El caso de Alfonso Fernández Ortega, conocido como “Alfon”, ha desatado una ola de solidaridad ante la posibilidad de que entre en prisión. El Tribunal Supremo decidirá este martes si acepta el recurso presentado contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que le condenó a cuatro años de cárcel por tenencia de explosivos cuando participaba en la huelga general del pasado 14 de noviembre de 2012. Así que decidirá sobre si entra en la cárcel a cumplir condena o no. Alfon siempre ha negado que portara ese objeto y califica el proceso como “un juicio político” por su militancia antifascista.
Decenas de movimientos sociales, activistas y personalidades del mundo de la cultura y de la política han mostrado su apoyo al joven madrileño, que ha querido enviar a través de un vídeo unas palabras de esperanza y agradecimiento: “aunque acabe en la cárcel, el miedo y la rendición no son ninguna opción”, ha dicho. La abogada y diputada de Podemos en la Comunidad de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, ha pedido su libertad y ha asegurado que “fue detenido por participar en una huelga contra una reforma laboral que lejos de crear empleo, ha precarizado cada día más el que tenemos”.
Por su parte, el actor Alberto San Juan se ha referido concretamente a la decisión que este martes tomará el Tribunal Supremo, que, en su opinión, “tiene la oportunidad de dejar claro cuál es su lealtad”. El profesor de Ciencia Política y de la Administración Carlos Taibo, el activista Shangay Lily o la recién elegida concejala del Ayuntamiento de Madrid por Ahora Madrid Rommy Arce también han intervenido en favor de Alfon en un acto celebrado en el Ateneo de Madrid.
Asambleas del 15M, sindicatos de base y colectivos como Coca Cola en Lucha, Marchas de la Dignidad o No Somos Delito, entre otros muchos, han pedido la absolución del joven. Elena, su madre, ha leído un manifiesto en el que sostiene que con este caso “quieren lanzar un mensaje a todas las personas que luchan por los derechos de los demás (...) nos quieren calladas, con miedo y solas, pero no vamos a permitir sus juicios y condenas políticas”.
“Ausencia de pruebas”
Su abogado, Erlantz Ibarrondo, sostiene que la condena de Alfon se basa en la “ausencia de pruebas”, como ha manifestado en múltiples ocasiones. Ya en el juicio, celebrado el pasado 25 de noviembre, puso en cuestión varios de los argumentos esgrimidos tanto por el fiscal del caso como por los agentes de policía que le detuvieron. En su opinión, sus testimonios “tienen más relevancia” que los del propio Alfon, que siempre ha manifestado que no portaba material explosivo.
En una entrevista concedida a eldiario.es, el joven relató su detención, junto a su novia, la mañana del 14-N: “Había más gente, estábamos en una calle entre la casa de mi tío y la mía, y entonces tres policías secretas nos paran, nos piden documentación, accedimos a entregársela, nos preguntaron dónde íbamos, yo les dije que a casa de mi tío. Estábamos justo ya casi debajo de la ventana de la casa de mi tío y, entonces, un policía secreta vestido de paisano saca de unos matorrales algo, una bolsa, y me pregunta que dónde voy con esa, que qué era eso que llevaba yo ahí”.
Por su parte, los tres policías que le detuvieron afirmaron en el juicio que “sin ninguna duda” Alfon era quién llevaba la bolsa que contenía el artefacto y que lo depositó en el suelo cuando ellos se acercaron para identificarle.
Alfonso Fernández estuvo 56 días ingresado en prisión tras su arresto en régimen FIES-5, que supone la vigilancia constante, la restricción de movimientos y el control de comunicaciones. Según su abogado, “estuvo en la cárcel sin que se analizara si se trataba de un explosivo o no”. Por otro lado, denuncia que “en el artefacto no se encontraron huellas de Alfon” y que “la gasolina que se analizó posteriormente procedía de unas probetas que no se sabe de dónde salen”.
Ibarrondo pone en cuestión, además, la cadena de custodia del artefacto: un procedimiento que se aplica a los indicios materiales de los delitos (desde su localización hasta su análisis) con el objetivo de evitar destrucciones o alteraciones. Según la defensa, “la cadena de custodia no se cumplió y falta información sobre quién recepciona el objeto o dónde ha estado guardado”. Ibarrondo sostiene que la Audiencia Provincial de Madrid no se pronunció sobre ello y espera que, en esta ocasión, “el Tribunal Supremo sí responda a estas cuestiones que incorporamos en el recurso”.
“No es un caso aislado”
Los movimientos sociales y activistas que han manifestado su apoyo a Alfon han remarcado que no se trata de un único caso. Algunos de los grupos como Coca Cola en Lucha y el sindicato AST (que convocó la huelga de los técnicos de Movistar) han recordado el número de imputados que albergan en sus colectivos “por luchar por sus derechos”. AST, además, ha animado al abogado de Alfon a evitar que la decisión del Tribunal Supremo sea “un punto y final” y a llevar el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.
Ibarrondo ha insistido en que el de Alfon “no es un caso aislado” y que la Fiscalía “está pidiendo condenas de cuatro años mínimos de prisión a activistas por asistir a manifestaciones”. Algo que, ha asegurado, “está afectando a más de un centenar de personas”.