Los restos de Primo de Rivera salen de Cuelgamuros

64 años después de la inauguración del Valle de los Caídos —ahora llamado Cuelgamuros—, los restos del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, han salido del templo para cumplir la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022. El proceso de exhumación se ha realizado a puerta cerrada desde primera hora de la mañana de este lunes. En torno a la 7.40 han entrado dos coches fúnebres y una furgoneta de la funeraria, además de algunos vehículos de familiares. Cinco horas después, cerca de las 13.00, el cortejo fúnebre con los restos de Primo de Rivera se ha dirigido hacia el cementerio de San Isidro, mientras una decena de personas le ha despedido con unas pancartas y gritos de “José Antonio presente”.

La exhumación del falangista llega cuatro años después de que el cadáver de Francisco Franco fuera exhumado del mismo Valle en octubre de 2019 y medio año después de que los restos mortales de Gonzalo Queipo de Llano, general golpista, fueran igualmente exhumados de la basílica de la Macarena.

Primo de Rivera fue juzgado por la República por sublevación, fusilado en 1936 y enterrado en una fosa común. Al terminar la guerra, fue trasladado al Monasterio de El Escorial y en 1959 a su ubicación actual por decisión del dictador. En octubre del año pasado entró en vigor la Ley de Memoria Democrática, que en su artículo 54.4 establece que en el Valle solo podrán yacer los restos de personas fallecidas en la Guerra pero en ningún caso ocupar un “lugar preeminente en el recinto”, como es el caso del fundador de Falange, enterrado a los pies del altar mayor de la basílica. Ese artículo se complementa con el 38.2, que rechaza que los restos de responsables del golpe militar puedan estar en esos “lugares preeminentes”.

Discretamente y con los familiares

Aunque existía la posibilidad legal de mantener sus restos en alguna de las criptas anexas al templo, retirándolos así de su emplazamiento destacado, la familia optó por llevarlos a un cementerio católico, el de San Isidro de Madrid, como él mismo había indicado en su testamento. Desde el pasado octubre, con la entrada en vigor de la ley, el Valle se convirtió en un cementerio civil. La extracción del féretro se ha consumado discretamente, con el templo cerrado al público, únicamente en presencia de los familiares y los trabajadores encargados de levantar la gran losa que cubre su tumba y sin periodistas, en una operación que dará cumplimiento a uno de los apartados de la Ley de Memoria Democrática de 2022. El prior de la abadía benedictina, el polémico Santiago Cantera, ha rezado un responso antes de que el ataúd salga del mausoleo rumbo al cementerio. Una vez allí, tras su incineración, los restos serán depositados junto a los de otros familiares, como su hermanos Miguel Primo de Rivera y Sáenz de Heredia, que fue ministro con Franco, y Pilar Primo de Rivera, fundadora de la Sección Femenina.

El cementerio inició el viernes pequeñas obras de reacondicionamiento para preparar la llegada. Concretamente, los encargados del mantenimiento han esparcido arena alrededor de cuatro de los seis sepulcros que la saga Primo de Rivera mantiene en el cementerio, adecentando los alrededores de los mismos.

Todo el proceso se ha acometido de acuerdo con la familia y ha estado exento de la enorme expectación mediática y polémica política que en 2019 acompañó la exhumación del dictador Francisco Franco, enterrado junto a Primo de Rivera desde 1975.

A diferencia de lo que sucedió entre 2018 y 2019 con la exhumación de Franco, paralizada por el Supremo durante meses a instancias de la familia y con una fuerte oposición pública de los descendientes del dictador, desde el comienzo los familiares de Primo de Rivera han pedido que este proceso se haga “dentro de la intimidad” y que no se convierta en una “exhibición pública propensa a confrontaciones de ninguna clase entre españoles”. Los descendientes se adelantaron a cualquier actuación gubernamental para la reubicación y en cuanto se aprobó la norma comunicaron su pretensión de exhumarlo, tanto al prior de Cuelgamuros como a la Comunidad de Madrid, al tiempo que solicitaron el permiso de obras al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial.

