Las comunidades reciben una inyección para exhumar fosas con Madrid y Murcia aún pendientes de presentar proyectos

El Gobierno ha hecho efectivo el traspaso de 2,3 millones de euros a las comunidades autónomas para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura y la divulgación de la memoria histórica. La resolución, que ya ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado, prevé llevar a cabo 190 actuaciones, la inmensa mayoría exhumaciones de fosas, pero también investigaciones, estudios o dignificación de los lugares de enterramiento y promoción de lugares de memoria. La partida total, acordada el pasado marzo en la primera Conferencia Sectorial de Memoria Democrática, asciende a tres millones de euros, pero aún no todas las comunidades han presentado proyectos.

En esta primera remesa de créditos cada comunidad ha recibido lo acordado en la reunión, en la que se discutieron los criterios de reparto y se aprobaron por unanimidad. Forma parte del “plan de choque” impulsado por el Gobierno tras el olvido económico de la época de Mariano Rajoy, con el que se prevé abrir en cuatros años 557 fosas que constan como pendientes de intervención, por lo que no todas entran en este primer ejercicio. Tras la sectorial, las comunidades han ido presentando sus proyectos a financiar, que se han discutido con el Ministerio de la Presidencia. Hay dos comunidades, Madrid y Murcia, que aún no lo han hecho, mientras que el proceso se ha dilatado en el caso de Andalucía, que tampoco está en esta resolución pero cuyos proyectos ya han sido aprobados y se darán a conocer en breves, según fuentes de la negociación.

La Comunidad de Madrid piensa hacerlo a la vuelta del verano, en septiembre, explican fuentes de la Consejería de Justicia, que vinculan el retraso a las elecciones autonómicas del pasado 4 de mayo que culminaron en la investidura de Isabel Díaz-Ayuso. La presentación de proyectos “nos pilló en funciones”, señalan las mismas fuentes, que aluden a una “total predisposición” y recuerdan que su voto en la sectorial fue favorable. En el caso de Murcia no parece que haya el mismo interés. Fuentes de la Consejería de Presidencia zanjan el asunto asegurando que “no le consta ninguna petición por parte de ninguna asociación ni colectivo para intervenir en ninguna fosa, como tampoco existe una obligación legal de hacerlo”, y aseguran que “la preocupación y la prioridad ha estado centrada en hacer frente a la COVID” desde su inicio.

Los proyectos de Andalucía ya están adjudicados

Desde el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, ahora en manos de Félix Bolaños, enmarcan el proceso en un escenario de negociación “con total normalidad” debido a que “los proyectos están muy identificados y lo que quedan son temas muy burocráticos”, por lo que prevén que “salgan con mucha rapidez”. Preguntadas por el caso específico de la Región de Murcia, las mismas fuentes explican que “ha aceptado los fondos y, puesto que no ha dicho lo contrario, estamos a la espera de sus propuestas”.

Tampoco Andalucía forma parte de este primer paquete, pero a diferencia de las anteriores, la propuesta de proyectos fue presentada por la Junta hace dos meses. “Por su extensión y el elevado número de fosas, el acuerdo requería mucho más estudio y precisión”, señalan fuentes de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Tras las negociaciones con el Ministerio se llegó a un acuerdo hace algo más de una semana, por lo que la resolución se publicará en el BOE “en los próximos días”.

Por eso, a esos 2,3 millones de euros transferidos ya habrá que añadir los 507.000 euros que le corresponden a Andalucía. Es la comunidad que más montante recibirá, y también la que más fosas pendientes de intervención tiene (137). Le siguen Catalunya, con 336.000 euros y 88 fosas pendientes, y Comunitat Valenciana, con 283.000 euros y 70 fosas. A Madrid le corresponden 64.600 euros y a Murcia 60.800 euros; ambas son dos de las comunidades en las que menos fosas sin intervenir constan, con cuatro y tres respectivamente, pero que no estén en el mapa del Gobierno a día de hoy no significa que no existan. Un ejemplo es lo que ha ocurrido precisamente con la Comunidad de Madrid, donde la sociedad de arqueología y antropología que ha obtenido una subvención de Presidencia para ampliar el estudio ha encontrado ya 150 más.

