Metro y medio de distancia entre alumnos. Clases de un máximo de 20 alumnos hasta 4º de Primaria. Mascarillas obligatorias en clase a partir de 5º de Primaria y solo si no se puede respetar la separación mínima. Hasta aquí llegan las certezas de cara a la vuelta al colegio en septiembre, y ni siquiera son tan certezas; son propuestas para el mejor de los casos: que la situación no empeore.
Casi tres meses después de que se cerraran los centros educativos de toda España, y tras haber centrado los esfuerzos en acabar este curso, el Ministerio de Educación, bajo la tutela del de Sanidad, empieza a abordar esta semana con las comunidades autónomas la vuelta a clase en septiembre. El departamento que dirige Isabel Celaá ha relajado sus propuestas respecto a los planes iniciales que se han ido deslizando desde el ministerio, pero la situación ofrece todavía muchos interrogantes. Y algunas imposibilidades que será un reto resolver.
Si hay que respetar metro y medio entre alumnos, y teniendo en cuenta que la mayoría de los centros educativos (urbanos, los rurales no tienen estos problemas) están masificados, ¿qué va a pasar con los alumnos que no quepan en su colegio? ¿A qué se van a dedicar los 2.000 millones de euros provenientes de Europa que el Gobierno destinará a Educación pero deben gestionar las comunidades? ¿Y si hay un rebrote, como el que en Israel ha provocado el cierre de más de un centenar de escuelas?
Escalando los grupos de confianza
Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha explicado este miércoles que el Gobierno ha separado a los estudiantes en tres grandes grupos para gestionar su vuelta. Por un lado están los más pequeños, hasta 4º de Primaria incluido (diez años), otro grupo son los alumnos de 5º hasta el Bachillerato y el último los universitarios.
Para cada grupo se van a ir proponiendo soluciones diferentes en función de las características de cada uno. Específicamente, el grupo que requiere más atención, ha explicado Simón, es el de los pequeños: “Si tuvieran la capacidad de llevar la mascarilla y no relacionarse íntimamente con sus compañeros, sería más fácil”, ha admitido. Pero no es el caso, por lo que requieren medidas ad hoc.
La idea del Gobierno, ha desgranado Simón los planes avanzados por la mañana por Educación, es crear “cohortes, grupos reducidos con la misma experiencia y separados de los otros grupos lo más posible para que si hay transmisión en uno no haya en los demás”. Se escala el grupo de riesgo en el que se confía para no contagiarse, pero también para cortar la transmisión en caso de infección: hasta ahora venía siendo la familia con la que se convivía. En septiembre, para los más pequeños, será también su clase (disminuida).
Para ello, la primera propuesta es reducir las ratios en clase. Educación propone –y debatirá con las comunidades autónomas este jueves en la Conferencia Sectorial– que las clases hasta 4º de Primaria tengan “idealmente” 15 alumnos, que podrán subir hasta 20 (la experiencia previa en España con las ratios cuando se pone un máximo flexible suele ser que lo excepcional es norma).
Sanidad y Educación renuncian a que este grupo cumpla con las medidas más estrictas de seguridad e higiene. “Hay que ser realista y proponer medidas factibles. No podemos tener a los niños sentados horas sin que se muevan, no podemos tenerlos separados en el colegio. Hay que buscar alternativas”, ha expresado Simón.
Las propuestas para el tiempo en clase se deben complementar, ha explicado el responsable sanitario, con otras que “no echen por tierra el trabajo en las escuelas”. Por ejemplo, evitar las aglomeraciones en las entradas y salidas escalonándolas, misma solución que se podría realizar para las horas de patio.
Para los estudiantes de entre 5º de Primaria y Bachillerato se impondrá una distancia mínima de 1,5 metros en clase, pero el límite de alumnos por aula lo dictará el tamaño de las clases.
Qué pasa con las ratios
Qué va a pasar con los profesores en esta situación –los de Primaria, por ejemplo, atienden a más de un grupo normalmente– es algo que ni el Ministerio por la mañana ni Simón por la tarde concretaron. Quedará en manos de las Comunidades Autónomas (como todo, realmente, dado que suyas son las competencias) desarrollar la letra pequeña de las recomendaciones más o menos gruesas que hará el Gobierno central.
El número de alumnos por aula es la clave para la vuelta. Y los directores y profesores insisten: las cuentas no salen: no hay manera de que entren todos los alumnos en los centros.
En muchas regiones, por ejemplo Madrid, colegios e institutos ya están saturados de normal. El Ministerio habló de “habilitar” espacios para dar clase, pero los profesionales recuerdan: “La mayoría de los centros ya tienen habilitados esos espacios para la docencia”, explica un director. “Raro es el colegio de Primaria que tiene un salón de actos”, cuenta otro. Hay colegios habilitados como institutos (pensados por tanto para ratios por aula más bajas), hay antiguos almacenes o baños que ya se utilizan total o parcialmente como clases.
Porque raro es el colegio que tiene el número de alumnos para el que fue pensado. En un principio, la normativa establece un espacio de 1,5 metros para cada alumno, pero básicamente no se cumple ya. Con la nueva distancia establecida por el ministerio (1,5 metros entre alumnos), cada estudiante necesitará un espacio propio mínimo de 2,25 metros cuadrados.
La solución a este problema es una: no van a caber. Al menos no todos a la vez. Con esta certeza las alternativas no son tantas: van a hacer falta o más metros cuadrados (que no existen), que los profesores actuales asuman más horas lectivas para llegar a todos los alumnos en diferentes horarios o en sus casas si se llega a ese extremo, o que los colegios tengan más profesores que se hagan cargo de esas horas extra creadas.
La solución obvia, si se le pregunta a los profesionales, es contratar más docentes. El Gobierno va a destinar 2.000 millones de los fondos europeos contra la pandemia a la educación, que deberán gestionar las Comunidades Autónomas. Algunas ya han anunciado su intención de hacerlo, aunque otras como Extremadura sacaron un primer plan que preveía perder docentes. El sindicato CSIF calcula que hacen falta unos 40.000 más. CCOO sostiene que los 2.000 millones están muy bien, pero se quedan cortos: hacen falta 7.000 para adaptar los centros a la nueva realidad, aseguran.