La comisión que escruta el dinero público destinado a la concertada no se reúne desde que gobierna el PP
La comisión que se creó en la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero para examinar el dinero público que se invertía por cada aula de los centros concertados lleva sin reunirse desde que el PP llegó al Gobierno en 2011. El Consejo Escolar del Estado ha llamado la atención sobre esto al Ministerio de Educación en su último informe, donde recuerda que este grupo de trabajo –formado por comunidades autónomas, sindicatos y organizaciones representativas de la concertada– está previsto en una disposición de la LOE aún en vigor.
La comisión trabajó entre 2010 y 2011 sin concluir –o si se ha hecho no es público– el que era su propósito: desgranar el coste real de la concertada a través del estudio a fondo de todos los conceptos (profesorado, mantenimiento...) para garantizar, entre otras cosas, una financiación adecuada que evitara cuotas extras que, como apuntan varios estudios, siguen cobrando una mayoría de centros a las familias aunque no está permitido. Son las propias patronales las que usan este argumento para justificar el desembolso.
Los centros concertados se financian de la siguiente manera: el Gobierno marca en los Presupuestos Generales del Estado unos módulos económicos que responden al coste de cada aula por año según el nivel. Este precio se redujo un 5% de 2009 a 2010 y hasta 2015 se ha mantenido estable, sin recortes. Y el año pasado ya empezó a aumentar ligeramente: de 37.077,30 euros por clase de Infantil o Primaria a 37.448, aunque no se ha llegado a los niveles anteriores a la crisis. Las enseñanzas de Secundaria y Bachillerato son más caras, igual que la Formación Profesional o la Educación Especial, cuyos presupuestos están desglosados por niveles.
Las comunidades autónomas, con competencias educativas, deben respetar este mínimo pero todas lo tienen ampliado en sus presupuestos con el objetivo, explican desde CCOO, de equiparar los salarios de los docentes de estos centros con los de la pública, bien con subidas sobre el salario base y trienios o con complementos autonómicos de analogía. En Madrid, por ejemplo, el coste en Bachillerato es de 87.979 euros anuales, 15.000 más que lo que establece como mínimo el Ministerio.
El Consejo Escolar del Estado dice en su informe que la financiación básica del Estado es “insuficiente” e insta al ministro Íñigo Méndez de Vigo a que convoque a la comisión para “el estudio de la cuantía de los módulos y la valoración del coste total de la impartición de estas enseñanzas en condiciones de gratuidad”. eldiario.es ha preguntado sin éxito al Ministerio si pretende reactivar este grupo de trabajo y por qué no lo ha hecho hasta ahora.
La patronal de la concertada quiere retomarla
Las patronales de la concertada, como Escuelas Católicas, tienen interés en que los trabajos se retomen porque piensan que, de concretarse una cifra tras el estudio pormenorizado, se pondrá blanco sobre negro que “hay un déficit en la financiación y se corregirá” a su favor.
CECE, otra patronal, ha justificado incluso que la dificultad para cubrir gastos es lo que explica que pidan a las familias cuotas “voluntarias” adicionales, obligatorias en muchos centros al presentarse como servicios extra a los que no se puede renunciar, según un informe de la OCU sobre el tema. Tanto es así que en comunidades como la de Madrid existe un mandato expreso del consejero de Educación a los inspectores para vigilar que esto no ocurra.
En los últimos años, las asociaciones que aglutinan a la concertada, también la que agrupa a las familias (Concapa), han dicho públicamente que han echado de menos más apoyo institucional del Gobierno a su modelo y “en defensa de la libertad de elección de los padres”. Las quejas se producen en paralelo a una tendencia en comunidades que dieron alas al modelo de la concertada, como Madrid y la Comunitat Valenciana, a controlar más la gestión de estas aulas privadas con dinero público.
Mientras tanto, continúan las sesiones de la subcomisión para alcanzar un pacto educativo en el Congreso. El PP ya ha avanzado que está dispuesto a enmendarse en la eliminación de la Filosofía o a repensar que las evaluaciones externas no cuenten para nota, pero ha fijado una línea roja: “nuestra postura es inequívoca en esta cuestión, los padres tiene derecho a elegir el centro educativo”.
Los módulos económicos definen el coste de una unidad escolar, un aula, por año. En una primera versión de este artículo se asociaba este concepto con el precio por plaza.
