Cinco comunidades no practican ni 50 abortos en la sanidad pública al año

Que los abortos se hicieran mayoritariamente en la red sanitaria pública y su derivación a la privada fuera una excepción. Es el objetivo que se propuso la reforma del aborto vigente desde marzo de 2023 para intentar cambiar el modelo imperante en España, que prioriza la realización de interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) en clínicas concertadas. Sin embargo, a la luz de los últimos datos, la norma no ha logrado, de momento, impulsar un cambio de calado: el 81,45% de los abortos se realizó el año pasado en centros privados, lo que supone una bajada de solo un punto respecto a 2022.

Esto implica que, a pesar de que la IVE es una prestación sanitaria incluida en la cartera de servicios desde 2010, todavía no es asumida con normalidad por la sanidad pública. Es algo que ocurre desde que el derecho se despenalizara en 1985 –aunque solo en tres supuestos– y, en general, implica que las mujeres inician el proceso en su centro público de referencia, pero después, para la intervención en sí, son derivadas a clínicas con las que la Administración concierta el servicio y las usuarias no pagan por él. Solo un 18,5% de ellas se quedaron en el circuito público en 2023.

La situación se agudiza en comunidades en las que el número de abortos llevados a cabo en centros públicos es ínfimo. En algunas no llegan ni siquiera a los 50, a pesar de que hacen miles de intervenciones al año. Ocurre en Andalucía –donde se realizaron en 2023 casi 20.000 abortos y solo 26 en la pública– o Castilla-La Mancha (cinco en la pública frente a los 3.573 en total). Lo mismo pasa en Murcia, que solo registró 25 intervenciones de 3.657 y Aragón (de los 1.815 abortos, solo 39).

La situación es límite en Extremadura, Ceuta y Melilla, que no hicieron ni un solo aborto en la pública en todo el año. Además, hay dos comunidades en las que la cifra no alcanza el centenar: Madrid (71 de 17.800 interrupciones) y Asturias (74 de 1.878).

Para Gema Fernández, abogada de Women's Link, los datos reflejan “todo lo que aún queda por hacer” para cumplir la ley: “Los diez meses de 2023 que ha estado en vigor deberían dejarse notar más en las cifras si se tuviera voluntad política para cambiar las cosas”. La norma estipula que la prestación “se realizará en centros de la red sanitaria pública” y solo serán derivados a concertados “excepcionalmente”. “La ley es clara, lo que no puede ser es que vivamos en una excepcionalidad permanente”, esgrime la experta.

El número de abortos en la privada ha ido bajando progresivamente. Así, estos han pasado de constituir casi la totalidad (eran el 98,2% en 2010, año de aprobación de la ley de plazos) al 81,45% de 2023. El descenso –y por lo tanto, el consiguiente aumento de las interrupciones en centros públicos– se ha ido produciendo de forma sostenida, en torno a un punto porcentual cada año, una tendencia que se ha replicado también el último ejercicio, ya con la nueva norma del aborto en vigor.

“En la práctica continúan existiendo 17 modelos de atención al aborto y, en la mayoría de los casos, no se está cumpliendo la ley ni haciendo seguimiento sobre su implementación. Se está trabajando en algunos lugares para poder ir mejorando, pero son puntuales y a voluntad de equipos concretos”, resume Silvia Aldavert, coordinadora de la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos.

¿Y los registros de objetores?

Para intentar garantizar el cambio de modelo, la reforma se propuso regular la objeción de conciencia a través de la creación de registros de objetores. La idea es que quede plasmado en el papel qué número de profesionales rechazan por razones ideológicas practicar abortos en cada comunidad con el objetivo de que los servicios puedan organizarse para prestar el servicio. En la práctica, es una manera de evitar que las consejerías de salud u hospitales enteros se escuden en una objeción de conciencia generalizada para no asumir los abortos en la pública.

Comunidades como La Rioja, Murcia, Canarias, Cantabria o la Comunidad Valenciana ya tienen creados sus registros; Castilla-La Mancha está en ello y otras como Galicia o Navarra están esperando a que el Ministerio de Sanidad haga también su parte y ultime el protocolo con las “condiciones mínimas” que deben integrar estos registros, tal y como marca la ley. Precisamente esta semana la ministra Mónica García ha anunciado que ya tiene sobre la mesa un borrador y que “antes de que acabe el año” lo llevará al Consejo Interterritorial de Salud.

