Una vez más el debate ha vuelto a ocupar un hueco en la agenda y la opinión pública. Las palabras de la nueva vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad Carmen Calvo han avivado la polémica que rodea a un tema polarizado que suele emerger de vez en cuando: ¿Gestación subrogada o vientres de alquiler? Las palabras no son inocentes. De hecho, para la socialista no caben “eufemismos con el lenguaje” y así se refirió a esta práctica en una entrevista en El País: “Los vientres de alquiler son la utilización del cuerpo de las mujeres más pobres”.
A partir de ahí, pasó lo que ocurre habitualmente. Las redes se llenaron de opiniones a uno y otro lado para reafirmar una vez más el stand by en el que se encuentra el debate. Estas son algunas claves:
Una práctica prohibida en España
En España la gestación por sustitución está prohibida tal y como establece la Ley 14/2006 de 26 de mayo sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida. La norma fija que “la filiación de los hijos nacidos por gestación de sustitución será determinada por el parto” y declara “nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero”.
Sin embargo, desde hace años hay colectivos pidiendo la regulación en España, lo que hasta el momento ha cristalizado en una propuesta de Ciudadanos que deberá ser debatida en el Congreso. Mientras el debate ha ido ganando presencia, los partidos políticos se han enfrentado a un debate interno que, en el caso del PSOE, dio lugar a una postura oficial de partido contraria a la regulación. Podemos, también dividido, finalmente se unió al “no” y el PP ha anunciado que abrirá el melón en sus filas para determinar su posición, aunque aclara que “la mayoría” no apoya la regulación.
Si está prohibida, ¿por qué hay menores nacidos mediante esta práctica?
Actualmente hay personas que acceden a la gestación por sustitución fuera de nuestras fronteras, en países que sí la permiten. A pesar de estar prohibida en España, una instrucción de 2010 instauró que estos niños podían ser inscritos como españoles en el Registro Civil. Además, el Gobierno reconoció a principios del pasado año el derecho a recibir prestaciones de maternidad y paternidad en la gestación por sustitución tras una sentencia del Tribunal Supremo que las avala en base al argumento de que la atención de los menores debe ser “el punto de vista predominante”.
El diálogo calmado como tercera vía
Tanto la jurista Violeta Assiego como la socióloga e investigadora del CSIC Sara Lafuente apuestan por escapar del “a favor o en contra” y prefieren enmarcar el debate en “una reflexión sosegada” alejada de un escenario polarizado “que no beneficia a nadie”, apunta Assiego.
“Es absurdo obviar algo que está sobre la mesa: que ya hay niños y niñas en este país nacidos mediante gestación subrogada. A partir de ahí habrá que abordar si hay mujeres que quieren gestar sin ser silenciadas por ello y estudiar si se les puede otorgar una compensación económica y en concepto de qué. Lo que es urgente es evitar el negocio de las empresas que se están aprovechando de este vacío legal propiciado por un diálogo bloqueado”, argumenta.
Lafuente muestra su inquietud sobre “el altruismo” de las mujeres al que algunos argumentos aluden para justificar una posible regulación y asegura que las tareas feminizadas “se valoran más cuanto menos se pagan y, por tanto, se pueden pagar miserias para trabajos de una carga brutal”.
Y resume lo que considera las claves: “Si, como plantea Ciudadanos, es buena idea la gestación por sustitución, ¿cómo sería reconocerlo y pensarlo como un trabajo? Parémonos a pensar qué implica, cuánto habría que pagar para cubrir riesgos, un trabajo 24/7 durante más de un año...Si por el contrario creemos que es explotación de las mujeres más pobres no sirve de nada decir que no queremos regular: habría que regularlo para limitarlo aquí y fuera. Lo que no queremos para las mujeres aquí no podemos permitir que se normalice en otros lugares y sobre otros cuerpos”.
¿Qué motiva la posible regulación?
