La sentencia del Tribunal Supremo que avala a la Xunta de Galicia a exigir vacunación o PCR negativa para entrar en restaurantes y discotecas ha incrementado la presión sobre el Ministerio de Sanidad para establecer un marco común a nivel nacional. Las comunidades gobernadas por el PP o por coaliciones en las que participa –Madrid, Murcia, Castilla y León y Andalucía– trasladaron la petición de manera informal a la ministra Carolina Darias, en la reunión semanal del Consejo Interterritorial de Salud tras el espaldarazo judicial a Galicia. El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, lo ha pedido públicamente. No así los otros gobiernos regionales, que buscan que sea Sanidad quien dé el primer paso. Incluso algunas reconocen que no es el momento de ponerlo en marcha con el nivel de incidencia en plena caída.
El Gobierno de Pedro Sánchez sigue reticente ante la idea de elaborar una normativa. La postura no ha cambiado. Darias lo dejó claro en la rueda de prensa posterior al encuentro, en la que confirmó que varias comunidades, sin especificar cuáles, lo habían planteado. “Toda medida que afecte a derechos fundamentales debe someterse a una autorización judicial”, alegó la ministra tras asegurar que aún tenía que analizar los “matices” de la sentencia. “El Supremo viene a acotar. Seguimos en las mismas”, agregó. Varios consejeros se interesaron por el modelo gallego, según han confirmado a elDiario.es fuentes presentes en la reunión, aunque no se produjo ninguna votación.
El fallo ha vuelto a poner sobre la mesa del Ministerio un asunto que le resulta espinoso y que a menudo evita. El pronunciamiento judicial llega tarde, según algunas comunidades, porque la incidencia está en caída y el porcentaje de vacunados ya alcanza el 75%.
Sin embargo, epidemiólogos como Pere Godoy consideran que puede ser una medida útil en el “control” de la epidemia. “Es algo que ayuda y no es excesivamente complicado de poner en marcha, aunque con esta vacuna ya sabemos que el hecho de tenerla no elimina la transmisión del todo. La reduce”, expresa.
Carmen Cuadrado, secretaria de la Sociedad Española de Inmunología, ve como una de las fortalezas de esta medida que “estimula” la vacunación, algo que “en países como España no es tan necesario como en otros” y considera más efectivo hacer test de antígenos a la puerta de los bares si queremos ver el nivel infectivo.
Todo ello mientras el Gobierno gallego, que presiona más públicamente que ningún otro para que Sanidad regule el pasaporte COVID-19, admite que el certificado se pensó en una situación de contagios que no es la actual y que ahora no tendría sentido. “Aplicaremos la sentencia en el caso de que vuelvan a subir los índices de contagio en aquellos territorios donde estén altos”, afirmó Alberto Núñez Feijóo este miércoles.
“Hay que ver hasta qué punto se puede aplicar y ser útil”, añadió el presidente gallego que planea utilizar este as en la manga para la negociación con los empresarios del ocio nocturno. Todas las comunidades están ampliando los horarios de los bares y discotecas, aunque en ningún territorio se permite bailar en la pista y es obligatorio el uso de mascarilla en el interior.
Por qué Galicia sí y Andalucía, no
Es la primera vez que un tribunal respalda una medida tan controvertida. La misma sala del Supremo frenó a la Junta de Andalucía en su intento de implantar el pasaporte COVID en la hostelería. ¿Por qué ahora, sin embargo, los magistrados han concluido que se trata de una decisión “idónea, necesaria y proporcionada”? En el caso andaluz, el alto tribunal entendió que la medida era demasiado genérica y para todo el territorio sin tener en cuenta la tasa de incidencia y siendo además indefinida en el tiempo.
En este sentido, Sanidad insiste en que, sin normativa nacional, aplicar esta exigencia “requerirá de autorización judicial” porque “afecta a derechos fundamentales”. Además, debe limitarse a “los ámbitos con un nivel de riesgo alto y acotado en el tiempo”. “Hay un camino muy claro que ha puesto de manifiesto el tribunal”, indicó la ministra.
Las comunidades del Partido Popular precisamente buscan evitar este filtro de la justicia “con cada decisión que se tome”. El consejero murciano de Salud, Juan José Pedreño, solicitó un marco legal consensuado respecto al uso del certificado COVID “en otras actividades”. Los presidentes conservadores advirtieron al Gobierno de que si no llevaba a cabo esta regulación con celeridad las comunidades podrían tener que tomar de nuevo medidas en solitario ante un eventual crecimiento de los contagios en el futuro. El partido de Casado ha liderado una crítica constante al modelo de gestión de la pandemia del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Con esta cuestión, se abre un nuevo filón que además deja la puerta abierta a que se pudiera plantear en otros ámbitos. No solo en los bares. Italia se ha convertido este jueves en el primer país europeo en aprobar hacer obligatorio el pasaporte de vacunación para todos los trabajadores.