La sanidad privada quiere que el Estado le compense los servicios prestados durante la pandemia de COVID-19. Pretende que parte de los fondos que el Gobierno va a transferir a las comunidades autónomas cubran los “costes de las peticiones que se nos han realizado”, según reclama el presidente de su patronal ASPE, Carlos Rus.
La emergencia sanitaria le ha llegado a la sanidad privada española tras haber vivido una década próspera. Hasta el momento en que golpeó el tsunami de la COVID-19, las clínicas habían encadenado diez años de crecimiento: los ingresos globales pasaron de unos 5.800 millones en 2008 a 6.670 millones en 2018.
El SARS-CoV-2 ha tenido un impacto de gran calado en el sistema sanitario español. A principios de abril, la pandemia obligaba a tener funcionando 6.500 camas de UCI (el nivel de inicio era de 4.400) de las que más de 5.000 estaban dedicadas a pacientes de COVID-19. A finales de marzo la mitad de todas las camas de hospital disponibles (sobre las 80.000) estaban ocupadas por contagiados de coronarivus, según ha informado el Ministerio de Sanidad.
La emergencia sanitaria ha puesto patas arriba durante unos meses el modelo de negocio de este sector. La necesidad de atender la oleada de pacientes con la nueva enfermedad paralizó las intervenciones quirúrgicas, las urgencias y consultas ajenas a la pandemia de muchos hospitales (públicos y privados). En el caso privado estas actividades son por las que facturan.
ASPE reclama que se les pague tanto por la atención a pacientes con COVID-19 derivados como por mantener sus instalaciones operativas “muchas veces ociosas: hospitales llenos de personal y vacíos de pacientes”, ha descrito Rus. Es decir, se quejan de que estos centros se han utilizado poco en muchas comunidades autónomas. Al empezar abril, la sanidad privada tenía unas 2.200 camas de UCI sin utilizar.
“Nuestro papel lo hemos entendido como servicio al país del que estamos orgullosos”, ha afirmado Carlos Rus. Obviaba casos como el destapado por eldiario.es en el que el grupo HM hospitales conminaba a sus trabajadores a tomar vacaciones durante la pandemia, que la empresa excusó diciendo que era para personal no sanitario. El grupo llegó a cerrar siete policlínicos. Numerosos grupos empresariales han reducido de alguna manera sus plantillas. La patronal catalana de clínicas, Aces, calculó que se habían presentado 30 expedientes de regulación temporal de empleo, aunque matizó que no afectaba a la atención sanitaria de la COVID-19.
Lo cierto es que Aspe reclama que el Gobierno les facilite alivio económico desde hace meses. Ya comunicó al Ejecutivo que se les debería financiar el 75% de su facturación habitual mientras no pudieran realizar su actividad hospitalaria ordinaria. La directora general del lobby sanitario privado Instituto IDIS, Marta Villanueva, vaticinó la quiebra “en semanas” de algunos centros. Ahora, en junio, la patronal también enarbola ese argumento para exigir las ayudas públicas: “Hay riesgo de quiebra asistencial y financiera. No solo para pequeñas clínicas sino también para grandes hospitales”, trasladó el pasado lunes en la comisión de reconstrucción del Congreso de los Diputados.
Hace una semana, el presidente de Aspe llevó en persona al ministro de Sanidad, Salvador Illa, su plan de rescate para la sanidad privada. El pasado 3 de junio, Carlos Rus desgranó datos recogidos en 124 hospitales privados (menos de la mitad del parque total). Aseguró que las operaciones habían descendido un 84%, las urgencias un 73% y las consultas otro 67%.
Estas clínicas atendieron, dijo, al 16% de los ingresados por COVID-19 y el 14% de los pacientes intensivos. También que han gastado 13,5 millones de euros en material como EPIs o respiradores. Y calificó la situación del sector de “dramática” en lo económico y en su viabilidad. El presidente de la patronal afirmó que Salvador Illa emplazó una respuesta para diez días, aunque el mismo Rus se ha quejado el pasado 8 de junio de que “seguimos esperando”. “No es sacar tajada, es minimizar pérdidas”, enmarca la patronal.
Ante esta situación, el Ministerio de Sanidad aclara que “las comunidades autónomas tienen mecanismos establecidos para compensar el gasto por derivación de pacientes”.
“Sin beneficios”
Además, la sanidad privada se ha presentado como reserva necesaria y “estratégica” en caso de una nueva oleada de COVID-19. Al describir la situación por la que reclama una inyección pública, la patronal de las clínicas privadas ha afirmado que “afrontamos una contingencia de enorme calado en el momento de mayor exigencia sanitaria del país en el caso de un posible rebrote”. Así, ligan las posibles ayudas con la necesidad de tener a punto sus servicios para afrontar repuntes graves de la pandemia.
La COVID-19 ha servido, analizan, para demostrar la bondad del modelo de colaboración público-privada que “reconoce a la sanidad privada como complementaria del sistema nacional de salud”. Una colaboración, han expuesto desde ASPE a los diputados, “que no es solo gestión eficiente, sino una opción altamente eficaz para incrementos de demanda puntual y en situaciones de colapso como la de esta pandemia”.
Algunos gobiernos autonómicos, los responsables de la gestión sanitaria habitual, han prestado oídos a las reclamaciones. La Generalitat catalana ha calculado ya que abonará más de 43.000 euros por paciente de COVID-19 ingresado en UCI privada. Un cálculo que choca con el de la Comunidad Foral de Navarra que estima el pago en 24.000 euros. La Xunta de Galicia se ha ofrecido a actuar de negociador en nombre de la sanidad privada ante el Gobierno central. El gerente del Servizo Galego de Saúde (Sergas), Antonio Fernández Campa, remitió una carta el 26 de mayo pasado a Carlos Rus en la que le decía: “Desde la comunidad autónoma entenderemos que cualquier posicionamiento que se quiera trasladar al mando único, el Ministerio de Sanidad [...] para buscar una solución al respecto encontraría nuestro apoyo”.
Con todo, el propio Rus ha declarado que las medidas [de alivio] adoptadas por el Gobierno, como la reducción del IVA sanitario a cero, la posibilidad de hacer ERTE o el acceso a los créditos ICO, “son del todo insuficientes”. Consideran que el esfuerzo público ha de ser mayor.