La Comunidad de Madrid gana 127 millones con el suministro de agua mientras aumenta los cortes por impago
La Comunidad Madrid ha ingresado 126,9 millones de euros del Canal de Isabel II, la empresa que gestiona el agua de la región y de la que es accionista mayoritario. El pasado 23 de abril se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas en la que se aprobó el reparto de un dividendo complementario de 22,6 millones de euros.
A esta cantidad hay que sumar los 131,4 millones de euros que ya fueron repartidos como dividendo a cuenta a finales de 2014. En suma, la gestión del Canal se saldó el pasado año con 154 millones para repartir entre el accionariado: la Comunidad de Madrid, que controla el 82,4% a través del ente público Canal de Isabel II; y los 111 ayuntamientos que tienen el 17,6% de las acciones y se repartieron 27 millones de euros.
De este segundo paquete, el Ayuntamiento de la capital controla el 10% de las acciones, es decir, ingresó algo más de 15 millones de euros. La Comunidad de Madrid es por tanto la principal beneficiada económicamente de la conversión del Canal en sociedad anónima.
Da la casualidad que la empresa continúa siendo pública por la presión de la ciudadanía, que incluso celebró una consulta popular en el que votaron 167.000 personas (el 99% a favor de la gestión pública). La Comunidad dio marcha atrás en sus planes de privatización en mayo de 2012, cuando el entonces presidente del Canal, Ignacio González, anunció la paralización del proceso para no “malvender” la compañía, a la espera de que “las circunstancias económicas así lo permitan”.
Desde entonces, las cuentas han sido muy positivas para el Gobierno regional a pesar de no haber logrado los ingresos de la venta de la compañía.
La empresa más importante de Madrid
La privatización de los suministros urbanos de agua y saneamiento suponen habitualmente la entrada de dinero líquido a las finanzas municipales, a través de lo que se conoce como canon concesional. Durante los años de la crisis, esta medida ha sido utilizada por diferentes municipios para sanear sus cuentas. “Estos cánones concesionales millonarios, lejos de mejorar las infraestructuras hidráulicas, se dedican a aliviar las difíciles finanzas municipales y son repercutidos en tarifa a los usuarios sin que aparezcan claramente reflejados en la factura”, explica el gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Agua y Saneamiento, Luis Babiano.
Una cantidad que el Canal ha pagado a los municipios en los que ha logrado la concesión del agua; es decir, actúa como una empresa privada fuera de la Comunidad de Madrid. Sucede desde el 14 de junio de 2012, cuando el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid autorizó la creación de la sociedad anónima Canal de Isabel II Gestión.
Desde entonces, el propio Gobierno regional y los ayuntamientos cobran dividendos por la gestión de una empresa que, aunque funciona como una empresa mercantil, sigue estando totalmente en manos públicas.
Las distintas Juntas de Accionistas celebradas han aprobado el reparto de 431,9 millones de euros en dividendos. El propio presidente de Canal Gestión y consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, reconoce en el Informe Anual 2013 que esos millones de euros son “una contribución a los Ayuntamientos en momentos muy difíciles para su financiación”.
De esos 431,9 millones, 356 han sido para la Comunidad de Madrid, 43 para el Ayuntamiento de Madrid, y los restantes 32,7 para 110 consistorios.
“Olvida el servicio público”
“Entre los aspectos que consideramos graves de dicho modelo podemos señalar su opacidad, la ausencia de instrumentos de participación ciudadana en la gestión integral del ciclo del agua, y su gestión mercantil, que se basa en una supuesta eficiencia económica cuyo objetivo último es la maximización del beneficio, relegando a un segundo plano objetivos esenciales de un servicio público, como la calidad, la equidad social o la responsabilidad ante la ciudadanía”, escribe la abogada penalista Liliana Pineda en el libro 'Más claro agua. El plan de saqueo del Canal de Isabel II', lanzado el pasado noviembre por la Ciudadana contra la Privatización del Canal de Isabel II y la Marea Azul.
Consultado por este medio, el economista José Manuel Naredo apunta que “lo público está parasitado por intereses bien privados. No basta con defender lo público, sino que hay que exigir también que las entidades públicas operen en beneficio del interés general”.
