ministerio de Agricultura consideraba que el nivel de caza en España ya estaba equilibrado y que esas 480.000 tórtolas escopeteadas eran compatibles con salvar la especie.
Sin embargo, el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC) del CSIC y la Universidad de Castilla-La Mancha ya había explicado a Agricultura en 2018 que un parón temporal de la caza “sería la medida de gestión que tendría más sentido desde el punto de vista de la ecología poblacional de la especie para permitir su recuperación”. También apuntaba que si esto se consideraba inviable socioeconómicamente podría barajarse rebajar las capturas un 50%.
Carricondo entiende que “la moratoria es una medida a corto plazo, ya que la política de reducción de cuota de piezas cazables de estos años no han sido suficientes. Un alivio temporal. Pero hace falta mucha gestión del hábitat, que es competencia de las administraciones”.
La situación parece grave, según los últimos análisis del IREC de junio de 2020. La población de la especie ha caído un 78% en Europa. El declive es “especialmente pronunciado en la ruta migratoria occidental, que incluye España”, explican los científicos del Instituto.
La importancia radica en que España es lugar de cría. “Sabemos que la intensificación de la agricultura, la incidencia de ciertas enfermedades parasitarias y una presión cinegética insostenible pueden jugar un papel destacado en el declive poblacional global de la tórtola europea”, abundan los autores.
La moratoria de caza es la alternativa más suave que muchas comunidades autónomas llevaron a la sesión de la Comisión de Biodiversidad que decidió sobre el estatus legal de la tórtola en febrero pasado. El Ministerio de Transición Ecológica proponía declarar la especie como vulnerable, como había dictaminado el Comité Científico de Medio Ambiente en 2016. Eso impediría que se cazara y obligaría a crear un programa de recuperación. La votación de esta medida terminó en empate y no se avanzó en esa declaración.
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