La Comunidad de Madrid de Esperanza Aguirre pagó 5,5 millones de euros a Indra, una de las principales empresas implicadas en la trama Púnica, por un software que la empresa acabó no entregando por cuestiones técnicas, según justificó el Ejecutivo. Sin embargo, ese programa informático era necesario, por lo que el Gobierno regional recurrió a la Junta de Andalucía para utilizar una herramienta similar, que es la que se está usando finalmente, sumando así nuevos costes.
Este contrato fallido se adjudicó en mayo de 2010 y tiene como protagonistas a algunos de los principales actores implicados en la trama Púnica de presunta financiación irregular del Partido de Popular en la Comunidad de Madrid. El organismo público que asignó el trabajo por 15,8 millones de euros fue ICM, la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, dirigida entonces por José Martínez Nicolás y que dependía, a su vez, de la Vicepresidencia de Ignacio González. González ejercía entonces de mano derecha de la presidenta regional, Esperanza Aguirre.
González, Aguirre y Martínez Nicolás están imputados en la Audiencia Nacional por, presuntamente, desarrollar un esquema de financiación irregular del PP madrileño por el que Martínez Nicolás tenía el encargo de sus superiores de buscar empresas dispuestas a realizar pagos al partido una vez obtuvieran contratos públicos.
Entre las sociedades investigadas judicialmente está Indra (“parte singular en el concierto urdido por dirigentes del PP madrileño para utilizar las arcas públicas de la entidad ICM como fuente de ingresos del partido”, según ha descrito el juez Manuel García Castellón). Esta empresa recibió en mayo de 2010 el contrato de 15,8 millones para desarrollar el software de gestión educativa Nexus que jamás culminó a pesar de cobrar un tercio del presupuesto. Cinco años después se cancelaría ese encargo.
Fuentes de la Comunidad de Madrid explican a este diario que Indra no entregó el programa entero por cuestiones técnicas que hacían inviable el desarrollo del software, que la empresa entregó parte del material y que no fue penalizada por incumplir el contrato porque los problemas técnicos no eran su responsabilidad. También explican esas fuentes que el programa que finalmente se implementó en la educación madrileña por 2,2 millones de euros, basado en el que usa la Junta de Andalucía presidida entonces por el PSOE, es mucho menos potente que el que se intentó desarrollar, lo cual explicaría la diferencia de gasto entre uno y otro, que es de más de 13 millones de euros.
En 2010, la Comunidad de Madrid quería actualizar el sistema informático de gestión de los centros educativos. Según fuentes del Gobierno regional, tras un “exhaustivo análisis realizado por [la consultora] Deloitte” se decidió que para desarrollar el software se utilizaría la plataforma informática SAP, una herramienta muy extendida entre las empresas por las amplias posibilidades que ofrece para integrar sistemas operativos, bases de datos, herramientas de gestión, etc.
La elección de SAP y su inclusión como requisito en los pliegos, explican fuentes conocedoras de estos procesos, ya limitó los posibles candidatos a desarrollar Nexus (como se llamaba el software). Así, el 31 de mayo de ese año, el Gobierno de Esperanza Aguirre adjudicó a Indra el desarrollo del software por valor de 13,4 millones de euros (más IVA, 15,8 millones en total). La licitación fue abierta, explican desde el Gobierno y la oferta económica otorgaba hasta el 60% de los puntos.
En septiembre de 2012, tras dos años de trabajo y “en una fase muy avanzada de ejecución del contrato”, según la Comunidad, saltaron las alarmas. El producto no funcionaba como debía. Se colapsó tras implantarlo de manera experimental en 17 centros. Se suponía que iba a dar servicio a más de 3.000 en toda la región. Tras “varios meses de análisis”, Indra informó de que no tendría listo el encargo en los plazos acordados. Además, terminar el producto supondría más que duplicar el presupuesto inicial.
Tras otro “exhaustivo estudio” –como el que había sugerido utilizar SAP, pero sin que la Comunidad de Madrid especifique el autor esta vez–, “ni el fabricante del producto, ni el implantador, ni consultores externos podían garantizar la viabilidad de la solución con los requisitos específicos de la Consejería de Educación”, explican fuentes del Gobierno. Apuntaban ahora a que la plataforma SAP estaba dando problemas.
Finalmente, ante la evidencia de que Nexus no funcionaba, “el proyecto (...) se resuelve en 2015 por las dificultades para cerrar la definición funcional y desacoplar de esta los desarrollos”, explica de manera técnica la Comunidad de Madrid. Dicho de otra manera: como era inviable terminar el programa en plazo y forma, el Gobierno regional suspendió el contrato con Indra y abandonó ese proyecto. En esos cinco años se habían pagado 5,5 millones de euros a Indra que nunca se devolvieron.
¿Qué entregó a cambio la empresa? El Gobierno regional ofrece un detallado cuadro del nivel de ejecución de los diferentes hitos del proyecto. De 24 apartados, hay cinco terminados al 100%, uno al 90%, uno al 70%, tres al 50%, dos alrededor del 30%, cinco por debajo del 10% y siete que ni se empezaron. ¿Se puede entregar algo al 50%? ¿Se utilizó algo del trabajo de Indra a posteriori?
Según el Ejecutivo: “Se ha aprovechado parte de la metodología, diseño funcional, trabajo de implantación, buenas prácticas en la formación y el estudio del cuadro de mando”. Según un docente madrileño que ha seguido todo el proceso muy de cerca y que por su condición es usuario del sistema, “no se salvó más trabajo que el realizado a modo de posible documentación. Lo que se completó fueron desarrollos y pruebas de que la elección inicial de SAP fue incorrecta”.
El Gobierno regional no sancionó a Indra por incumplir el contrato. Según las fuentes del Ejecutivo, “los motivos por los que primero se suspendió y posteriormente se resolvió el contrato no fueron responsabilidad del adjudicatario, por lo que no procedía aplicar penalizaciones”. SAP falló y eso no es culpa de Indra, afirma el Ejecutivo. Pero el pliego de condiciones del contrato que firmó Indra cuando le adjudicaron Nexus ya incluía la obligatoriedad de desarrollarlo sobre SAP. La empresa aceptó las condiciones, pero o no previó o no supo resolver los problemas que surgieron. Indra no ha querido comentar acerca de la adjudicación y abandono del proceso Nexus.
Además, según el Gobierno regional, hubo otra circunstancia “inesperada”, añaden las fuentes: “La aprobación y posterior desarrollo normativo de la LOMCE”, que obligaba a cumplir unos plazos que Indra no alcanzaba. Así que la Comunidad decidió resolver el contrato y dar la relación con Indra por finiquitada.
Pero la Consejería de Educación seguía necesitando un programa de gestión, por lo que abrió otro concurso. Esta vez fue sobre seguro: se pagaron 2,1 millones de euros para implementar el sistema Séneca, desarrollado por la Junta de Andalucía y ya probado allí. En Madrid pasó a llamarse Raices (sin tilde) que es el gestor aplicado actualmente. A muchos profesores no les gusta nada Raices porque no acaba de funcionar bien.
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