Las claves del proyecto con el que Ayuso quiere “blindar” la concertada y boicotear la ley Celaá

La Ley Maestra de Libertad Educativa de la Comunidad de Madrid, con la que Isabel Díaz Ayuso pretende “blindar” la educación concertada y la especial en la región y boicotear así la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE), conocida popularmente como Ley Celaá por el nombre de la ministra de Educación que la impulsó, ha pasado este jueves su primer trámite en la Asamblea de Madrid. El Ejecutivo regional considera que esta norma estatal menoscaba ambas modalidades educativas además de la libertad de elección de centro, algo de lo que la presidenta madrileña ha hecho bandera en los últimos años y que dice “proteger” con esta normativa, la primera ley educativa de la historia de la Comunidad de Madrid.

Los votos de PP y Vox impidieron este jueves que prosperasen en el pleno autonómico las enmiendas totales presentadas por la izquierda, con las que Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos buscaban devolver a la Puerta del Sol –sede del Gobierno autonómico– el texto con el que Ayuso se lanza al choque de trenes habitual con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Con el portazo a las enmiendas totales de la izquierda, la Ley Maestra da un paso más y pasa su primer trámite parlamentario hasta que llegue de nuevo al pleno, previsiblemente el próximo mes de diciembre, para su posible aprobación definitiva cuando se produzca la votación. La norma pasa ahora a comisión para que se debatan en este órgano las enmiendas parciales de los grupos parlamentarios, que tienen hasta este viernes para presentarlas. Una vez debatidas, la derecha con su mayoría decidirá cuáles se integran en el texto original y cuáles –las que decaen en comisión– pasan a debatirse en el pleno, en el que también se votará su aprobación final, por lo que el texto aún puede ser modificado.

El PP necesita como mínimo la abstención de Vox para sacar adelante su ley autonómica y, aunque la formación de extrema derecha comparte el objetivo de combatir la norma estatal, su portavoz, Rocío Monasterio, advertía esta semana que su apoyo tendrá un precio. Vox ha presentado ya 44 enmiendas a la ley, entre las cuales reclama el veto parental –que ahora llama “objeción de conciencia” de los padres–, la gratuidad educativa en todas las edades –tanto para la educación pública como para la concertada– y la instalación de banderas españolas en las aulas. También reclama de forma implícita la eliminación del programa bilingüe impulsado por Esperanza Aguirre.

Ayuso ha considerado necesario establecer por ley "el derecho a recibir las enseñanzas en castellano" en Madrid, como lengua vehicular de España

La presidenta madrileña rechazaba de plano este jueves estas exigencias de la extrema derecha. Ayuso sostenía durante la sesión de control en respuesta a Monasterio que la objeción de conciencia que propone en educación a través del veto parental “dinamita” la relación entre el profesor y el alumno. La presidenta madrileña también rechazaba que se imponga la colocación de banderas de España en las aulas. A la gratuidad total tampoco se une el Gobierno regional, una medida que cifra en 760 millones de euros.

Por su parte, la izquierda critica una norma que considera “innecesaria” e “inconsistente jurídicamente”. Tanto Más Madrid como PSOE y Unidas Podemos han acusado al Gobierno regional de ahondar con la nueva normativa en la “segregación” del alumnado. También considera que menoscaba la educación pública al blindar por ley la concertada y permitir con la nueva norma que reciba más fondos públicos.

La primera ley educativa madrileña

En los 22 años que lleva ostentando las competencias en Educación, la Comunidad de Madrid nunca ha visto necesario aprobar una ley educativa propia, como han hecho otras comunidades. Hasta ahora, a raíz de la aprobación de la nueva ley educativa nacional, la LOMLOE, que la Ley Maestra se propone combatir. Lo especifica el propio texto en su arranque: “La presente ley (...) tiene como objetivo garantizar un sistema educativo acorde con la Constitución y con el ejercicio de la libertad de elección de centro escolar, recogida en su artículo 27, teniendo en cuenta las demandas de la sociedad (...)”.

Para lograr estos objetivos, la ley plantea varias medidas que van en la dirección contraria de la LOMLOE. La conocida como Ley Celaá dedica buena parte de su articulado a reforzar la escuela pública frente a la concertada, con medidas como eliminar la expresión “demanda social” que introdujo la LOMCE para justificar la construcción de centros concertados; garantizar la oferta de plazas con el apellido “públicas”, no concertadas; o asegurar un reparto “equitativo” del alumnado para que no se concentre el menos favorecido en la escuela pública y el más favorecido en la concertada, como sucede ahora.

Garantía pública o también concertada

La Ley Maestra empieza especificando en su artículo 5 que los alumnos “tienen derecho a una plaza escolar sostenida con fondos públicos”, definición que incluye a la escuela concertada. En el artículo 7 lo especifica: “La Comunidad de Madrid garantizará en cualquier caso la existencia de plazas suficientes para las enseñanzas declaradas gratuitas por la ley, teniendo en cuenta la oferta existente de centros públicos y privados concertados”.

Esta fórmula contradice a la LOMLOE, que deja esta garantía específicamente en manos de los centros públicos y que se redactó pensando específicamente en las políticas que viene desarrollando la Comunidad de Madrid. Más aún, la LOMLOE añade: “Las Administraciones educativas promoverán un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública”.

La “demanda social”...

