Que ambos padres trabajen. Es el criterio escogido por el colegio público María Martín, de la localidad madrileña de Navalcarnero, para asignar un punto preferente en la admisión de alumnos el próximo curso. En un contexto de crisis económica, en el que 1.978.900 hogares españoles tienen todos sus miembros en paro, la elección del centro ha indignado a varias familias, que se han quedado sin plaza y que consideran la medida “discriminatoria”.
El hijo de Sandra del Río, de dos años, es uno de los perjudicados por este criterio. Vive a diez minutos del María Martín pero su madre está en paro desde hace un año y medio, desde que terminó su contrato en la cocina del Hospital 12 de Octubre. “Es una medida elitista y lo sorprendente es que no es de un colegio privado. ¡Es de uno público!”, dice con enfado. Junto a otras familias afectadas han iniciado una campaña de recogida de firmas que ya acumula más de 1.000 en papel y en internet.
“Es denunciable. Inasumible”, dice indignada Isabel Galvín, secretaria general de Educación de Comisiones Obreras en la Comunidad de Madrid. Según la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de 2014, en la Comunidad viven 677.000 personas en paro. “No es difícil encontrar a niños que tienen algún miembro de su familia desempleado o, incluso, a todos ellos”, indica.
Noemí Virseda también esta desempleada, en su caso desde hace dos y medio. Su niña tampoco ha podido comenzar el segundo ciclo de Educación Infantil en las aulas del María Molina, el colegio de su barrio. “Pedimos que el punto se otorgue por proximidad. No tiene ningún sentido que las personas con menos recursos tengamos que gastar dinero en gasolina para llevar a nuestros hijos a un centro en la otra punta del municipio”, critica por teléfono. Ha hecho cálculos y, dado que el horario es partido y tendría que hacer cuatro viajes al día, la ida y vuelta del colegio le costaría 90 euros al mes. “Si la gente no tiene para comer, para gasolina menos”, añade.
“La otra opción que nos da el concejal de Educación es que metamos a nuestros hijos en uno de los dos colegios concertados y, que si no podemos asumir las tasas, recurramos a los servicios sociales”, afirma Del Río. Las madres piden un aula más en el colegio María Martí, que ha dejado 26 alumnos en las listas de espera. Los colegios Carlos Ruiz y Felipe IV también han dejado fuera de sus admitidos a varios niños. “Ocurre todos los años”, afirman a eldiario.es desde el colegio Carlos Ruiz.
“No es una medida discriminatoria”
Fuentes de colegio María Martín consultadas por eldiario.es niegan que exista “ninguna discriminación”. “Cada criterio privilegia una condición y, los que no se encuentran en ella, podrían decir que se los discrimina. Por ejemplo, si se premia a las familias numerosas, los padres que solo tengan un hijo pueden sentirse perjudicados”, indica este portavoz.
Además, justifican que el criterio fue votado en el Consejo Escolar, formado por padres, profesores y representantes del gobierno municipal. “Ya fue elegido el año pasado. No es una decisión unilateral del colegio”, añade.
El año pasado las madres afectadas consiguieron reunir 700 firmas, pero este año la comunidad educativa ha vuelto a aprobar este punto. “Este año queremos reunir más y llamar la atención de la gente sobre este criterio que perjudica a los hogares que menos tienen”, dice Sandra del Río.
El sistema de admisión en centros escolares que reciben fondos públicos de la Comunidad de Madrid (entre los que se incluyen los concertados) fue remodelado hace unos años por el Gobierno regional, que eliminó las zonas de escolarización para que los padres pudiesen elegir libremente el colegio al que inscribir a sus hijos. “Es ese modelo el que está acabando con la igualdad de oportunidades de los niños porque, entre otras cosas, deja abierta la posibilidad de que se den situaciones tremendas como esta. Por ejemplo, en algunos colegios concertados religiosos el punto es para los niños que estén bautizados”, critica Isabel Galvín.
En el real decreto 29/2013, de 11 de abril, queda fijado un sistema de puntos para privilegiar ciertas condiciones en los procesos de admisión. Entre los criterios establecidos por ley se otorgan dos puntos a los niños con alguno de sus padres beneficiario de la Renta Mínima de Reinserción; 1,5 puntos a los solicitantes con alguna discapacidad física, psíquica y/o sensorial; y cuatro a aquellos cuyo domicilio familiar o del lugar de trabajo de uno de los padres esté ubicado en el municipio del centro escolar.
Además, la norma fija un punto en el que los centros tienen poder de decisión. Ese es precisamente el que el colegio María Martín otorga a los niños con los dos padres empleados. Para los responsables del centro, este punto “no determina que un niño entre o no al colegio, porque hay muchos más”. “Además, ya hay puntos para las rentas más bajas, así que este es una forma de beneficiar también a las familias que tienen a los dos padres trabajando”, explican.
En opinión de Galvín, la desregulación de la Comunidad de Madrid provoca que los menores más vulnerables, con menos recursos, sean los más perjudicados. “Este es un caso más. Otro ejemplo son los cheques-guardería”, prosigue la responsable sindical. Esta ayuda solo se concede a los solicitantes de plaza de Educación Infantil en centros privados, “lo que permite que personas como la propia consejera Lucía Figar, con una renta elevada, pueda recibir este dinero”.
Dos padres trabajando, más niños en el comedor
El colegio Ciudad de los Ángeles de Villaverde también ha optado por premiar la empleabilidad de los dos padres o ser hijo o hermano de algún antiguo alumno. El centro público no ha completado sus plazas este año, por lo que no se ha planteado aún cambiar este criterio. En su caso, decidieron incluirlo porque “había padres con trabajo que no se veían beneficiados por ningún punto y algunos de ellos con sueldos bastante modestos”.
En otro de los centros públicos de Navalcarnero, el colegio Felipe IV, también ha seleccionado este criterio, aunque entre un total de cuatro posibles (sin que sea necesario cumplir todos): la proximidad, que el niño hubiese estado antes escolarizado en el centro, que ambos padres trabajen y/o que sea nuevo en el municipio.
Una portavoz del Felipe IV justifica la condición laboral de los padres como una medida para asegurar el número de alumnos en el comedor escolar. “Si los dos padres trabajan, hay más posibilidades de que los niños se queden al comedor, que es una fuente importante de ingresos para los centros públicos”, asegura.
Según esta responsable, el número de demandantes de este servicio es importante para contratar a las empresas de comedor: “Si hay pocos alumnos, ninguna empresa quiere suministrar el servicio”.
Para la secretaria de Educación de CCOO, los comedores escolares necesitan una revisión por parte de la Consejería. “Son más de 100 euros que tienen que pagar las familias por adelantado y, más tarde, reciben o no las ayudas”, afirma. En su opinión, el aumento de hogares que no pueden pagar esta cantidad es lo que motiva este tipo de actuaciones. “Como los colegios tienen que adelantar el pago de los morosos, al privilegiar a las familias empleadas, garantizan que sean ellas las que asuman el coste”, critica.