Por otro lado están las comunidades, con Madrid a la cabeza, que no solo no han puesto su registro en marcha sino que boicotean la medida. Ya la presidenta Isabel Díaz-Ayuso se opuso en su momento y esta semana la consejera de Sanidad, Fátima Matute, se ha expresado en la misma línea y ha acusado a Sanidad de utilizar el registro “como ariete político”: “¿Por qué hay que hacer una lista de objetores y no de los que sí que proveen ese servicio? ¿Qué fin tiene eso, señalar?”, afirmó.

A más público, más farmacológico

La nueva ley establece que los centros deben proporcionar los dos métodos que existen actualmente para realizar interrupciones voluntarias del embarazo: el quirúrgico y el farmacológico, para el que solo se utilizan pastillas. La inmensa mayoría de las mujeres aborta con la primera técnica, elegida por el 70% en 2023, aunque el porcentaje ha ido bajando progresivamente desde el 90% de 2011.

El reparto, sin embargo, es muy diferente en función de la titularidad de los centros: mientras en los públicos prima el farmacológico, en las clínicas concertadas, la mayoría son instrumentales. De hecho, en los últimos años se ha producido un fenómeno paralelo: a medida que la pública ha ido asumiendo cada vez más abortos, mayor es el número de farmacológicos. Y es algo que se ve claramente en el caso de algunas comunidades como Cantabria, La Rioja o Baleares, que hacen muchos más abortos en la pública que el resto, pero la mayoría con pastillas.

Es la forma en que parece que la sanidad pública está incrementando la proporción de intervenciones que realiza, una vía que suscita debate entre asociaciones, profesionales y expertas. Hay quienes son conscientes de que la situación no es la ideal y saben que los centros deberían ofrecer ambas técnicas, pero lo consideran “un primer paso”. Otras voces apuntan a que, en la práctica, “se está sacrificando” el derecho a elección del método al que apunte la ley. No es que las mujeres no puedan elegir hacer un aborto quirúrgico, pero hay casos en los que, si lo hacen, son derivadas a clínicas privadas incluso de fuera de sus provincias.

En esta provincia no

Ejemplo paradigmático es el de La Rioja, una de las comunidades que hasta hace poco no hacía ninguna intervención. Sin embargo, la puesta en marcha de un centro de atención a la salud sexual y reproductiva saldó la deuda pendiente y las riojanas empezaron a poder abortar, aunque solo mediante el método farmacológico. Si eligen el instrumental, son obligadas a viajar fuera, en concreto a una clínica de Pamplona.

Para Aldavert, este es un ejemplo de cómo “con las estructuras actuales del sistema público de salud” las mujeres “no están pudiendo escoger en igualdad de condiciones” en muchos lugares. “No se trata de oponerse al método per se, para nada, pero es cierto que es más barato y más fácil y también el que menos implicaciones tiene a nivel de objeción de conciencia de los profesionales”, afirma deslizando que habría quienes sí estarían dispuestos a dispensar las pastillas, pero no a intervenir quirúrgicamente en un aborto.

Las riojanas que quieren interrumpir su embarazo en un quirófano no son las únicas que tienen que trasladarse para ejercer su derecho. A pesar de que tras la denuncia de una mujer defendida por Women's Link el Tribunal Constitucional sentenció hace un año que obligar a una mujer a viajar vulnera sus derechos fundamentales, se sigue haciendo. De hecho, son 12 las provincias que en 2023 no han notificado intervenciones, pero en ellas sí hay mujeres que se han sometido a ellas. ¿Cómo? Siendo derivadas a otros lugares. Son Jaén, Huesca, Teruel, Toledo, Guadalajara y Cuenca en Castilla La-Mancha, Cáceres y Ávila, Segovia, Soria, Palencia y Zamora en Castilla y León.

Esto ocurre porque en estas provincias el sistema público no hace abortos, pero tampoco hay clínicas privadas con las que concertar la prestación. “Es algo muy grave que siga pasando esto y más después de la sentencia del Constitucional. Es una vulneración de derechos, pero además tiene unas implicaciones de primera mano para las propias mujeres. Hay que tener en cuenta que para trasladarse van a tener que pedir permiso en el trabajo, tener cierto apoyo familiar e incluso querer contárselo. E igual es algo que ni todas quieren ni se pueden permitir”, zanja Fernández.