La inyección económica que se produjo en 2020 para paliar las consecuencias de la pandemia no contribuyó a reflotar los servicios sociales a lo largo del primer año de emergencia sanitaria. Esta es una de las conclusiones que se extraen del informe Índice DEC 2021 elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, donde se apunta que gran parte de los indicadores que utiliza este colectivo para analizar el sistema –número de plazas residenciales, servicio de ayuda a domicilio, teleasistencia o acogimientos familiares a menores– se congelaron o sufrieron un retroceso en esos 12 meses.
“El gasto de las comunidades autónomas y entidades locales en Servicios Sociales aumentó un 10%, pasando de una media de 406,3 euros por habitante (2019) a 446,9 euros en 2020”, según las cifras oficiales obtenidas al analizar el presupuesto liquidado. Sin embargo, esta inyección “no se ha visto reflejada en un incremento similar en prestaciones y servicios”, indican en el documento que han hecho público este martes.
¿Cuál es la explicación? Para Gustavo García, coordinador en Aragón de la asociación y redactor del informe Índice DEC 2021, esta tendencia se explica porque las administraciones destinaron esa inyección económica a afrontar las “contingencias” provocadas por la pandemia. Por ejemplo, para hacer frente al “sobrecoste” que supuso la sustitución de trabajadores de residencias que estaban contagiados o para conceder “ayudas de urgencia a personas y familias necesitadas”.
Indicadores que no evolucionaron
Para llegar a esta conclusión, los gerentes de dependencia se han fijado a lo largo de 2020 en parámetros como el número de plazas residenciales para personas mayores, que únicamente experimentó un incremento de 0,02 décimas –pasando de 2,68 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años en 2019 a 2,70 plazas un año después–, y la disminución de la intensidad del servicio de ayuda a domicilio –evolucionando de 20,6 horas al mes en 2019 a 17,8 en 2020–.
“Otros servicios que retroceden o que registran incrementos prácticamente nulos son los centros de día para personas mayores (+0,01), la teleasistencia (-0,2), los socios y socias de los hogares y centros de convivencia de mayores (-1,3), acogimientos familiares a menores (-0,3), plazas residenciales para personas con discapacidad (+0,06), plazas diurnas y ocupacionales para personas con discapacidad (-0,1) y plazas de alojamiento para personas sin hogar (+0,5)”, destaca el informe. En contra de esta dinámica solo han detectado un incremento representativo en la creación de plazas de acogida a víctimas de violencia de género, que sí se han visto beneficiadas por la inyección económica de 2020.
Los gerentes apuntan al Gobierno central
En el informe Índice DEC se sostiene que el Gobierno central es el culpable de que los servicios sociales hayan contado en 2020 con una “menor significación de este gasto sobre el presupuesto de las administraciones públicas”. De esta forma, insisten en que “resulta incomprensible y dolorosa” la actuación de la Administración General del Estado por tener una “ausencia total de compromiso económico” con los servicios sociales a lo largo de 2020, a pesar del “drama humano vivido en residencias y domicilios de las personas mayores”.
Según apuntan, “ni los servicios sociales en general ni las residencias de mayores en particular recibieron un solo euro extraordinario” por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Y comparan estas medidas con las “cuantiosas partidas milmillonarias” que se aprobaron “para apoyar a los diversos sectores afectados por la pandemia, tanto en el sector público como en las empresas”. García cita varios ámbitos que se vieron beneficiados por esa inyección extraordinaria en 2020 como la sanidad, la educación, el turismo y la hostelería.
Desde el Ministerio de Derechos Sociales desmienten esta acusación. Fuentes del departamento liderado por Ione Belarra aseguran que el primer año de la pandemia destinaron “300 millones de euros al Fondo Social Extraordinario frente a la COVID”, “25 millones” a becas comedor y, a su vez, “se incrementó notablemente también el plan concertado”.
