¿El colegio público está saturado? Pues se abre uno privado: así justifica Madrid la construcción de centros concertados

Breve resumen del informe de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid sobre la conveniencia de que el colegio que necesita Villalbilla, en Madrid, sea concertado: “Los centros públicos atienden con dificultades la creciente demanda de plazas”, y se prevé que esto solo va a ir a más, de hecho cuando se crearon “varios grupos” en un colegio público, se llenaron. Además, un vecino entregó 573 firmas (el 3,6% de los 15.866 habitantes del pueblo) a favor de un colegio concertado específico. Es más, ya existe un convenio entre la Consejería y el ayuntamiento para construir un centro privado sostenido con fondos públicos. Y como solo hay tres colegios y un instituto públicos, “no se garantiza completamente la libertad de elección de centro en función de la modalidad educativa”. ¿Conclusión de todo lo anterior? Hay que abrir un centro concertado.

El argumento decisivo, en este caso, es el último. Es la clave de bóveda que sostiene toda la política educativa del PP en la Comunidad de Madrid, expresada por sus dirigentes habitualmente. La “libertad de elección” de centro educativo articula las decisiones sobre organización escolar que toma el Gobierno regional, y esta libertad de elección se basa en ofrecer a las familias lo que teóricamente quieren y expresan mediante una supuesta “demanda social”.

Este término está tan incrustado en el ideario popular que lo pusieron en la ley educativa en la primera oportunidad que tuvieron –la extinta Lomce de 2012– y cuando el actual Gobierno lo quitó de su Lomloe, el Ejecutivo regional aprobó una ley ad hoc para mantenerlo. Es el argumento que se utiliza para justificar la construcción de colegios concertados por toda la región, especialmente en los nuevos desarrollos urbanísticos.

Es exactamente lo que ha pasado recientemente en Villa de Vallecas y en Valdebebas, en Madrid, donde el Gobierno regional ha cedido durante 40 años de manera gratuita dos parcelas públicas valoradas en 10 millones de euros para construir sendos colegios privados que tienen garantizado el concierto antes de existir (una práctica irregular que no contempla la ley). La misma situación se ha repetido con el centro de Villalbilla.

El PP argumentaba siempre en estos casos que existe una “demanda social” que justificaba esta elección, pero nunca explicaba cómo se medía esta demanda, más allá de alguna alusión a unos informes que lo justificaban pero no se publicaban. No solo no los facilitaban, aunque justificasen decisiones de inversión pública; estuvieron 11 meses peleando con un ciudadano particular para no entregárselos. Hasta que les ha obligado el Portal de Transparencia.

Una conclusión sin argumentos

Los informes son en general un compendio de datos que justifican la construcción de un colegio (sin apellidos) en la zona porque la oferta actual es insuficiente, alertan de que al ser barrios o municipios en expansión la demanda irá a más y acaban concluyendo: “No existe ningún centro de iniciativa privada en este nuevo barrio que pueda paliar la insuficiencia de puestos escolares de Valdebebas (...). Es por lo que habría que poner a disposición de la iniciativa privada una parcela que, mediante el correspondiente concurso, facilitase la implantación de una oferta educativa amplia en todas las enseñanzas”.

Esta cita corresponde al informe sobre el centro de Valdebebas y es básicamente la misma que en Villa de Vallecas o Villalbilla. Ninguno de los textos explica cómo se da el salto a que existe una “demanda social” de un centro que sea concertado, más allá de que no haya privados –o se omita que sí existen, como sucede en Valdebebas– o que un (supuesto) vecino haya entregado una cantidad de firmas muy minoritarias en relación a la población del municipio (solo sucede en uno de los tres casos).

Cada texto tiene sus peculiaridades, pero todos tienen en común que admiten, probablemente de manera involuntaria, que las zonas están infradotadas de servicios públicos, con colegios saturados y por encima de las ratios legales.

Diferentes colegios, mismos argumentos

En el caso de Valdebebas, el informe reconoce que no existe ni una sola escuela infantil en todo el distrito y que los dos centros públicos de Primaria no dan de sí para atender la demanda, explica que los menores que no caben en los colegios del barrio se tienen que ir a Hortaleza y muestra cómo la escuela concertada de ese distrito colindante también está saturada (por qué solo se muestra la concertada y no la pública no lo explica) y con unas ratios por encima del máximo legal (27 o 28 alumnos por clase en Primaria, cuando tendrían que ser 25). Y con estos mimbres, concluye que lo que está pidiendo el barrio es un centro concertado. El informe lo firma Coral Báez Otermín, directora del Área Territorial de Madrid-Capital, que falsificó su currículum para incluir dos doctorados que no tenía.

En Vallecas, con el mismo organismo y persona firmante, se repite el patrón: una demanda que no cubre la actual oferta y una previsión de incremento de los alumnos por ser un barrio joven y en expansión llevan a la conclusión, dice el informe, de que “las circunstancias descritas favorecen la necesidad de ofertar un nuevo centro de carácter privado concertado, para lo que se debe disponer de un solar (...) que pueda dar cabida a todos los alumnos cuyos padres demandan este tipo de enseñanza”.

En este caso, no es porque no existan ya centros privados sostenidos con fondos públicos, como sucede en Valdebebas; hay cuatro para Primaria y tres para Secundaria. Tampoco porque los concertados estén saturados y a los públicos no vaya nadie: para la Primaria, el informe admite que “hay más presión en la enseñanza pública con ratios más altas en algunos casos”. Será la Secundaria, entonces. Pero en la ESO el único centro público que aparece listado en el informe, el María Rodrigo, tiene una ratio de 28,1 alumnos por clase, mientras en los tres concertados es de 25,7.

La conclusión que saca la directora de la DAT Madrid Capital de estas cifras es que en los centros públicos “en ESO y Bachillerato existen vacantes”, mientras en los concertados lo que hay es una “solicitud de incremento de ratio (...) con objeto de atender la demanda no atendida [pese a que según el informe hay vacantes en todos los cursos en todos los centros concertados] y que origina las listas de espera de candidatos que manifiestan una preferencia inequívoca por la educación concertada”. Conclusión: “Las circunstancias favorecen la necesidad de un nuevo centro de carácter privado concertado”.

El informe de Villalbilla está realizado por la DAT Madrid-Este y firmado por Jorge Elías de la Peña y Montes de Oca. En este caso se realiza una sucesión de “antecedentes de hechos”, al estilo de una sentencia, en los que explica que la propuesta de construir un concertado parte de una decisión política plasmada en un convenio entre el ayuntamiento y la Comunidad. Esto es, se firma un convenio primero que estipula que se quiere levantar un colegio privado con fondos públicos y después, ya concretado y vigente el acuerdo, se realiza un informe para ver la conveniencia del proyecto.

A continuación, el texto detalla, con números, que los centros están saturados de alumnado, admite que los públicos “atienden con dificultades esta creciente demanda de plazas”, recuerda que se abrieron varios grupos más en los colegios públicos que también se llenaron y esgrime 573 firmas (sobre 16.000 habitantes) y que como hay cuatro centros públicos y solo uno privado, “no se garantiza completamente la libertad de elección” para concluir que se estima “favorablemente la autorización para la creación de un colegio concertado en la zona”.