Ciudadanos quiere que el Gobierno decrete libre de impuestos el dinero que las farmacéuticas pagan a los médicos para que asistan a congresos o seminarios. Así lo ha registrado el grupo en la Comisión de Sanidad en una iniciativa por la que insta a que se consideren “exentas de tributación las transferencias de valor dedicadas a formación”. Esas partidas sumaron unos 119 millones de euros en 2015. Según el sistema actual, aunque sea pago en especie, tributa en el IRPF.
Ciudadanos argumenta que esas cantidades vienen a suplir una obligación del Estado: “Afrontar los gastos de la formación continuada debería ser tarea del propio Sistema Nacional de Salud”, dicen y que el montante económico que supongan no debería influir en la declaración de los profesionales que lo reciban. Dentro de esas partidas incorpora “los pagos de las inscripciones” así como “los gastos de traslado y alojamiento”. Excluye la manutención.
Transferencias de valor es el nombre que reciben los fondos que los laboratorios abonan a profesionales u organizaciones para que desarrollen estudios con sus productos, presten servicios, organicen eventos o acudan a congresos y seminarios. El total se conoció por primera vez en 2016 (con datos de un año antes) y ascendió a casi 500 millones entre las 190 empresas adscritas, según Farmaindustria (de ahí salieron los 119 de formación).
La publicación de esos datos permitió conocer cómo los grandes laboratorios distribuyen el dinero. Así Novartis destinó 10,2 millones a “actividades formativas y reuniones científico-técnicas”. Roche: 5,2, Bayer: 2,7 millones, MSD: 5,99 o Janssen: 15 millones bajo el epígrafe “contribución a los gastos de asistencia a eventos”. La casuística es tan variada que hay profesionales que aparecen con un abono de 130 euros y otros con varios miles. Muchos no accedieron a que apareciera su nombre y se mostró un agregado de todos ellos.
Lo que pretende Ciudadanos es que esas cantidades recibidas no les obliguen a pagar impuestos después al ser un dinero conocido y asociado a cada profesional. Así no tendrían problemas en autorizar la publicación de los datos, dicen. Los archivos facilitados por las empresas –de forma voluntaria– no han modificado las características o naturaleza de los pagos, solo los ha colocado en el dominio público.
Conflicto de intereses
La formación continuada de profesionales sanitarios sí está recogida y reglada por el Ministerio de Sanidad. Además, las comunidades autónomas (que tienen las competencias sanitarias) disponen de planes de formación en uno u otro nivel donde, incluso, se detallan las tarifas.
Sanidad explica oficialmente que este es un “proceso permanente al que tienen derecho y obligación los profesionales sanitarios (...) destinado a actualizar y mejorar los conocimientos, habilidades y actitudes de los profesionales sanitarios ante la evolución científica y tecnológica y las demandas y necesidades, tanto sociales como del propio sistema sanitario”.
Además, ante la proliferación de cursos y plataformas para acceder al conocimiento, la Comisión de Formación Continuada es la encargada de “armonizar” el proceso entre las administraciones sanitarias. Entre una de sus funciones, ha establecido una serie de criterios para acreditar los cursos para sanitarios.
Uno de los requisitos que ha establecido, con la idea de dificultar connivencias entre empresas farmacéuticas y profesionales de la salud, es no certificar los cursos impartidos por “entidades comerciales”. Tampoco pueden colocar sus logotipos en material docente si actúan como patrocinadores. Los ponentes deben explicar claramente si tienen relación con la empresa que patrocine el evento.