El Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, expedientó por las muertes de COVID-19 a 14 centros de la red de residencias sociosanitarias de la región durante los dos meses más duros de la pandemia. En total, en toda la región hay 710 residencias, por lo que solo investigaron el 2% de ellas, las que acogen a solo 1.450 personas. En Madrid hay 42.523 usuarios y han fallecido estos meses 7.690 –1.203 confirmados con COVID-19–, lo que supone el 18,1% del total. Casi uno de cada cinco.
El Govern de Catalunya, una región también muy azotada por el coronavirus y con muchos brotes en este tipo de instituciones para mayores y para personas dependientes, ha abierto algún tipo de expediente a 209 centros del total de 1092, el 19%, habiendo contabilizado 4.702 muertes. Son todo datos remitidos por las propias comunidades autónomas al Gobierno, y un cálculo del propio Gobierno, al que ha tenido acceso eldiario.es. Están actualizados a 15 de mayo. La apertura del expediente no es la intervención en sí de una residencia por parte de un gobierno regional, sino la apertura de una investigación sobre el centro para saber qué está ocurriendo si, por ejemplo, se han registrado demasiados fallecimientos. Es el primer paso para poder intervenirlas.
No todas las comunidades han remitido ya sus cifras. Lo han hecho, además de Madrid y Catalunya, la Comunidad Valenciana, que comenzó algún tipo de expediente o informe en el 3,8% de sus centros; Asturias, el 38,8%; Andalucía, el 3,1%; Murcia, el 4,5%; Navarra, el 7,3%; Galicia, el 0,8%; y Baleares, el 0,8%. De entre las que han dado información al Gobierno, la Comunidad de Madrid es la que más fallecidos por todas las causas en residencias ha tenido estos meses, en términos relativos y absolutos. Y proporcionalmente, la tercera que menos centros ha expedientado, por delante de Galicia y Baleares –en cuyas residencias murieron el 3,2% de los usuarios y el 6%–. Un expediente no significa necesariamente una actuación judicial: los protocolos e implicaciones varían de una región a otra. Por ejemplo, en Asturias, según cuentan fuentes de su Gobierno, se ha activado la intervención sanitaria de las residencias cuando se ha dado un solo caso.
Las comunidades autónomas estaban autorizadas a intervenir las residencias por una orden del Ministerio de Sanidad del 24 de marzo, diez días después de que el Gobierno decretara el estado de alarma. Se facultaba a los gobiernos regionales como “autoridad competente” para actuar sobre los centros geriátricos y de personas con discapacidad si se daba un brote o la situación se desbordaba, lo que quería decir que podían, “por motivos de salud pública”, reubicar residentes o tomar las medidas que considerasen oportunas para garantizar su seguridad y asistencia.
Como la apertura de un expediente es el primer paso, fueron apenas 14 residencias las intervenidas por la Comunidad de Madrid durante esta primera ola de pandemia, y ninguna más fue investigada, amonestada, ni fueron tomadas sus riendas. Fueron, en abril, la DomusVi Espartales, Casaquinta Ciempozuelos, Isabel La Católica-La Ventilla, Fundación Reina Sofía Alzheimer, Sergesa Boadilla, Vitalia Leganés, Monte Hermoso Madrid, Residencia de Usera, Geriatel Rivas, Orpea Santo Domingo, Santísima Virgen y San Celedonio, La Purísima Concepción, Santa Teresa Jornet. Seis de ellas ya habían sido sancionadas antes, en meses y años previos a la pandemia. En Catalunya, de las 209 expedientadas, la Generalitat encargó la gestión a otra entidad distinta de la que lo hacía hasta ese momento en 13.
Las inspecciones realizadas por la Policía Municipal de Madrid, cuyas actas publicó eldiario.es, también desvelan que muchas residencias vivieron una situación desesperada durante lo más duro de la pandemia y no tuvieron amparo de la Comunidad de Madrid. En muchas había falta de personal sanitario y de equipos de protección, situación que se sumó a una ausencia de respuesta por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Al menos cinco de esos centros detallaron a los agentes cómo fueron ignoradas sus llamadas de socorro mientras sumaban infectados, fallecidos y trabajadores en cuarentena. Hoy mismo en la Asamblea, Ayuso ha defendido que ordenó no trasladar a personas mayores enfermas de residencias a hospitales por “pragmatismo”.