La llamada 'Ley Trans' llegó a la mesa del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el pasado mes de diciembre y desde entonces está pendiente su informe preceptivo necesario para que la norma continúe su trámite. Varios colectivos LGTBI han registrado este martes un escrito ante el organismo en el que denuncian “los retrasos incomprensibles” de los plazos y reclaman que la evaluación sea pública lo antes posible. El Proyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, que tensionó a los socios de Gobierno y ha abierto una brecha en el feminismo, debe pasar aún por el resto de órganos consultivos, volver al Consejo de Ministros y ya sí, iniciar su camino en las Cortes.
El escrito, presentado por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+), la Fundación Triángulo y Chrysallis, apunta a que la paralización de la norma “tiene consecuencias materiales en nuestras vidas” porque “prorroga y dilata la desprotección actual del colectivo LGTBI+” y “especialmente de las personas trans”. La ley contempla un abanico de medidas en distintos ámbitos, entre ellas la autodeterminación de género de las personas trans, es decir, que puedan cambiar su sexo legal sin necesidad de someterse a tratamientos médicos ni presentar informes psicológicos.
Las organizaciones han trasladado al CGPJ “su honda preocupación” porque, según los plazos que marca la ley, el informe debería haber sido emitido en quince días improrrogables. Consideran “urgente” que el trámite de la ley se reactive y ante “el aumento del odio que vivimos contra nuestro colectivo”, un escenario en el que “no es posible la inacción por parte de las instituciones”.
“Es de vital importancia cumplir los plazos de tramitación de la ley para poder garantizar la dignidad y la seguridad de miles de ciudadanos españoles”, aseguran. De la redacción del informe del CGPJ se encargarán Victoria Cinto, Wenceslao Olea, Ángeles Carmona y Clara Martínez de Careaga, según publicó Europa Press.
El Consejo de Ministros dio luz verde al proyecto de ley en junio de 2021, coincidiendo con la semana del Orgullo LGTBI, tras una dura disputa entre el Ministerio de Igualdad de Irene Montero y el Ministerio de Justicia y la Vicepresidencia primera del Gobierno, entonces en manos de Carmen Calvo. La norma estuvo bloqueada durante meses y las negociaciones se alargaron hasta que finalmente fueron desencalladas con el reconocimiento de la autodeterminación de género, a la que el PSOE se oponía en un principio, y la introducción del requisito de que quienes modifiquen su DNI reafirmen la decisión a los tres meses, lo que según la parte socialista del Gobierno da “garantías jurídicas” al texto.
El inicio del trámite provocó también la oposición de una parte del movimiento feminista, que ve en la autodeterminación de género una amenaza para los derechos de las mujeres. Las discrepancias han llegado al punto de que este sector se escindió el pasado 8M en varias ciudades españolas donde se convocaron finalmente dos manifestaciones, entre ellas Madrid.