Hay leyes que van por autopistas y otras, como la de la Memoria Democrática, que parece que transitan caminos de carretas. Ha pasado un año, de un verano a otro, para completar una vuelta en el que la ley llegó como anteproyecto a un Consejo de Ministros y ahora ha sido aprobado como proyecto de ley ante una mesa repleta de caras nuevas. Trae, incluso, un conductor diferente.
La ley de Carmen Calvo pasó por las consultas del Consejo Fiscal y del Poder Judicial, transformándose poco a poco, quizá no en lo esencial. Y ha llegado de nuevo a la Moncloa en el maletín del hoy ministro de Presidencia, Félix Bolaños, a quien el texto no le era en absoluto desconocido.
La Ley de Memoria Democrática deroga la de Memoria Histórica de 2007, es por eso que recoge en su articulado muchas medidas que ya están vigentes, como la de la retirada de los símbolos contrarios a la memoria o el reconocimiento moral de las víctimas. Estas son sus principales claves:
Qué pasará con las víctimas
Aparecerán en un registro único público junto a la información de la violencia ejercida sobre ellas y el lugar y fecha de su muerte, si se supiera. La ley define qué es una víctima del franquismo y le pone un límite temporal en la aprobación de la Constitución en 1978.
Unas víctimas muy olvidadas son las que realizaron trabajos forzados. Con la ley se impulsarán iniciativas para señalizar esos lugares, como la línea de ferrocarril Madrid-Burgos, el aeropuerto de Lavacolla o el propio Valle de los Caídos. También se realizará un censo de esos trabajos y de las empresas que resultaron beneficiadas, como Huarte en su día, cuya heredera hoy es OHL. Entre esas iniciativas a impulsar estará el que esas empresas adopten medidas de cara al reconocimiento. A los integrantes de las Brigadas Internacionales (si es que queda alguno vivo) se les concederá la nacionalidad española.
Qué pasará con las sentencias políticas del franquismo
La Ley de Memoria Histórica consideraba los tribunales franquistas ilegítimos. Con esta ley sus sentencias políticas se considerarán nulas, pero para que eso sea efectivo, habría que reclamarlas una a una en un juzgado.
Cómo serán las exhumaciones a partir de ahora
El Estado será el responsable de la búsqueda de las personas desaparecidas y tendrá que realizar planes plurianuales de búsqueda, localización, exhumación e identificación. Lo hará de oficio o por solicitud. Hasta ahora, este ha sido un trabajo que voluntariamente ha realizado el tejido memorialista, con ayuda económica cuando el Gobierno era de izquierdas o con cero euros cuando era del Partido Popular.
Cada año se publicarán los datos de las fosas abiertas y las exhumaciones, tanto las realizadas como las fallidas. Si se encuentran en un terreno cuyo propietario no da el consentimiento, la administración podrá autorizar la ocupación temporal e indemnizar a los titulares. El traslado de restos de víctimas sin autorización administrativa se considerará una infracción muy grave (multas de entre 10.000 y 150.000 euros), así como la destrucción de fosas.
Hasta ahora, cuando una asociación memorialista encontraba restos óseos, en especial con indicios de violencia, lo ponía en el conocimiento del juzgado más cercano, Un acto que no servía de mucho pues se consideran delitos prescritos y el expediente se archivaba de inmediato, continuando la asociación con su trabajo. A partir de la ley, están obligados a ponerlo en conocimiento del Ministerio fiscal y las administraciones, creándose un fiscal especializado para los crímenes de la guerra y la dictadura.
Cuando estas asociaciones completaban el trabajo de identificación, devolvían los restos a sus familiares en actos públicos, pero con la ley habrá de estar siempre presente un representante de los poderes públicos. Otra novedad es la creación de un banco nacional de ADN, donde se almacenarán muestras biológicas de los familiares para poder cotejarlas con vistas a futuras identificaciones.
Qué ocurrirá con las fundaciones franquistas
La ley señala al órgano de vigilancia de las fundaciones, el Protectorado, como el responsable de instar judicialmente la extinción de una fundación que haga apología del franquismo y humille a las víctimas, ya que si solo hace una exaltación de la dictadura entraría dentro del territorio de la libertad ideológica, tal y como le advirtió al Gobierno el Consejo General del Poder Judicial.
Cómo se articulará la política pública de memoria
Actualmente existe una Secretaría de Estado de Memoria Democrática, creada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Con la ley, se incorporará un Consejo Territorial de Memoria Democrática, adscrito al Ministerio de Presidencia, en el que participarán las comunidades autónomas y los municipios a través de la Federación Española de Municipios y Provincias.
La ley no prevé la creación de una oficina que sirva como ventanilla o interlocutor único para los familiares de las víctimas. Tampoco un instituto específico donde se investigue y se acompañe a las víctimas en procesos como las exhumaciones del Valle de los Caídos, como sí existe en el País Vasco con Gogora.
También se realizará un catálogo de vestigios contrarios a la memoria para ser eliminados y otro de lugares vinculados a la memoria, la lucha de la ciudadanía por sus derechos, la represión y la violencia consecuencia de la resistencia al golpe de Estado de 1936, el exilio y lucha por la recuperación de los valores democráticos. Este último inventario de bienes tendrá un régimen de protección y se publicará en el BOE. Destruir o menoscabar un lugar de memoria será también una infracción muy grave, así como la realización en espacios abiertos al público de actos de exaltación de la guerra o la dictadura que menosprecien a las víctimas o sus familiares. Se verá si los actos que se realizan el 20 de noviembre o los homenajes a la División Azul entran dentro de esta categoría.
Otra entidad de nueva creación será el Consejo de Memoria Democrática, un órgano consultivo participado por el Gobierno y por las entidades memorialistas. Además, se prevé un registro estatal de las entidades que conforman el movimiento memorialista, siempre que estén legalmente constituidas.
Cómo será el archivo documental de la memoria
Será centralizado. La ley sigue apostando por el Centro Documental de la Memoria Histórica, ubicado en Salamanca, con la función de reunir y recuperar todos los fondos documentales posibles.
El futuro del Valle de los Caídos
Con la ley aprobada, será ilegal el enterramiento allí de José Antonio Primo de Rivera, por lo que su exhumación sería el siguiente paso. Se extinguirá la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos que depende de Patrimonio Nacional y que ha regulado desde 1957 el monumento y el resto de instalaciones al cuidado de los monjes benedictinos, como la escolanía y la hospedería.
Las criptas de la Basílica conformarán un cementerio civil, que será dignificado y todos las personas que pidan la exhumación de sus familiares allí enterrados serán atendidas. Se promulgará un real decreto para establecer el nuevo marco jurídico del Valle de los Caídos, que en la ley de Memoria Democrática se sigue denominando tal y como lo decidió Franco.