La subida del nivel del mar amenaza con contaminar con agua salada los acuíferos de las zonas más secas de España
La subida del nivel del mar provocada por el calentamiento de la Tierra multiplica el riesgo de que el agua salada contamine los especialmente vulnerables acuíferos costeros españoles, sobreexplotados por el regadío y la presión turística. La intrusión marina en los depósitos de agua dulce convierte el líquido en inservible para beber o para regar.
En España hay 95 acuíferos costeros y más de la mitad ya presentan niveles de intrusión marina, un fenómeno creciente según el último informe de la ONU sobre el impacto del cambio climático en los océanos. La lista abarca desde los depósitos naturales del Muga y el Fluviá en Girona hasta el de Ayamonte en Huelva, pasando por depósitos de todas las provincias del Levante, Granada, Málaga o Cádiz.
En todos los acuíferos conectados al mar hay un equilibrio entre el agua dulce y la salada, que se infiltra y queda por debajo, al ser más densa. Al romperse este equilibrio, el agua salada avanza y contamina la dulce. Cuánta más agua se extrae del acuífero más baja su nivel, lo que provoca que el agua salada avance más por el subsuelo hasta las masas subterráneas. Los expertos han constatado que el nivel de los océanos por la crisis climática se eleva acelerada e irremediablemente. La combinación es nefasta.
De esta manera, la sobrexplotación de los acuíferos para abastecer grandes áreas de regadío y la industria de turismo en el litoral español empeora la situación. No menos de 60 acuíferos costeros en España presentan problemas de sobreexplotación, lo que les hace más vulnerables a una invasión del mar impulsada por el crecimiento del nivel oceánico. La mayoría están en la línea de costa y superpuestos a áreas de regadío, según se ve en los datos del Plan Nacional de Regadíos del Ministerio de Agricultura.
La presión sobre los recursos hídricos en la zona costera española es muy alta. Aproximadamente la mitad de la población se asienta en zonas del litoral aunque supone un 8,8% de la superficie del país. En la línea de costa mediterránea, por ejemplo, se suceden áreas con densidad de población en torno a los 200 habitantes por km –la media española está en unos 93 hab/km–. Además, el desarrollo de la industria turística hace que unos 80 millones de personas pasen por la costa cada año.
Además, la industria del regadío intensivo ha multiplicado sus hectáreas en el litoral. Desde la provincia de Huelva hasta Cataluña, pasando por todo el Levante. También en las islas Baleares y Canarias. Aunque la mayor parte del consumo se realice sobre las aguas superficiales, una buena porción de esas hectáreas de explotación en régimen de regadío se asientan sobre acuíferos con problemas de sobreexplotación, según certifica el Plan Nacional de Regadíos. El 80% del agua en España es consumida por la agricultura.
En este contexto, el avance del agua salada, al toparse con acuíferos costeros, contamina el agua dulce y destruye los recursos. Con que la proporción de agua salada llegue al 3-5%, el líquido ya no puede utilizarse para consumo humano o para regar.
Juan de Dios Gómez-Gómez, ingeniero del Área de Hidrogeología y Calidad del Agua del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) subraya a eldiario.es que, en los numerosos depósitos afectados por la intrusión marina en España, “la afección actual se debe principalmente a la explotación excesiva de estos acuíferos tanto para uso agrícola como urbano”. Y luego explica que, tras el aviso del IPCC sobre la subida del nivel de los océanos, “un incremento paulatino del nivel del mar supondría una pérdida gradual de recursos hídricos subterráneos en estas zonas, agravando el estrés hídrico que ya sufren”.
Avisos continuados
Los diferentes análisis del IGME sobre los acuíferos españoles ilustran el panorama de la contaminación salina de las aguas subterráneas. El patrón de abuso sumado a la invasión del agua marina se repite. Así, por ejemplo, en un estudio sobre las consecuencias del uso de pozos en los acuíferos del Campo de Níjar (Almería), los técnicos describen que, a medida que se ha ido bombeando agua subterránea, la intrusión marina ha ido volviendo inutilizable el líquido: “Los pozos o sondeos tienen que ser abandonados y la extracción se lleva a áreas más interiores”, relatan. Cuando se dejaron esos pozos “se cortó la entrada de agua de mar, pero las masas de agua salada, ya incorporadas en ellos, tardarán mucho en salir”.
Al estudiar el acuífero del Baix Maresme (Barcelona) quedaba claro que los bombeos han favorecido el avance de la contaminación marina. “Una mejora de la calidad química del acuífero pasa por un descenso en las extracciones”, concluyen los científicos. En Valencia, en Plana de Sagunto, “la calidad química de las aguas subterráneas se ha visto reducida debido a un importante proceso de intrusión marina” ligado a “los bombeos realizados para desarrollar las diversas actividades socioeconómicas de la zona” que rebajaron el nivel del depósito.
Siguiendo la línea de costa, el acuífero de Campo de Cartagena (Región de Murcia) está en medio de la degradación ambiental que ha llevado el Mar Menor al borde del colapso. En Granada, otro de los acuíferos contaminados, el del Río Verde, ha experimentado una intrusión marina “de notable magnitud por la importancia de las extracciones y las características del acuífero” que el IGME relaciona con una explotación cada vez más importante “de los limitados recursos subterráneos por el desarrollo de la actividad turística”. En la zona de Rota-San Lucar-Chipiona (Cádiz) se constatan décadas de intrusión marina que “ha derivado en una salinización generalizada del depósito subterráneo”.
El ingeniero Juan de Dios Gómez-Gómez, junto a su compañero Juan Antonio López-Geta, avisaba en un análisis sobre la incidencia de la invasión marina de los acuíferos españoles: “Cualquier actuación que se realice en un acuífero costero tiene que conjugar explotación con conservación de la calidad del agua en condiciones óptimas para su aprovechamiento”. Era 2007. 12 años después ha llegado la alerta de la ONU.