Este es otro de los puntos calientes del debate. Lafuente apuesta por centrar la atención en que “no es el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos” lo que motiva las regulaciones favorables, sino “la libertad de las empresas para hacer grandes negocios o, en el mejor de los casos, la libertad de los potenciales padres y madres para acceder a un servicio”.
Ante este escenario, también se alzan voces que piden el cambio de foco. Entre ellas, Violeta Assiego, que considera plausible una regulación que ponga el foco en la libertad de las mujeres y no en el deseo de ser progenitores –“el derecho a ser padres no existe”, enuncia– ni en el beneficio económico de las empresas intermediarias. “Es posible abordar si hay mujeres que quieran gestar para otros y al mismo tiempo frenar el negocio neoliberal que hay en torno a este tema”.
“El principal motor que impulsa estas regulaciones es la expansión del negocio en torno a una bioeconomía, la reproductiva, que está creciendo muchísimo en los últimos años, particularmente en el Estado español”, añade Lafuente.
Los argumentos a favor y en contra
Algunas opiniones críticas circunscriben esta práctica en “el control sexual de las mujeres”, según el manifiesto del movimiento #NoSomosVasijas, al que pertenecen sociólogas, juristas y académicas contrarias a la regulación. “Las mujeres no se pueden alquilar o comprar de manera total o parcial”, argumentan después de apuntar a la “distinta relación de poder” que, a su juicio, se da entre la madre gestante y los que acuden a ello.
En el otro lado se encuentran los colectivos de familias como Son Nuestros Hijos. Antonio Vila Coro, padre por gestación por sustitución y fundador de la organización, califica las palabras de Carmen Calvo como una forma de “estigmatizar y criminalizar a nuestras familias” y apunta a que “desde ciertos sectores se retuercen los argumentos para decir que esto es una comercialización. Es como si dices que adoptando estás comprando un niño porque te gastas un dinero. Los que nos tratan de explotadores no contemplan que se puede hacer respetando los derechos de todas las partes con una regulación garantista”.
Desde Son Nuestros Hijos prefieren no posicionarse sobre si debe o no haber empresas intermediarias. “Eso dependerá del modelo de sanidad en el que se quiera enmarcar”, explica su portavoz, que lamenta “el desconocimiento” que, a su juicio, hay sobre la relación que puede establecerse con la gestante. “Precisamente defendemos que se regule en España para evitar la mala praxis que puede darse en otros países”.
Alicia Miyares, portavoz de #NoSomosVasijas afirma que “lo que hacen los vientres de alquiler es revocar un derecho fundamental de las mujeres, el de que la filiación la determina el parto”, explica la también filósofa, que enmarca la práctica en un sistema patriarcal en el que “existe la apropiación del cuerpo de las mujeres”.
¿Y la libertad de la mujer?
Uno de los elementos más nombrados es el de la libertad de la mujer gestante. ¿Puede tratarse de una decisión libre? Vila Coro asegura que la gestación subrogada “defiende la libertad de la mujer para decidir sobre su propio cuerpo. Es una decisión personal que forma parte de su autonomía y de ello deriva la posibilidad de regular una técnica enmarcada en la medicina reproductiva que ya en España cuenta con la intervención de terceras personas: donación de óvulos o esperma. Ahora de lo que hablamos es de donar la capacidad de gestar”.
Miyares asegura que la que la clave radica en que “la mujer deja de ser libre en el momento que firma ese contrato y pierde la libertad de decisión sobre sí misma”.
Lafuente también cuestiona la forma en que se trata el elemento de la libertad de la mujer al hablar de este tema, algo que en su opinión suele hacerse “de manera muy despegada de la realidad de la mayoría de mujeres gestantes, sin prestar atención a las condiciones materiales ni a que la normalización de este tipo de trabajos biológicos puede limitar más que ampliar esa libertad”. Por su parte, Assiego apuesta por una posible regulación “sin que la situación de vulnerabilidad de la mujer sea el motivo por el cual se presta. Solo es posible partiendo de su libre elección”. El debate está servido.