- A pesar de ello, el Gobierno no se plantea derogarla y manifiesta “respeto por la sentencia”
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha anunciado este miércoles que la administración regional dará entrada de forma inmediata a todas las mujeres en los tratamientos públicos de reproducción asistida con independencia de su orientación sexual y de si tienen o no pareja.
En declaraciones a RNE, Cifuentes ha avanzado que su Gobierno abrirá este servicio a todas las mujeres a través de la cartera de servicios sanitarios autonómica (que complementa la nacional), su opción preferida; o bien a través de las leyes de identidad sexual y de protección contra la discriminación que prepara su equipo.
La presidenta madrileña ha asegurado que, en su opinión, los tratamientos de reproducción asistida del sistema sanitario público para todas las mujeres con independencia de su situación deberían estar incluidos en la cartera de servicios “para toda España” del Ministerio.
Una norma discriminatoria, según la justicia
Con estas palabras, Cifuentes se ha referido a la decisión del Ministerio de Sanidad de aprobar una orden ministerial que incluía una nueva cartera básica del Sistema Nacional de Salud en la que la financiación de la reproducción asistida se ofrecía únicamente “por problemas médicos”, según afirmó la entonces ministra Ana Mato.
Esta decisión excluyó de los tratamientos de reproducción asistida a las mujeres sin pareja masculina y generó el rechazo de comunidades como Andalucía, Asturias, País Vasco o Islas Canarias, así como de asociaciones LGTB, al entender que deja fuera de la financiación pública a lesbianas y mujeres sin pareja que necesitan de estos tratamientos para poder ser madres.
Una norma que la justicia ya ha calificado de discriminatoria, según se desprende de la sentencia emitida este lunes por el Juzgado de lo Social Nº 18 de Madrid, que condena a la Consejería de Sanidad madrileña y a la Fundación Jiménez Díaz por haber interrumpido el tratamiento a una mujer de una pareja de lesbianas. Aún así, el Gobierno no se plantea derogar la orden, a pesar de que la jueza del caso dictaminó que vulnera el principio de jerarquía normativa al existir una ley (de rango superior) que determina quiénes pueden ser las usuarias de las técnicas de reproducción asistida financiadas por el Estado “con independencia de su estado civil y orientación sexual”.
Cifuentes ha explicado que la Consejería de Sanidad estudia cómo aplicar esta medida y ha defendido que establecer medidas complementarias a las que existen para que la reproducción asistida sea accesible a las mujeres con independencia de su orientación sexual y si están solteras, casadas o en pareja supone “avanzar en igualdad”. Según ha recalcado, todas las mujeres deben estar en las mismas condiciones que una pareja heterosexual y “tiene el mismo derecho” en cuando a la reproducción asistida.
Otras comunidades, como la Comunidad Valenciana, ya anunciaron que incluirían a todas las mujeres en la financiación pública de la reproducción asistida tras la formación de los nuevos gobiernos autonómicos. “Vamos a acabar con el veto impuesto a las parejas de lesbianas y solas para acceder a tratamientos de reproducción asistida en la sanidad pública”, anunciaba la consejera de Sanidad, Carmen Montón, a finales de septiembre.