Ciudadanos empezó la precampaña del 20D en noviembre de 2015 apoyando la “eutanasia pasiva”, que no significa nada más que dejar de tratar a alguien para evitar el encarnizamiento terapéutico, es decir, lo que ya se hace. Un mes más tarde, en su programa de diciembre propuso algunas medidas dedicadas al fin de la vida sin citar la “eutanasia pasiva”. En su nuevo programa del 26J las engloba en una propuesta de llevar adelante una Ley de Muerte Digna que incluye legislar aspectos ya legislados. Estas son algunas de las propuestas [la declaración literal del programa de Ciudadanos está al pie]
“Legislaremos para evitar el sufrimiento en caso de enfermedad no tratable con consecuencia de muerte”
Evitar el sufrimiento innecesario del paciente es tan antiguo como el juramento hipocrático, además de un deber deontológico. Concretamente, el Plan Nacional de Cuidados Paliativos existe desde el año 2000 y regula la aplicación de tratamientos para evitar el sufrimiento y el dolor del paciente. Además de ese plan, existe una estrategia también para su implantación que abarca hasta el 2014 y está pendiente de actualización. Desde los años 80 hay equipos de cuidados paliativos en los hospitales públicos. Pero además, la competencia de la aplicación es de las comunidades autónomas, no de un Gobierno nacional.
Los planes existen, lo que parece que falla es su aplicación, a tenor de los datos. Según la Sociedad Española de Cuidados Instensivos (Secpal), en España se está atendiendo con paliativos a 51.800 personas al año, la mitad de la población susceptible de recibirlos.
El médico y miembro de Derecho a Morir Dignamente Fernando Soler explica que además no debería circunscribirse a enfermedades “con consecuencia de muerte” como dice Ciudadanos: “El objetivo de la medicina es controlar el sufrimiento en cualquier circunstancia, no solo al final. Lo que falta es aparejar dinero, no legislar, porque eso es vender humo”. Además, añade que “lo que sería una novedad es que la sedación a un paciente terminal fuera un derecho, pudiera decir 'doctor, quiero que me sede', y ya está. La ley autonómica andaluza y la que prometió Rubalcaba plantean que es un derecho, pero solo si está indicada médicamente”.
“Ampliando la formación del personal sanitario”
Según el informe de Secpal, efectivamente hace falta formar al personal sanitario, algo para lo que se necesitan planes y dotación presupuestaria. “Hay un gran número de profesionales que no tienen una formación avanzada”, dicen en su informe los paliativistas. En las universidades de medicina hay un agujero: se oferta en 40 facultades de España pero solo es obligatoria en ocho. Los médicos y psicólogos han hecho cursos de horas suficientes, pero el 50% de las enfermeras y el 48% de los trabajadores sociales no han recibido formación considerada óptima.
“Yo me he enterado por curiosidad personal y tras más de 30 años de profesión”, cuenta Soler. “Conozco médicos que se enteraron de la ley del 1986 cuando entró en vigor la de 2002. La formación es fundamental, pero desde la facultad”.
“Ampliando los derechos de los ciudadanos a la información y la elección entre opciones clínicas”
La Ley de Autonomía del Paciente de 2002 ya lo recoge en su artículo 2: “El paciente o usuario tiene derecho a decidir libremente, después de recibir la información adecuada, entre las opciones clínicas disponibles”. Es decir, está regulado. En la práctica puede suceder que el paciente no se entere de lo que le pasa si el médico habla con la familia directamente, que lo prefiere ocultar. El derecho existe. Lo que sí se podría reforzar es su cumplimiento.
“Ampliando los derechos al rechazo de tratamiento”
Es un derecho regulado totalmente. Un ciudadano puede rechazar desde una quimioterapia a una escayola. La Ley de Autonomía del Paciente de 2002 dice claramente en su artículo 2: “Todo paciente o usuario tiene derecho a negarse al tratamiento”. En la Ley General de Sanidad de 1986, rechazar el tratamiento significaba el alta forzosa y te ibas a casa. Con la ley de 2002, puedes quedarte en el hospital y recibir paliativos. “Es como los testigos de Jehová que rechazan las transfusiones, tienen derecho. También te puedes negar incluso a que te operen de apendicitis, por más que esté indicado, porque el cuerpo es tuyo”, cuenta Soler.
El problema llega si la persona no está consciente o lúcida para tomar una decisión: “Si una persona está en coma, y el médico lo sonda al entender que no puede matarlo de hambre, la familia ya no puede decidir”. Este cambio legislativo lo hizo el PP en julio del año pasado y lo metió en la reforma de la ley de protección al menor. “Ahí acabó con el consentimiento delegado”. Es justamente lo que pasó con los padres de la niña de Galicia, y por eso fue un juez y no los padres quien decidió finalmente poner fin al tratamiento. La única manera de sortear este cambio es dejar un testamento vital.
“Ampliando el testamento vital”
Todas las comunidades autónomas tienen regulado este documento que Ciudadanos enuncia en su programa. Es un documento en el que el ciudadano expresa su voluntad en caso de sufrir una enfermedad terminal o irreversible. Por ejemplo, que no se alargue su vida artificialmente (rechazo al tratamiento), que sí se alargue, o si quieres recibir cuidados paliativos para evitar la agonía al final de la vida.
La eutanasia y el suicidio asistido están castigados por el artículo 143 del Código Penal con penas de cárcel. Así que en este documento de últimas voluntades no se puede pedir la muerte si la enfermedad es reversible o hay posibilidad de curación. También incluye la voluntad del ciudadano en la donación de órganos. El documento se puede hacer ante notario, ante tres testigos o en un registro de la comunidad autónoma. Todas lo tienen. Cataluña fue la primera en regular el testamento vital en el año 2000.
Sin embargo, es un gran desconocido. Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, de 2015, solo el 4% de los españoles ha hecho un testamento vital desde que la Ley de Autonomía del Paciente lo reguló hace 14 años.
eldiario.es se ha puesto en contacto con Ciudadanos, que ha reconocido que esas medidas existen en comunidades autónomas y que su objetivo es darle un marco nacional para que esos derechos estén garantizados y “sean iguales para todos los ciudadanos en todo el territorio”.
**TEXTO ÍNTEGRO DE LA PROPUESTA DE CIUDADANOS
Desarrollaremos una Ley para la Muerte Digna. Impulsaremos los planes de cuidados paliativos centrados en los derechos de las personas al final de la vida. Legislaremos para que las personas sean ayudadas con cuidados paliativos que eviten el sufrimiento en caso de enfermedad no tratable con consecuencia irreversible de muerte o siendo paciente en fase terminal, ampliando la formación del personal sanitario y los derechos de los ciudadanos a la información, la elección entre opciones clínicas, el rechazo de tratamiento, el testamento vital y el alivio del sufrimiento al final de la vida.Desarrollaremos una Ley para la Muerte Digna