El Ministerio de Universidades ha cerrado con las comunidades autónomas –no por unanimidad– el cambio en el sistema de fijación de precios de las tasas universitarias que anunciaron la semana pasada. Con el nuevo método, que busca rebajar el coste de estudiar en la universidad en casi todas las regiones y armonizar precios entre las comunidades, al menos diez Gobiernos regionales tendrán que abaratar el precio de sus estudios superiores.
El nuevo sistema fija un tope de precios y es vinculante para todas las autonomías, pese a que no todas han votado a favor. Andalucía, Madrid, Castilla y León, Murcia y Euskadi son las regiones que no se han mostrado favorables, una lista muy similar a las que ha estado disintiendo del Ministerio de Educación en las etapas obligatorias. Fuentes de la Comunidad de Madrid han lamentado que el ministro haya “impuesto a las comunidades una bajada del sistema de precios públicos sin llegar a ningún acuerdo con ellas” y sin “ninguna propuesta económica concreta”. Estas mismas fuentes especifican que no están en contra de la bajada per se, sino de la imposición sin una alternativa económica.
Esta es la gran preocupación en las Consejerías de Educación: quién va a pagar esta falta de fondos que van a sufrir muchas universidades a partir de septiembre, y que se sumará a una financiación que todavía no ha recuperado los niveles previos a la crisis de 2008.
El acuerdo es de aplicación ya para el año que viene, aunque las partes se han dado un margen para que las comunidades que más tienen que rebajar sus precios lo hagan de manera paulatina hasta el curso 2022-2023. El acuerdo fija el precio máximo de 18,46 euros por crédito, cifra ligeramente inferior a la media del curso pasado (18,73) y que actualmente superan cuatro comunidades (Catalunya, Madrid, Comunidad Valenciana y Navarra). Sin embargo, diez tendrán que rebajar sus precios porque el sistema es complejo y no todas las comunidades pueden llegar al máximo establecido, se tiene en cuenta también el punto de partida para evitar que algunas suban los precios.
Catalunya es, con diferencia, la comunidad que más tendrá que rebajar sus tasas. En ese máximo de tres cursos, tiene que reducir sus precios públicos un 43,2%. Una parte de este descenso ya estaba previsto por la Generalitat, que se ha comprometido a bajar el precio de las matrículas en un 30% de cara al próximo curso, informa Pau Rodríguez. Después de ser la comunidad autónoma que más encareció las tasas, con una subida de hasta el 66% durante la etapa de CiU, el Govern asumió finalmente la demanda de estudiantes y rectores e incluyó una partida para rebajar los precios dentro de los Presupuestos de 2020 aprobados con el apoyo de los Comunes.
Madrid es la segunda región que un mayor esfuerzo tendrá que hacer, con un descenso previsto del 20,7%. La Comunidad Valenciana (-12,62%), Navarra (-7,14%), País Vasco (-4,71%), Extremadura (-4,19%), Aragón (-4,1%), La Rioja (-3,52%), Baleares (-3%) y Castilla y León (-2,68%) son las otras regiones que tendrán que bajar sus precios públicos.
Un método complejo con máximos, pero no mínimos
El método coge como referencia los precios medios que había en el curso 2011-12 (el último antes de la subida de tasas que alentó el Gobierno de Rajoy y abrazaron casi todas las comunidades) para fijar el tope, aunque no habrá mínimo. Según un complejo sistema, el precio de referencia serán 16,05 euros por crédito oficial de grado en España, al que se le añade un 15% como valor máximo del coste, según explica una nota del Ministerio de Universidades.
Así, según este nuevo método y los precios que tiene cada comunidad autónoma, se establecen tres grandes grupos de regiones. Por un lado están las que se encuentran por encima de ese 115% del coste medio, Catalunya y Madrid. Estas tendrán que rebajar sus precios hasta un máximo de 18,46 euros por crédito. Para un grado medio de 60 créditos por curso, esto supone que un año costaría 1.107,6 euros.
Las comunidades que presentan unos precios entre un 15% más alto y un 15% más bajo de la cantidad de referencia (Aragón, Baleares, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Navarra, País Vasco y La Rioja) tienen como precio máximo para el curso que arranca en septiembre el mismo que tenían en el curso 2011-2012.
Por último, las comunidades que tienen un precio de tasas públicas por debajo del 85% del establecido como referencia (Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Galicia, que no ha tocado los precios desde 2011, Murcia y la UNED) puede dejar los precios invariables respecto al curso anterior.