Ana Martínez
Santiago de Compostela, 3 oct (EFE).- Del 24 de julio de 2013 al 5 de octubre de 2022, día de comienzo del juicio por el accidente de un Alvia en Compostela, habrán pasado 9 años, 2 meses y 9 días. La vista oral arrancará tras una instrucción con cambios de jueces y baile en las imputaciones. Hay 44.460 folios, 669 testificales y dos acusados.
En la víspera del día de Galicia de aquel año, en la pronunciada curva de A Grandeira, descarriló un tren. Topetazo, gritos, víctimas, llanto y muerte. Su conductor, Francisco José Garzón Amo, pasó a 191 kilómetros por hora por esa doblez, duplicando la velocidad máxima: 80. Impactó contra un muro de hormigón.
Después, humo, luces que parpadeaban, móviles sonando sin respuesta, desolación, desesperanza, agentes de la Policía Nacional, de la Local, Guardia Civil, voluntarios de Protección Civil y de Cruz Roja, sanitarios del 061, facultativos, enfermeros, trabajadores sociales, funerarias, bomberos, psicólogos... Y los vecinos del cercano barrio de Angrois, situado a las afueras de Santiago, que cooperaron en el auxilio.
En una desgarradora comunicación con la central de Atocha, Garzón Amo contó que se había despistado tras recibir una llamada rutinaria del interventor de a bordo. “Ay, ay, dios mío”, “somos humanos y se nos puede pasar”, “esto es inhumano, esta curva”, “y dicen que el maquinista tiene que estar a eso, y sí, pero somos humanos”.
Estas frases forman parte del contenido y quien habla es un hombre que no puede salir de la cabina ni romper la ventanilla y que en ese momento desconoce la magnitud de la tragedia. Se queja de que los errores humanos no hayan sido previstos debidamente por el sistema ferroviario, recuerda los avisos de que en algún momento iba a pasar una desgracia y menta el peso que llevará, con él, en su conciencia.
“¡Pobres viajeros!”, llega a decir en varias ocasiones Garzón Amo, deseando que no hubiese muertos.
Los hubo. En el Centro de Innovación Cultural (CINC) de la Ciudad de la Cultura empezarán a dirimirse esta semana las responsabilidades por 80 fallecimientos y casi centenar y medio de lesiones de diversa consideración.
ACUSADOS
Son dos los acusados, Garzón Amo y el director de seguridad en la circulación de Adif en el momento de la puesta en funcionamiento de la línea entre Ourense y Santiago, Andrés Cortabitarte. Se les imputan ocho decenas de fallecimientos por imprudencia grave profesional, 145 de lesiones por el mismo motivo, y un delito de daños.
PENAS
El Ministerio Fiscal solicita para cada uno de ellos cuatro años de prisión y demanda la inhabilitación del maquinista para su oficio durante el tiempo de la condena y la del cargo de Adif para cualquier profesión que implique gestión, seguridad o responsabilidad en este tipo de infraestructuras.
DAÑOS Y PERJUICIOS
La reclamación total de daños y perjuicios en materia de responsabilidad civil asciende a 57.686.635,93 euros.
PRUEBA
El juicio comenzará, según lo previsto, el día 5 de este mes a las nueve y media de la mañana, con la práctica de la acción penal, que en principio terminaría en febrero. El inicio de la práctica de la acción civil está señalado para el 14 de ese mes de 2023 y la macro vista no concluirá, al menos, hasta mayo.
MAGISTRADOS
La jueza María Elena Fernández Currás, titular del juzgado de lo penal número dos de Santiago, ha sido la responsable de la preparación y celebración del juicio oral, así como lo será de dictar sentencia.
De la parte correspondiente la instrucción se encargaron los magistrados Luis Aláez, quien la inició y continuó con ella hasta junio de 2014, y Andrés Lago, que la asumió desde julio de ese año hasta su finalización, en diciembre de 2021.
EXPEDIENTE
El expediente principal está conformado por 44.460 folios, los cuales están divididos en 95 tomos, como ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
El juzgado ha admitido las declaraciones de 522 testigos, 21 testigos-peritos y 126 peritos (669 testificales en total), con el matiz de que las partes puedan desistir de alguna, ya sea antes o durante el juicio.
El despliegue al que obligó la vista oral por la marea negra del petrolero Prestige, catástrofe de la que están a punto de cumplirse dos décadas, es lo único comparable a lo que acontece ahora con el Alvia. En la mayor causa jamás instruida en España por un delito medioambiental habían sido diez los años de investigación judicial y nueve los meses de juicio.