La Comisión Europea ha iniciado un procedimiento de infracción contra España por no haber aplicado la directiva europea contra el abuso sexual a menores. El organismo ha decidido enviar una carta de emplazamiento a las autoridades españolas, italianas y portuguesas como primer paso, que disponen ahora de dos meses para responder a la Comisión.
Los Estados miembros estaban obligados a implementar la norma a más tardar en diciembre de 2013, pero aunque el organismo reconoce “el reto” de implementar una directiva tan exhaustiva, apunta a que “para garantizar la protección efectiva de los menores frente a los abusos sexuales, los Estados miembros deben cumplir plenamente las disposiciones”.
La directiva, que data del 13 de diciembre de 2011, establece un amplio marco para combatir el abuso sexual en la infancia, una realidad oculta y silenciada que ha motivado solo en 2017 la interposición de 3.041 denuncias, una cada tres horas, según los datos disponibles del Ministerio del Interior.
“La UE tiene normas estrictas que penalizan estos abusos en toda Europa, lo que garantiza graves sanciones a los delincuentes, protege a las víctimas menores de edad y, en primer lugar, contribuye a evitar que se produzcan tales delitos. La Directiva también incluye medidas especiales para combatir los abusos sexuales de menores en la red”, prosigue la comunicación oficial de la Comisión Europea.
Vulneración del interés superior del menor
Según confirma el Ejecutivo comunitario, este procedimiento procede de la denuncia que varios colectivos, entre ellos la Asociación Galega contra o Maltrato a Menores (AGAMME) presentaron contra España hace tres años. La respuesta vino de la mano de la Comisión de Peticiones de la Eurocámara en abril de 2017, que avisaba de que la Comisión Europea comenzaría a investigar a nuestro país por una supuesta vulneración de los derechos de los menores víctimas de violencia sexual.
El organismo dio crédito a las quejas de las asociaciones y concluyó que la transposición de la directiva europea a la normativa nacional es “potencialmente no conforme” y que “podría existir una falta de diligencia en la instrucción de los casos de abuso sexual” en España.
Entre otras cosas, concluyó que en nuestro país se daba una “posible aplicación indebida del interés superior del niño como una consideración primordial”, algo que reconoce la directiva, además de que se podría estar dando una aplicación generalizada del Síndrome de Alienación Parental (SAP) y una supuesta falta de credibilidad de la declaración del menor víctima. La Comisión observó además que podría existir una falta de diligencia en la instrucción de los casos de abuso sexual a menores, incluidos los supuestos retrasos injustificados en la toma de declaraciones de las víctimas y el número excesivo de interrogatorios.
Muchos de estos puntos son los que las organizaciones de infancia llevan años denunciando como incumplimientos y que esperan que, en parte, puedan ser subsanados por el anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 28 de diciembre. Aunque ahora debe proseguir el trámite marcado y llegar al Congreso de los Diputados, el Gobierno incluye en el texto medidas en varios ámbitos y propone que los delitos sexuales contra niños y niñas prescriban doce años más tarde de lo que caducan ahora.