Una becaria de la Universidad Rey Juan Carlos, la alumna que ha tirado de la manta en el máster de Pablo Casado

María Dolores Cancio es una de las alumnas que recibió como “regalo o prebenda”, en palabras de la jueza, un título de máster en la Universidad Rey Juan Carlos. Y es la única que lo ha reconocido abiertamente ante la magistrada del Juzgado de Instrucción número 51, Carmen Rodríguez-Medel, que hasta ahora lideraba las investigaciones: este lunes ha elevado todo el caso al Tribunal Supremo, al encontrar indicios de delito en Pablo Casado, aforado por ser diputado. 

Cancio era becaria de investigación en aquel año 2008 y se encargaba de multitud de tareas en el Instituto de Derecho Público, la empresa que funcionaba de manera opaca bajo el paraguas de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, que dirigía Enrique Álvarez Conde, que organizó el máster de Cifuentes y de Casado y que ha acabado siendo clausurada tras la multitud de indicios de delitos hallados. 

Hacía un trabajo administrativo y docente a las órdenes del catedrático Conde, de quien era “estrecha colaboradora” y a quien la magistrada considera muñidor de un sistema por el que se regalaba títulos a alumnos “elegidos” mientras otros “ordinarios” asistían a clase, cuatro tardes a la semana, dice la jueza en su escrito. Tan lejos llegó este sistema arbitrario que sacaron mejor nota los que no se examinaron ni fueron a clase que los que sí cumplieron con sus obligaciones como alumnos: “Los que indiciariamente van a clase obtienen notables e incluso aprobados”. Los alumnos que no asistieron ni se examinaron obtuvieron sobresalientes.

Según lo que le relató Cancio a la jueza en su declaración del pasado 2 de agosto como investigada, tal y como recoge la exposición de motivos que justifica la elevación al Supremo, el título de Máster Oficial en Derecho Autonómico se lo dieron sin hacer nada. Es la única de las tres alumnas y tres profesores imputados en este caso que se ha autoinculpado en esta pieza separada y ha admitido esta práctica en esta universidad pública madrileña.   

La alumna Cancio “lo declaró de una manera muy convincente”, dice Rodríguez-Medel en su texto. Necesitaba un doctorado para poder ser profesora, ya que en ese momento hacía labores como docente pero con el estatus de becaria. Y su jefe, Álvarez Conde, le “animó” a matricularse en el máster, le dio instrucciones para conseguir las numerosas convalidaciones (18 de 22 asignaturas, exactamente las mismas que Casado y las otras dos estudiantes investigadas), y fue Conde quien decidió arbitrariamente cuáles se convalidaban. Es más, ella misma se encargó de gestionar las convalidaciones de las otras dos alumnas investigadas, como ha admitido a la magistrada, ya que también hacía gestiones de este tipo en el Instituto.

Cuando Cancio preguntó “qué trabajos tenía que realizar” para completar las cuatro asignaturas que no le fueron convalidadas, Conde le dijo “que no se preocupara, que no hiciera nada, ni siquiera el trabajo final de investigación”, así que “recogió el título sin haber hecho nada para merecerlo”, según el relato de la propia beneficiada a la jueza.

Por esta declaración, Cancio, que también ha firmado libros junto a Conde y a quien describe como un catedrático con “un poder absoluto” que daba “poco margen para negarse a sus instrucciones”, se enfrenta a los posibles delitos de prevaricación administrativa y cohecho impropio, el mismo que la jueza ve en Casado y en las otras dos alumnas que sí han sido imputadas y que mantienen que sí hicieron trabajos aunque no los han localizado. La jueza ha insistido para que se los remitan, al igual que ha intentado conseguir los de Casado, sin éxito. Cancio admite que ella nunca los hizo porque Conde le dijo que no hacía falta.

Esta alumna contó en los juzgados que cree que su jefe le regaló ese título para que no perdiera tiempo en su formación académica, ya que “su trabajo administrativo y docente estaba siendo muy productivo para el Instituto” y no le convenía que “perdiera tiempo acudiendo a las clases”. 

La jueza relata también que Cancio “fue despedida como consecuencia de una baja maternal”, pero en su opinión no ha hecho un testimonio interesado, puesto que “nada dijo” del resto de alumnos implicados y no extendió el posible delito a otros casos, simplemente contó el suyo sin implicar a otros: “Si hubiera querido perjudicarle [a Álvarez Conde] podría haberlo hecho extendiendo este procedimiento indiciariamente prevaricador de concesión del título no solo a ella sino a los demás alumnos del grupo escogido”, cosa que no hizo. Al final de su relato, la magistrada propone al Supremo que module la posible imputación de Cancio con “la atenuante analógica de confesión tardía”.

La versión de las otras dos alumnas

Junto a Cancio están imputadas otras dos alumnas por el mismo posible delito (Casado no está imputado por ser aforado) y su versión es muy distinta a la de la alumna que se ha autoinculpado.  Una de esas estudiantes que insisten en que se ganaron el título con su esfuerzo es María Mateo Feito, hija de María Teresa Feito, la asesora de Cifuentes que presionó en la URJC cuando saltó el caso máster de la expresidenta.

Esta alumna insiste en que fue a clase, pero la jueza puntualiza que esto es “desmentido por los alumnos del grupo ordinario”, es decir, quienes sí iban a clase y se examinaron no la recuerdan. Es la misma alumna a la que se le convalidaron asignaturas incluso antes de pedirlo y que mantiene que hizo trabajos, aunque no los ha podido aportar al no encontrarlos, ni tampoco la prueba de haberlos enviado porque relata (como hizo Casado en su momento) que los daba en mano y en papel. La jueza sospecha que quiso obtener el máster sin hacer nada (pese a su expediente académico brillante en la licenciatura de Economía) para poder iniciar el doctorado. 

La otra alumna investigada es Alida Mas Taberner, alto cargo en la Generalitat Valenciana cuando gobernaba Francisco Camps. Ella reconoce que no fue a clase (vivía en Valencia y eso lo convertía en imposible) pero insiste, como Feito, en que sí hizo trabajos aunque, al igual que Feito, no tiene rastro de ellos ni de los envíos porque no los mandó por mail “sino por otros medios”, incluido “dándoselo en mano cuando Enrique Álvarez Conde iba a Valencia”, recoge con extrañeza la jueza, que describe en su escrito al alto tribunal que le llama “poderosamente la atención esta aversión a mandar los trabajos por el medio más sencillo en 2008-2009 entre personas de alta cualificación profesional: el correo electrónico”.