El propio Naredo, en el libro 'Más claro agua', escribe que esta compañía pública no es “una empresa cualquiera, sino la más importante de la Comunidad de Madrid en muchos aspectos, que cuenta con un inmenso patrimonio en terrenos, inmuebles, infraestructuras, dotaciones y derechos que el Estado le fue otorgando o financiando para facilitar su labor”. Fundada en 1851 por el Estado con dinero público, el Canal de Isabel II fue de gestión estatal hasta 1984.
Aumento de los cortes por impagos
De forma paralela a la creación de la sociedad anónima, y por tanto al reparto de dividendos, aumentaron los avisos de cortes de suministro a usuarios por impago. Así lo revelaron los datos a los que ha tenido acceso a este medio. “El aumento progresivo del número de cortes y condenas desde el año 2008 hasta 2013 puede ser debido en parte a la crisis económica, pero paralelamente se pone de manifiesto que la política del Canal se ha radicalizado especialmente a partir del año 2012, fecha de creación de la mercantil Canal de Isabel II Gestión S.A.”, expone, en un documento interno, la plataforma ciudadana.
Una forma de actuar que supone una violación del derecho humano al agua y al saneamiento aprobado en el año 2010, según reconoce la exrelatora de Naciones Unidas para el derecho humano al agua, Catarina de Albuquerque.
Los datos de aviso de corte en el Canal de Isabel II, a los que ha tenido acceso este medio, en 2008 hubo 18.674 avisos de cortes. En 2009 se pasó a 24.210 (un 29% más). Al año siguiente, la cifra disminuyó ligeramente hasta los 23.651 hogares; para aumentar nuevamente en 2011, con 25.768. El incremento fue muy significativo en 2012, cuando se llegó a los 41.324 avisos. Aunque sin duda fue 2013 el ejercicio más dramático: hasta el 30 de noviembre de ese año, última fecha disponible, 73.016 casas habían recibido el aviso.
La gestión del Canal está siendo un tema importante de cara a las elecciones del día 24 de mayo. Si la Iniciativa Agua 2015 ya logró el posicionamiento a favor de la gestión pública de todos los partidos de la Comunidad, excepto PP y Ciudadanos, recientemente Podemos ha lanzado la idea de un Banco del agua con el Canal, para financiar innovación y energías renovables. La propuesta del PSOE es un Observatorio del agua, donde estén representados los poderes públicos, los sindicatos, las asociaciones de vecinos, los consumidores y usuarios, además de las organizaciones ecologistas.
Por otra parte, el pasado día 5 de mayo se celebró una concentración convocada por los trabajadores y trabajadoras, a las puertas de la sede del Canal, en contra la destrucción del empleo y la precariedad laboral. Asistió el candidato de IU a la Comunidad, Luis García Montero.
Conflictos laborales
El último conflicto surgido en la empresa ha sido la concesión del servicio de call center a GSS Ventura, participada por la compañía de agua en un 25% y quien ha anunciado su intención de deslocalizar el servicio y trasladarlo a Perú. Una decisión que supone, según los sindicatos, la destrucción de 250 empleos.
De momento el concurso está paralizado porque otras dos empresas que optaban a la concesión han recurrido al Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.
Al paro también se suman las y los educadores ambientales del proyecto Canal Educa, cuyo objetivo es fomentar la educación ambiental en los centros de la Comunidad. Según informa Comisiones Obreras, la empresa adjudicataria de este programa, Lavola 1981, va a prescindir “de todos los educadores que trabajaban en Canal Educa por negarse a firmar contratos en fraude de ley. Canal de Isabel II, a pesar de tener conocimiento de esta situación, se ha negado a hacerse cargo y a mediar entre la empresa y los trabajadores, permitiendo que educadores cualificados con antigüedades de hasta siete años en el proyecto pierdan sus puestos trabajo”.
El sindicato también denuncia “la precaria situación del colectivo de trabajadores contratados temporales formado en la actualidad por más de 600 personas, que perciben los salarios más bajos del Estado y cuya vida laboral no se alarga más allá de tres años mediante el encadenamiento de contratos basura”.
En una carta del Comité de Empresa, fechada el 21 de noviembre de 2014 y dirigida a Salvador Victoria, exponían que desde la creación de la sociedad anónima la gestión es “puramente mercantilista”, centrada en “maximizar los beneficios a cambio de reducir el gasto de personal y los costes de inversión y mantenimiento”.