Ponen en valor el plan de choque promovido en 2021
El presidente de la asociación, José Manuel Ramírez, destaca que la partida destinada a becas comedor se refiere a temas educativos y no a servicios sociales. Por su parte, reconoce que esa partida de 300 millones “atendió las necesidades propias de las residencias”, como la compra de material; aunque lamenta que en el reparto de 16.000 millones de euros para las comunidades los “servicios sociales entraron al Consejo de Ministros con 1.000 millones de euros y salieron sin un euro. Se destinó esa partida a otros sectores como la sanidad y la educación”.
Superado 2020, esta asociación pone en valor la inversión de Derechos Sociales a partir de 2021 para “revertir los recortes de la etapa de [Mariano] Rajoy”, señala Ramírez. Este colectivo celebró hace tres meses que el año pasado se produjo un punto de inflexión en el sistema de dependencia, el plan de choque puesto en marcha por el Gobierno central consiguió que se incrementasen en 97.912 las personas atendidas y se generaron 27.453 nuevos empleos.
Desigualdad territorial
En la panorámica realizada por los gerentes de dependencia, apuntan que “solo cinco comunidades” han “mejorado la calificación de sus servicios sociales” en comparación con el año anterior: Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Catalunya y La Rioja. Y únicamente dos “mantienen la misma calificación”, en referencia a “Andalucía y Comunidad Valenciana”. El resto de regiones han empeorado.
El Índice DEC analiza los derechos y decisión política (D), la relevancia económica (E) y la cobertura de servicios (C). A cada parámetro le otorgan una puntuación y esa valoración final se modifica si algún indicador alcanza la excelencia. Por eso, se dan resultados como el de Euskadi (5,93) y Castilla-La Mancha (5,96), que tienen un resultado numérico parecido, pero una calificación final dispar.
Según explican desde la asociación, Euskadi se queda con un nivel medio porque en varios indicadores alcanza la excelencia, en la “ordenación del sistema” y en “relevancia económica”, mientras Castilla-La Mancha se mantiene en una valoración débil porque no alcanza la excelencia en ninguno de los parámetros estudiados.
“Dos de cada tres personas que viven en España residen en una comunidad con servicios sociales débiles”, indica Ramírez. Tanto este colectivo como el Consejo General de Trabajo Social señalan las consecuencias que tienen para los usuarios las desigualdades territoriales. “Hay tantos modelos de servicios sociales como comunidades autónomas. Eso no puede ser, estamos hablando de servicios básicos”, indica Luis Nogues, profesor de Trabajo Social en la Universidad Complutense.
Los especialistas en la atención social alertan de las consecuencias que tiene para los usuarios este sistema heterogéneo. Por ejemplo, detallan las diferencias regionales de ratio o de gestión pública de los recursos asistenciales. Desde el Consejo General de Trabajo Social exponen que los “niveles de externalización” son más elevados en La Rioja, Canarias y Euskadi; frente a las Islas Baleares, Asturias y Navarra, con unas administraciones que apuestan por la gestión directa.
A nivel territorial, desde esta organización también avisan de la “infradotación” actual a la que hacen frente los recursos asistenciales “que soportan las zonas rurales”, donde únicamente se oferta “la atención básica indispensable”, según el informe que acaba de publicar el Consejo sobre la situación de los servicios sociales en España. A los profesionales del Trabajo Social les preocupa “el caso de Extremadura, Asturias, Castilla-La Mancha y Aragón, donde hay tasas significativas de profesionales que perciben salarios por debajo de los 1.500 euros mensuales”.
Por su parte, los gerentes de dependencia inciden en la desigualdad territorial al apuntar que mientras en Navarra “hay un profesional de los servicios sociales básicos por cada 739 habitantes, en la Comunidad de Madrid este número es 7,5 veces mayor, con un profesional por cada 5.515 habitantes”.
¿La solución? Nogues tiene puestas sus esperanzas en el anteproyecto de ley de Servicios Sociales en el que está trabajando el Gobierno. De esta forma, y a pesar de que la mayor parte de las competencias son autonómicas, se podrían determinar “unos criterios mínimos” que garanticen el acceso de todos los españoles a una cobertura social parecida.