La partida total está dividida en dos vías de financiación: dos millones de euros para la localización, exhumación e identificación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura, y el millón restante para actividades de divulgación, dignificación de los lugares de enterramiento y promoción de los lugares de memoria. En este último punto entran proyectos variados como la jornada sobre represión a las personas homosexuales o el estudio sobre los aragoneses enterrados en el Valle de los Caídos que prevé poner en marcha Aragón, que recibe 196.000 euros; los encuentros, charlas y colocación de monolitos conmemorativos que prevé hacer La Rioja en ocho fosas ya exhumadas o la elaboración del proyecto de memorial en el Cementerio de Mahón (Menorca) que hará Baleares.

“Los derechos no pueden tener un presupuesto limitado”

Para las exhumaciones, el acuerdo destina una media de 14.360 euros a cada una de las fosas, una cantidad que las asociaciones que vienen practicando exhumaciones e identificaciones de los restos consideran escasa para todos los costes que suponen: desplazamientos, especialistas (antropólogo, arqueólogo, genetista, historiador), maquinaria, días de excavaciones, a veces prueba y error hasta dar con el enterramiento y luego el análisis de los huesos y estudios de cotejo de ADN con los familiares para intentar la identificación. Tomando como ejemplo un reciente concurso público del Gobierno balear, si se tratara de una fosa con una sola persona en ella y se realizara en un solo día, el coste de esas actuaciones sería de 15.000 euros, pero esa no es la tipología única y hay fosas con multitud de enterrados.

El plan no está exento de críticas por parte algunas asociaciones memorialistas. Es el caso de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que lleva dos décadas trabajando por la recuperación y dignificación de los desaparecidos, tanto mediante ayudas en la época de José Luis Rodríguez Zapatero como únicamente con recursos propios cuando gobernó el PP. En esta ocasión, explica su presidente, Emilio Silva, la asociación no ha participado en estas subvenciones porque no está de acuerdo con el modelo: “Los derechos humanos no pueden tener un presupuesto limitado ni canalizarse de esta forma, sometiéndose al criterio ideológico de comunidades autónomas y ayuntamientos que quieran o no colaborar. Han convertido las fosas en objetos que parece que están ahí por accidente, como si no hubieran sido desapariciones forzadas. Cuando haces depender un derecho de configuraciones políticas y subvenciones, ya no lo es”.

Silva recuerda que la ONU criticó las subvenciones que se dieron con el Gobierno del PSOE por considerarlo “una privatización” de las exhumaciones, al recaer el peso en asociaciones y las propias víctimas. Y pone de ejemplo el modelo que a juicio de la ARMH debería regir en todo el país, el de Euskadi, que cuenta con Gogora, el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, al que pueden acudir las víctimas que buscan a familiares desaparecidos. “En ese caso no son activistas o asociaciones los que intentan averiguar e investigar, sino que es un deber del instituto, y si se encuentra una fosa se exhuma automáticamente, no se espera a una subvención”, dice Silva.

Junto a las 190 actuaciones que prevén ponerse en marcha con esta transferencia de créditos están las 114 exhumaciones y otros tantos trabajos de divulgación que inauguraron el “plan de choque” 2020-2024 activado por el Gobierno. Entonces fueron 1,5 millones de euros en ayudas canalizadas por una doble vía, directa desde el Ministerio de la Presidencia y gestionada a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Según cálculos del Ejecutivo, el plan permitirá recuperar entre 20.000 y 25.000 cadáveres de desaparecidos.

Reportaje elaborado con la información de Javier Ramajo y Elisa Reche.