A pesar de que en España se ha dado un cambio progresivo hacia una intolerancia social cada vez mayor respecto a las pseudoterapias, desde hace más de dos años diferentes colectivos practicantes de estas actividades sin validez terapéutica científica han decidido emprender acciones judiciales contra las personas críticas hacia ellas. “Parece que hay un intento de asfixiar a periodistas y comunicadores a base de querellas. Está claro que hay quien prefiere tenernos callados”, explica a elDiario.es la presidenta de la Asociación Española de Comunicación Científica, Elena Lázaro.
Recurrir a querellas y denuncias como arma para silenciar las críticas ha aflorado a medida que España pasaba de un clima de permisividad con las pseudoterapias a una repulsa mayoritaria hacia ellas. En el lado periodístico, la equidistancia a la hora de cubrir la información sobre estas terapias sanitarias sin respaldo científico, dando voz tanto a defensores como a críticos, se ha convertido en una práctica minoritaria. Con todo, a finales de 2019, la Asociación Española de Comunicación Científica (AECC) alertaba del aumento en el número de demandas contra periodistas y divulgadores que informaban sobre pseudoterapias.
Asimismo, las universidades han ido retirando progresivamente cursos y másteres sobre estas disciplinas. Hace unos meses, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) lanzaba un comunicado: “Las universidades no solo no podemos participar en actividad alguna que suponga un apoyo o difusión de estas terapias, sino que debemos condenar cualquier intento de utilizar nuestros campus para revestir de soporte científico a estas terapias sin base médica”.
Los rectores, incluso, hacían referencia a un posible resurgir de estas prácticas por la pandemia de COVID-19: “Aprovechar la situación de emergencia sanitaria para el fomento, promoción, difusión, comercialización y utilización de pseudoterapias es especialmente reprobable por la confusión que extiende entre los ciudadanos y ciudadanas y por el daño que puede ocasionar, sobre todo, a las personas en situación de vulnerabilidad y, por tanto, más indefensas frente al fraude”.
La última Encuesta de Percepción Social de la Ciencia, presentada hace unos días por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt) dedica un capítulo a la percepción y uso de las llamadas terapias alternativas que carecen de evidencia científica, como la homeopatía o el reiki. En este apartado se dan algunas aparentes contradicciones. Así, mientras que la confianza en estos métodos ha caído con carácter general (en la homeopatía han bajado en dos años del 25% al 17% y en el reiki del 16% al 11%), su utilización ha subido. El 19,6% de la población que recurrió a ellas en 2018 se ha transformado en un 23,8% en 2020, si bien se mantienen estables los porcentajes de personas que lo utilizan como alternativa a los tratamientos médicos convencionales (26,2%) frente a quienes recurren a ello como complemento (72,5%).
Diferentes colectivos sanitarios, entre ellos la Organización Médica Colegial, critican desde hace años y con dureza las terapias no respaldadas por la ciencia, aunque, paradójicamente, la mayoría de Colegios de Médicos siguen protegiendo a sus pseudoterapeutas colegiados. Por otro lado, en el ámbito político, el Plan del Gobierno para la Protección de la Salud frente a las Pseudoterapias sigue avanzando, aunque a un ritmo lento debido a la pandemia. Se espera que a partir de este plan surjan diversas iniciativas para proteger a los ciudadanos, entre ellos cambios normativos y acciones educativas.
En los últimos años, otros colectivos se han visto envueltos en un hostigamiento judicial por ser críticos con las pseudoterapias. Entre ellos destaca la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas (APETP) una organización española compuesta principalmente por profesionales sanitarios, investigadores y víctimas de pseudoterapias. Varios de sus miembros han recibido múltiples amenazas legales, así como querellas y denuncias por criticar terapias sin respaldo científico como la homeopatía, el dióxido de cloro o la bioneuroemoción.
Fernando Frías, abogado defensor de APETP y sus miembros, explica cómo en uno de los actos de conciliación le transmitieron cuál era su intención tras las numerosas denuncias y querellas: “Me dijeron que ellos tenían detrás a industrias con dinero, que nosotros no éramos nadie y que nos iban a freír a demandas hasta que nos rindiéramos”. Elena Campos, investigadora en biomedicina en el CSIC y presidenta de APETP cree que “aquellos cuyo negocio consiste en ofrecer falsas terapias (lo cual está prohibido por ley, pero apenas se persigue) se juegan su fuente de ingresos. Con lo cual les resulta rentable denunciar, aunque se archive”.
Entre las acusaciones detrás de estas denuncias se encuentran presuntos delitos contra el honor, injurias, calumnias e incluso presuntos delitos de odio. Campos expone hasta qué extremo llega este acoso judicial: “La cosa es aún más surrealista cuando se nos acusa abusar de la libertad de expresión por denunciar públicamente la irregularidad de las prácticas ejercidas por pretendidos profesionales que, en ausencia de la titulación y permisos necesarios, llevan a cabo actividades con finalidad sanitaria, o asocian, generalmente con motivos comerciales, propiedades sanitarias a productos o actividades que carecen de aval científico y en ausencia de control sanitario. También nos han llegado acusaciones de tener contactos con la mafia rusa, o se nos ha pretendido enjuiciar por delitos contra los consumidores. Curiosamente, dicha denuncia venía de entidades que venden o son promotoras precisamente de, por poner un ejemplo, la venta ilegal de un tipo de lejía como remedio contra el cáncer, enfermedades infecciosas o el autismo”.
Aunque todas las denuncias y querellas hasta ahora se han archivado o no han pasado del acto de conciliación, las personas que se ven inmersas en procesos judiciales tienen que hacer frente a las costas. Para paliar el perjuicio económico que requiere su defensa legal, APETP decidió iniciar una campaña de donaciones en la que han recaudado, por ahora, más de 10.000 euros.
La ofensiva de múltiples colectivos relacionados con prácticas sanitarias sin respaldo científico no se limita al ámbito judicial. Elena Campos denuncia otras prácticas que ha llegado a sufrir por informar sobre ellas: “En mi caso, han llegado a contactar con mi centro de trabajo para acusarme de farsante, o diciendo que he amenazado de muerte a gente que ni conozco mediante llamadas de teléfono anónimas. Por supuesto, cuando me pasaban la llamada, esta se cortaba. Es decir, es una estrategia que busca amedrentarnos, de una u otra forma”.
Para Campos, “resulta incomprensible cómo, con la Ley en la mano, deba ser una asociación o personas a título individual quienes se movilicen frente a estos hechos contrarios a la normativa vigente en materia sanitaria, en lugar de hacerlo las autoridades sanitarias, locales, autonómicas o nacionales competentes al efecto. Una simple búsqueda en internet, un paseo por las calles de cualquier población, revela la cantidad de establecimientos que venden falsos remedios o aplican falsas terapias sin ningún tipo de control. No se esconden, lo hacen de manera reiterada, conocen la normativa, se la saltan sin pudor, con conocimiento de causa en ocasiones, y, aun así, se atreven a denunciar a quienes intentan plantarles cara”.
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