Menos de un mes después de su entrada en vigor, la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como 'Ley Mordaza', ya ha empezado a contar con sus primeros sancionados. Eduardo Díaz, vecino de la localidad tinerfeña de Güímar, no salía de su asombro cuando sobre las 18:30 del pasado 22 de julio, una pareja de policías se presentó en su domicilio para entregarle una denuncia por haber criticado a la Policía Local con palabras como “casta de escaqueados” a través de Facebook. Eduardo se enfrenta a una multa de entre 100 y 600 euros.
La denuncia, que será remitida a la Subdelegación del Gobierno de Tenerife, especifica que se ha interpuesto en aplicación de la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la Seguridad Ciudadana, vigente dese el pasado 1 de julio, que en su artículo 37 contempla como infracción leve “las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones”. El motivo, según los agentes, es haber realizado “comentarios faltando al respeto y consideración al colectivo de la Policía Local de Güímar a través de las redes sociales (Facebook)”
Eduardo, de 27 años y miembro activo del grupo La Franja de Guaza, que se dedica a realizar críticas de las noticias locales desde un punto de vista satírico, escribió tres comentarios seis horas antes de que la policía se presentara en su casa en el perfil de Facebook de la alcaldesa de la localidad, Carmen Luisa Castro Dorta (PP). La regidora anunciaba el traslado de la Policía Local al edificio del Patronato Municipal de Servicios Sociales y de éstos al Ayuntamiento. Una decisión con la que Eduardo no está de acuerdo: “La policía estará en un espacio muy grande, mientras que a Servicios Sociales los relegarán a un cuchitril”, comenta en conversación con eldiario.es
En concreto, en el primer comentario, Eduardo opinaba que “lo mejor para controlar a una 'casta' de escaqueados bien acomodados en convenios y estatutos es alejarlos del centro de poder. Sí señor. Qué grandes. Y para bordar la jugada les ponen un kioskito, con caipiriñas, hamacas y una piscina”. En el otro comentario, que también se refiere directamente a la policía, señala: “La Policía Local de Güímar, que rescata pichones y a gente atrapada en los baños (jeje) pasará a tener unas instalaciones más grandes que las de la Guardia Civil. Cracks!”.
La alcaldesa lo justifica
Este licenciado en Historia con Máster en Formación de Profesorado que trabaja como agente comercial en una compañía de seguros se muestra sorprendido y califica lo que le ha pasado de “locura”. Nunca le había ocurrido algo similar, “y eso que suelo hacer comentarios de crítica política parecidos, siempre me ha gustado comentar las cosas que ocurren”, sostiene. “Es increíble que piensen que estoy alterando el orden público o poniendo en peligro la seguridad ciudadana, solo he expresado mi opinión”, dice.
El abogado y miembro del colectivo Legal Sol Endika Zulueta explica cómo abrir un expediente sancionador en base a la Ley de Seguridad Ciudadana “reduce ampliamente las posibilidades de defensa porque la Administración se convierte en juez y parte”. Por ello, en su opinión, si la policía como institución cree adecuado realizar acciones para sancionar una conducta, “debería interponer la correspondiente denuncia por injurias y que fuera el juzgado el que decidiera”. En el caso de Eduardo, “seguro que la archivaría porque los hechos son impunes”.
No obstante, Castro Dorta, alcaldesa de la localidad justificaba así el pasado 24 de julio que los agentes utilizaran la 'Ley Mordaza' si se sentían ofendidos: “El colectivo de la Policía Local ha tramitado la denuncia porque se ha sentido muy ofendido por un comentario hecho por un vecino de Güímar sobre la labor que está realizando”, según La Opinión de Tenerife, que recoge las declaraciones hechas a cadena Cope. “Una cosa es criticar el trabajo que hacen y otra es hacerlo en unos términos en los que el colectivo se ha visto ofendido”, reiteró.
“No se ajusta a la ley”
El joven no duda en que recurrirá la denuncia si finalmente prospera porque cree que “el objeto no es acorde al contenido de la ley”. Así lo confirma también la abogada especializada en Derecho Penal Isabel Elbal, que explica las dos razones por las que no se ajusta a la norma: por un lado, la ley especifica que serán sancionadas las faltas de respeto que se dirijan a un miembro en concreto. Es decir, “que se señale a un agente con nombre y apellidos”, interpreta la experta.
Sin embargo, los comentarios de Eduardo se referían al cuerpo policial de una manera genérica. “Se trata de una crítica a una institución, algo que un Estado democrático debería asumir”, analiza Zulueta. “Tratar de imponer sanciones que se transforman en censura es más propio de un Estado autoritario”, resume.
Por otro lado, la ley contempla la sanción siempre que sea en el ejercicio de las funciones del agente, o lo que es lo mismo “un policía al que te encuentras por la calle que está haciendo su trabajo con el que tienes un encontronazo verbal y le insultas”, matiza Elbal. En este caso, los mensajes que lanzó Eduardo a la red “no son más que una manifestación del ejercicio de libertad de expresión”. Por ello, según Zulueta, la sanción no debería prosperar o, si así fuera, se le debería dar la razón al sancionado.
Sobre el hecho de que dos policías locales se presentaran en casa del joven para notificarle la denuncia, la experta comenta que “hay otras formas de hacerlo, como por correo certificado, menos intimidatorias y exageradas”. Para Zulueta, el caso “sirve de ejemplo de cómo el Parlamento ha aprobado una ley que hiperprotege a la autoridad, mientras minusvalora los derechos fundamentales”.
De hecho, el pasado 24 de julio, el Comité de Derechos Humanos de la ONU emitió sus observaciones finales tras el examen realizado a España en materia de derechos civiles y políticos. Entre los principales problemas detectados se encuentra la Ley de Seguridad Ciudadana, de la que denuncia “el efecto disuasorio que puede tener para la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica” e insta al Estado a revisarla. La norma ya fue criticada por el organismo el pasado febrero, sin embargo, y a pesar de la oposición social, la llamada 'Ley Mordaza' fue aprobada en solitario por el PP y entró en vigor en medio de numerosas protestas.