La Universidad Complutense ha informado a sus facultades y departamentos de que prorrogará el presupuesto para el año que viene y que recorta un 35% el gasto ante la falta de financiación pública, según han informado desde la vicerrectoría económica en el Consejo de Gobierno de la universidad.
El anuncio, adelantado por El País y confirmado por este diario, se produce apenas unas semanas después de que los seis rectores de las universidades públicas madrileñas exigieran a la Comunidad de Madrid un aumento en la finaciación pública que reciben, que desde 2009 está prácticamente estancada mientras el IPC ha subido un 35%. En términos reales, los campus de la región reciben hoy menos dinero que hace 15 años. La presidenta, Isabel Díaz Ayuso, acabó cediendo a la presión de los mandatarios y subirá la partida universitaria un 4,2%. Esto son unos 47 millones de euros más, una cantidad insuficiente, a decir de los rectores, que calculan que necesitan unos 200 millones solo para seguir funcionando con normalidad.
El anuncio ha caído mal en la comunidad universitaria no solo por el fondo, también por las formas, según las fuentes consultadas. Ni los decanos ni la comisión económica tenían noticia de que se iba a realizar este recorte. “Lo han metido en el informe sin subir la documentación con el plazo preceptivo. Han proyectado un power point a toda velocidad, que no se podía leer”, han protestado algunas personas presentes en la cita.
Las universidades públicas de la región llevan años sobreviviendo a base de unos ingresos extra ganados en los tribunales a la Comunidad de Madrid. Pero esos fondos se han acabado y las transferencias nominativas que realiza el Gobierno regional –principal punto de financiación de las universidades– no dan ni para cubrir las nóminas. En el caso de la Complutense, recibió en 2009 un total de 418 millones de euros por el capítulo IV; en 2024 fueron 403 millones. Quince millones menos, sin contar el aumento del coste de la vida.
En ese mismo periodo, los presupuestos de la Comunidad de Madrid han pasado de 17.689 millones de euros a 27.624 millones, una subida del 56%. Si el peso relativo de la universidad se hubiera mantenido constante en los presupuestos, corresponderían a las universidades públicas 1.624,36 millones de euros en 2024 en lugar de los 1.122,37 millones de euros aportados.
La falta de fondos llega cuando la universidad debe realizar un esfuerzo económico para ampliar y estabilizar plantillas, según le exige la Ley Orgánica del Sistema Universitario. En este contexto se produjo el enfrentamiento –también– por la no adhesión inicial de la Comunidad de Madrid al programa María Goyri del Ministerio de Universidades. Según este convenio, que firmaron entre el verano y diciembre todos los Gobiernos autónomicos excepto el madrileño, el ministerio cofinanciaría la incorporación de mil profesores a las universidades públicas, pese a no tener las competencias. El Ejecutivo de Ayuso se negó, bajo el argumento de que pasado el primer contrato de estos doctores (seis años) le tocaría hacerse cargo de la totalidad del programa. Pero la presión de los rectores, que ven cómo les crecen las obligaciones pero no la financiación para asumirlas, acabó doblando la mano de Ayuso, que finalmente firmó el convenio entre reproches.