Los profesionales del despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo realizarán ‘pro bono’ la auditoría externa encargada por la Conferencia Episcopal para investigar los abusos sexuales en la Iglesia Católica. Esta decisión no supone que las pesquisas que vaya a realizar el despacho de abogados vayan a ser a coste cero para el presupuesto de los obispos, que sí tendrán que abonar los gastos vinculados a traslados y contratación de profesionales externos al bufete.
El acuerdo firmado entre Javier Cremades y el cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal, se ratificó el pasado 22 de febrero. El documento, publicado en un lugar recóndito de la web de la Conferencia Episcopal (CEE) y que hasta ahora no se había hecho público, estipula que los gastos –fuera de los asumidos como ‘pro bono’– serán abonados por los obispos y se “liquidarán con una periodicidad mensual”.
De esta forma, el enfoque económico de la investigación promovida por la Iglesia española se asemeja a la que se realizó en Francia, donde los miembros de la comisión trabajaron de forma voluntaria. Aun así, los gastos vinculados a la investigación y la gestión de las comparecencias supusieron alrededor de 2,6 millones de euros.
Doce meses para un primer informe
El documento firmado por Cremades y Omella recoge un plazo de doce meses para entregar un primer informe con datos y recomendaciones, en ningún caso de obligado cumplimiento. En estas seis semanas, el equipo multidisciplinar (compuesto por 28 expertos de doce países) apenas ha logrado encontrarse con 45 víctimas de abusos, y únicamente se han reunido con tres obispos: el de Málaga, el de Santiago de Compostela y el de Madrid, según los datos facilitados por el letrado en una rueda de prensa celebrada este miércoles.
En ese encuentro con los medios también desveló que Manuela Carmena, exalcaldesa de Madrid y jueza jubilada; Encarnación Roca, exvicepresidenta del Tribunal Constitucional; y Juan Luis Cebrián, ex director de El País; asesorarán de forma externa al equipo de investigadores. En conversación con elDiario.es Carmena aclara que ella no va a formar parte de la comisión. “Me invitaron a participar y no quise porque no estoy de acuerdo con el enfoque”, expone la magistrada retirada.
Según relata, un día antes de la rueda de prensa, desde el despacho de abogados volvieron a insistir y, en ese momento, le pidieron “que hiciera un informe” sobre “la manera en la que se debe enfocar el trato con las víctimas”. A eso sí accedió, aunque insiste en que ella solo va a redactar un dossier. “Me parece interesante estar con gente que no piensa como yo”, relata. En su línea de trabajo, aboga por que la Iglesia pida perdón a las víctimas “cambiando aquellas cuestiones que han determinado que haya pasado lo que ha pasado” y abordando el “sentimiento de abuso de autoridad con el que han intervenido” los victimarios. Reconoce que por ahora solo tiene las “líneas generales” de su tesis porque “ha sido todo muy precipitado”.
Carmena y Cebrián elaborarán informes
Para la elaboración del informe desde el despacho le ofrecieron firmar un contrato o realizarlo ‘pro bono’. Por ahora no se ha concretado si recibirá alguna compensación económica por esa labor. Carmena se desmarcó de la comisión liderada por Cremades porque considera que “el enfoque estaba muy cerrado” y “muy basado en los datos”. “Yo lo quería mucho más abierto. No han previsto audiencias con las víctimas, me parece muy importante porque implica reparación”, destaca.
Al igual que Carmena, Roca y Cebrián también realizarán informes que se aportarán a la investigación. La exvicepresidenta del Tribunal Constitucional elaborará un dictamen sobre la responsabilidad civil e indemnización a las víctimas y el ex director de El País, que es miembro del consejo asesor del despacho de abogados, analizará la dimensión de los medios de comunicación en este problema.
Pese a que el bufete como tal sí ofrecerá sus servicios 'pro bono', lo cierto es que de la lectura del contrato se colige que algunos expertos cobrarán por los servicios realizados. Cremades apuntó este miércoles que “casi todos” cobrarán “por debajo del mercado”, sin dar cifra alguna del montante.
En el grupo de expertos que colaborará junto a los profesionales de Cremades en la labor de investigación se integra el coordinador de la comisión de pedofilia en la Iglesia portuguesa, Pedro Strecht, y los socios del despacho alemán Westpfahl Spilker Wastl (WSW) –que elaboró el informe de abusos en la archidiócesis de Múnich y Frisinga–, los abogados Martin Pusch y Ulrich Wastl.
Entre los expertos españoles que colaborarán con el bufete de abogados también destaca el catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la URJC Manuel Villoria, que es especialista en cuestiones de transparencia. Su labor se va a centrar en supervisar la transparencia en todo el procedimiento de la investigación. “Tenemos que reunirnos cada cierto tiempo e ir viendo cómo van surgiendo los casos y cómo van analizándose. En qué medida hay acceso a los archivos de la Iglesia. Hay que ver todo ese tipo de cosas”, explica Villoria, que también aclara que él colaborará ‘pro bono’.
El contrato que impulsa esta investigación se firma entre una Conferencia Episcopal “preocupada y dolida” por el escándalo de los abusos –así aparece al comienzo del texto–, que “quiere abrir una nueva etapa y tomar la iniciativa, con transparencia y profesionalidad, para mostrar su genuina preocupación por el cuidado de las personas y la promoción de la dignidad de todo ser humano”.
Representación ante las autoridades
Respecto a la colaboración de la Iglesia con otras investigaciones, que ya se atisbaba en enero pasado, el contrato establece que “el grupo de trabajo independiente creado dentro del despacho podrá ser, además, el interlocutor a nivel técnico con las autoridades competentes, de cara a proporcionar e intercambiar información, puntos de vista y enfoques del problema”. En la práctica, esto permitiría que fuera Cremades, y no los obispos, quien compareciera ante la comisión del Defensor del Pueblo. Algo que, en su breve comparecencia tras encontrarse con el Papa, no han sabido concretar Omella, Osoro y Argüello.
“De esta forma –añade el contrato– se materializa el espíritu de colaboración de la Iglesia con las autoridades públicas y se facilita su trabajo, garantizando además que los datos que se aportan y su metodología son fiables, al mismo tiempo que se vela por las garantías jurídicas de las víctimas y de todos los implicados”.
Por último, “se obtiene un asesoramiento legal sobre las diversas fases de la investigación, en cuanto a protección de datos, repercusiones judiciales, etc. Siempre sobre la base de que el despacho no es contratado para defender a la CEE ni a las víctimas”.
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