Grupos falangistas en contra de la exhumación

A pesar de que la familia ha pedido llevar a cabo la exhumación de forma discreta, cientos de ultraderechistas han recibido entre cánticos y saludos fascistas los restos en el cementerio de San Isidro. La Policía delimitó una distancia de seguridad para separar a los falangistas del cementerio. Sin embargo, algunos manifestantes se saltaron el cordón y se enfrentaron a la policía mientras el resto les animaba al grito de “¡Arriba España!”, “José Antonio” y cantando el Cara al sol.

Respecto a posibles sanciones que el Gobierno pudiera aplicar por los homenajes a Primo de Rivera, los partidos falangistas se muestran convencidos de que no existe base jurídica para sancionarles, ya que realizan un homenaje a una víctima de la Guerra Civil, según argumentan. El Gobierno ya abrió un expediente a Falange por varias manifestaciones que se produjeron el pasado 20 de noviembre. Señalan sin embargo que el proceso se encuentra detenido.

En esta línea, la Fundación Nacional Francisco Franco ha tachado la exhumación de los restos de “actuación ruin y guerracivilista del Gobierno” y se ha calificado al presidente del mismo, Pedro Sánchez, como el “indiscutible campeón mundial de la infamia” por su acción “miserable”.

Más de 8.500 euros

El importe presupuestado para la retirada de la lápida de granito de 3.500 kilos que cubre la fosa y su reposición por seis losas de mármol negro semejantes al del suelo que la circunda asciende a 8.630 euros.

Este domingo, la vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, valoró la exhumación de los restos del fundador de La Falange, como un gesto de “justicia y dignidad democrática”. “Es necesario cumplir con la dignidad de las víctimas y la memoria democrática. En definitiva, cumplir con la ley para que ninguna persona que haya participado en el golpe de estado con protagonismo, como Primo de Rivera, esté en un lugar donde se pueda enaltecer su figura”, ha añadido.

Los restos de José Antonio Primo de Rivera han pasado por varias ubicaciones a lo largo de la historia. De hecho, este es su quinto entierro. El fundador de la Falange fue primero enterrado en Alicante, primero en una fosa común y después en un nicho. En 1939 su féretro se trasladó al Escorial en una procesión a pie que duró diez días hasta su destino final en la capilla de los reyes del monasterio. Veinte años más tarde, en 1959, los restos se movieron nuevamente, esta vez a la basílica de Cuelgamuros, coincidiendo con la inauguración del recinto mandado construir por Franco para perpetuar la memoria de los que cayeron “en nuestra gloriosa cruzada” bajo una enorme cruz de piedra de 150 metros.

Un derecho que las víctimas del franquismo solicitan desde hace años

La exhumación de Primo de Rivera, solo seis meses después de que esta fuese solicitada por la familia, tiene lugar mientras los descendientes de represaliados durante la Guerra Civil y sepultados en el Valle llevan años solicitando ese mismo derecho. 

En el ahora llamado Valle de Cuelgamuros yacen los restos de 33.833 personas, combatientes de ambos bandos de la Guerra Civil, un tercio sin identificar. De esta forma, Cuelgamuros continúa siendo la mayor fosa común de España. Hay descendientes que quieren hacerse cargo de sus familiares; pero las exhumaciones han estado sometidas a numerosos obstáculos en las últimas décadas, tanto de índole política como judiciales. El pasado mes de diciembre el Gobierno reanudó por fin los trabajos para recuperar los restos de 118 víctimas reclamados por sus familias, tras una paralización de varios meses ordenada por un juzgado de Madrid.

El portavoz de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, lamentaba hace unos días en declaraciones a este medio “que todavía haya miles de familias republicanas que están esperando la exhumación de sus parientes” y esperan que esas identificaciones se hagan con “una ayuda pública”. “La única realidad es que se han exhumado a políticos y no a las víctimas”, añadía el abogado Eduardo Ranz, cuyos familiares siguen en Cuelgamuros.