La Comunidad de Madrid financió la matrícula de ocho de los 21 compañeros de promoción de Cristina Cifuentes inscritos en el curso 2011/2012. Esta ayuda pública supuso 12.000 euros a las arcas del Instituto de Derecho Público (IDP), una empresa al margen de la universidad que funcionaba de manera opaca y dirigida por el catedrático imputado Enrique Álvarez Conde. Sin embargo, uno de los funcionarios que aparece en el listado de estudiantes a los que el Gobierno regional financió su asistencia al polémico posgrado que está bajo investigación judicial asegura a eldiario.es que “nunca” se matriculó en él y que, por lo tanto, no lo ha cursado.
Su nombre, Julio A. G. J., aparece en una factura emitida por el IDP a la Consejería de Presidencia de la Comunidad, a la que ha accedido eldiario.es a través del portal de transparencia regional. Álvarez Conde firmó el documento económico con el concepto de “pago ocho matrículas en el 'máster oficial en Derecho Público del Estado Autonómico 2011-2012' URJC”. Está fechado antes de que comenzase el curso, el 29 de julio del 2011. A diferencia del resto de trabajadores de la Comunidad que también figuran en ese documento, sus datos no aparecen ni en las actas ni en los listados de alumnos de ese curso consultados por esta redacción.
La Comunidad de Madrid abonó 1.500 euros por cada uno de los estudiantes, entre ellos por Julio A. G. J. Es funcionario del cuerpo de técnicos de la administración general de la Comunidad y pertenece al más alto rango de la escala funcionarial (grupo A, subgrupo A1), según una respuesta del Ejecutivo regional al grupo socialista de la Asamblea de Madrid. “No he cursado ese máster y nunca me matriculé en él”, responde por correo electrónico a esta redacción, consultado por su presencia en esa la lista de becados firmada por el tutor de Cifuentes.
La Universidad Rey Juan Carlos no ha aportado información sobre este alumno, amparados en la “protección de datos” y descargan toda la responsabilidad en Álvarez Conde. “El IDP tenía una fiscalidad y organización propia”, reseña un portavoz de este campus madrileño.
Desmiente cualquier vinculación con el IDP
Entre la documentación con la que cuenta esta redacción, el nombre de Julio A. G. J. solo aparece en un listado de la Universidad de alumnos admitidos “para prueba”, en el que existe una relación de nombres a ordenador y a mano que luego no vuelven a aparecer en la documentación oficial. Uno de ellos, que como en el caso del funcionario que desmiente haberse matriculado no figura en las actas posteriores, aclaró a esta redacción que sí “postuló” al posgrado pero finamente se matriculó en otro en otra universidad.
Sobre este hecho, Julio A. G. J. sostiene que no tiene ninguna vinculación con el máster de Cifuentes. “No se por qué la URJC o el IDP pudieran en su caso disponer de esos datos míos”, apunta, ya que en el documento figura su mail, un número de teléfono y de DNI. Asimismo, añade: “Se me ocurre quizá pensar que en 2010-2011 hice un máster en el instituto de empresa que se ofrecía también a través del IMAP [Instituto Madrileño de Administración Pública ]. En la matriculación, todos esos datos son puestos a disposición del IMAP... (sic) En fin poco más te puedo decir sobre lo que planteas”.
La Comunidad de Madrid confirma a eldiario.es que este funcionario fue uno de los becados. La Dirección de la Función Pública tiene en su poder el documento que acredita que se financió a Julio A.G.J como parte de la lista de los ocho trabajadores de la administración regional con subvención.
Aparte de esta factura, fuentes de la Consejería de Presidencia –de la que depende esta dirección general– aseguran que en sus dependencias no existe ningún documento más que pruebe su participación en el máster. Las mismas fuentes confirman que no disponen de informes que acrediten que la Comunidad de Madrid controlaba si sus becados asistían a clase, hacían los exámenes o completaron el máster satisfactoriamente.
De hecho, uno de los que figuran en la lista –que ha pedido no revelar su nombre– admite que nunca terminó el máster que la administración le había sufragado casi en su totalidad con dinero público. “Me fui dejando el Trabajo Fin de Máster porque nos dijeron que, pagando las tasas, se podía retrasar. Lo demoré dos años pero ya lo dejé. Dejé de pagar las tasas”, explica en conversación telefónica con eldiario.es.
En la memoria justificativa de este programa, la jefa de área de formación especializada y documentación de aquella época, Nuria Manso, recuerda que esta oferta está recogida en “el marco del plan de formación para empleados de la Comunidad de Madrid, del año 2011” y propone el pago de 12.000 euros para matricular a estos ocho estudiantes. A la factura emitida por el IDP, le acompaña una propuesta de pago con un número que lo identifica y varios sellos de interventores de la Comunidad. El último, fechado el 13 de octubre del 2011 para justificar que fue aprobado ese día.
eldiario.es ha tratado de contactar con todos los trabajadores que figuran en ese documento. Una de ellas, Beatriz M. D no quiere dar explicaciones sobre su matriculación, asegura que le dedicó tiempo y que obtuvo un “sobresaliente”. Ricardo S.L, otro becado, afirma que acudió regularmente a clase y que nadie controló en la Comunidad de Madrid –al menos que él supiera– si había terminado el máster satisfactoriamente.
Los becados pagaron 300 euros
Lo mismo sostiene Vicente F.C, que relata a eldiario.es los trámites que tuvo que hacer para poder matricularse. “Tuve que presentar una memoria justificativa, como pasa normalmente en todos los cursos de formación, y el director general correspondiente redactó un informe favorable”, explica a eldiario.es. Asegura que pagó 300 euros –los otros 1.500 los asumía la Comunidad de Madrid– pero no realizó las gestiones de matrícula. Otro de los compañeros de clase, también trabajador de la administración regional, afirma a este medio que no recuerda si él mismo hizo la matrícula: “Creo que sí porque se necesitan muchos datos”. Ninguno de los alumnos contactados por esta redacción recuerda haber compartido clase o exámenes con Julio A.G.J.
Esta no es la única ayuda económica que recibió el instituto de Álvarez Conde. La Comunidad de Madrid destinó 369.723 euros a este departamento de la URJC. Esta cantidad fue obtenida durante los años en los que Pablo Casado (2008/09) y Cristina Cifuentes (2011/12) se matricularon en el máster de derecho autonómico. El organismo que organizó estos polémicos posgrados obtuvo 142.660 euros para subvencionar plazas para funcionarios en el posgrado de la expresidenta madrileña y para un curso sobre arbitraje y 200.000 euros para tres proyectos de cooperación al desarrollo.