En 2013, José Ignacio Wert incluyó el término “demanda social” en la LOMCE para justificar la construcción de centros concertados allá donde falten plazas escolares (nuevos desarrollos urbanísticos, etc.). Esta “demanda social” se calculaba en base a en qué centros se matriculaban las familias; si muchas lo hacían en concertadas, se deducía que había una demanda de concertadas, si lo hacían en públicas, al revés. La trampa de esta fórmula es que en los nuevos barrios, por ejemplo de Madrid, donde hacen falta las nuevas plazas, suele haber más escuela concertada que pública, con lo que las familias se matriculan en las concertadas, dando la sensación de que hay demanda de estas, lo que justifica la construcción de nuevos centros. La pescadilla que se muerde la cola.

La LOMLOE retiró esta expresión, que nunca antes de la Ley Wert había existido, y ahora Ayuso la recupera en su Ley Maestra cuando habla de garantizar la oferta de plazas, que se hará considerando esta “demanda social”.

... Y la cesión de parcelas a centros concertados

Otra de las medidas casi específicamente madrileñas y relacionada con el apartado anterior. En los últimos 20 años, en la comunidad se han cedido habitualmente parcelas a centros educativos concertados, existentes o por realizar, una práctica que hasta que se aprobó la LOMCE de José Ignacio Wert en 2013 estaba prohibida por ley. Nunca le importó al Gobierno regional, que antes de que fuera legal cedió al menos 45 parcelas con este fin. Wert daría carta de naturaleza a esta práctica en su ley.

La LOMLOE trata ahora de mitigarla. Aunque no se llegó a incluir una prohibición expresa, se eliminó de la ley el concepto “demanda social” para justificar la construcción de nuevos centros concertados y se garantiza la oferta de plazas con la red pública.

La Ley Maestra también va contra esta idea. No solo recupera la expresión, sino que en el artículo 7.3 especifica que “la Comunidad de Madrid podrá convocar concursos públicos para la construcción y gestión de centros concertados sobre suelo público dotacional”.

El reparto del alumnado con necesidades educativas especiales

En su intento de limitar a la escuela concertada y que juegue con las mismas reglas que la pública, la LOMLOE establece que el alumnado con necesidades educativas especiales –más difícil y por tanto caro de atender porque hacen falta más profesores– se repartirá de forma equitativa por toda la red sostenida con fondos públicos, lo que incluye las escuelas privadas concertadas. Dice la Ley Celaá: “Particularmente, [las administraciones] velarán por la presencia equilibrada del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo entre los centros sostenidos con fondos públicos de su ámbito de actuación”.

Ayuso elimina este requisito de proporcionalidad. La Ley Maestra se limita a decir: la consejería competente en materia de educación deberá “garantizar una adecuada escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales teniendo en cuenta la oferta de plazas escolares en los centros sostenidos con fondos públicos”. Madrid tiene más alumnado con necesidades educativas especiales matriculado en la escuela pública que la media nacional (un 3,3% por aula frente a un 3%), pero menos en la escuela concertada (2,8% en España, 2,3% en Madrid).

Se permite segregar por sexo

La LOMLOE también introdujo medidas para evitar, o al menos mitigar, la concertación de colegios privados que segregan a su alumnado por sexo. En un principio se habló de prohibición, pero finalmente la norma lo rebajó a esta fórmula: “En los procesos asociados a la obtención y al mantenimiento de unidades concertadas, se priorizará a los centros que apliquen el principio de coeducación y no separen al alumnado por su género o su orientación sexual”.

La Ley Maestra establece en el artículo 5 que “no constituye discriminación la admisión de alumnos o la organización de la enseñanza diferenciada por sexos, siempre que la enseñanza que impartan se desarrolle conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO el 14 de diciembre de 1960”.

En el apartado relativo a conciertos de la futura ley madrileña, solo se concreta que “podrán acogerse al régimen de conciertos los centros privados de la Comunidad de Madrid que ofrezcan enseñanzas declaradas gratuitas por dicha ley y satisfagan necesidades de escolarización”.

Blindar el distrito único

La LOMLOE también establece que las comunidades deberán establecer áreas de influencia para los centros públicos y los concertados, “de modo que permitan garantizar la aplicación efectiva de los criterios prioritarios de proximidad al domicilio o lugar de trabajo”. La idea de esta disposición es que los alumnos se organicen según su lugar de residencia para evitar que las familias más acomodadas elijan los considerados mejores colegios aprovechando las mayores facilidades de desplazamiento que suelen tener.

En Madrid, hace años ya que Esperanza Aguirre estableció el distrito único en toda la comunidad, una de las medidas que provoca que la región sea la segunda más segregadora de Europa, solo por detrás de Hungría. Ayuso consolida ahora este distrito único por ley. “La Comunidad de Madrid garantiza que la libertad de elección de las familias de centro escolar sostenido con fondos públicos pueda ejercerse en todo el territorio de la Comunidad, mediante el establecimiento de criterios que no limiten la admisión por el lugar de residencia”, se lee.

El español como lengua vehicular en Madrid

Ayuso ha considerado necesario establecer por ley “el derecho a recibir las enseñanzas en castellano” en Madrid, como lengua vehicular de España. Esta formulación, en una comunidad sin lengua cooficial, responde a que el Ministerio de Educación retirase de la LOMLOE que el castellano es la lengua vehicular de la enseñanza, fórmula que por otra parte nunca había existido hasta que la introdujo Wert en 2013 en la LOMCE. La oposición se pregunta con sorna si esta frase significa el fin del programa bilingüe en la comunidad, ampliamente extendido por todo el sistema y criticado por segregador.