La mano izquierda de Gallardón
Si Manuel Cobo era la mano derecha del ahora ministro de Justicia, Pedro Calvo era la izquierda. Calvo se incorporó a las listas autonómicas comandadas por Alberto Ruiz Gallardón en 1991. Fue la última legislatura de Joaquín Leguina, y en 1995 el PP alcanzó el Gobierno de la Comunidad de Madrid por primera vez en su historia. Y ahí sigue.
Este licenciado en Derecho nacido en Ponferrada (León), en 1968, pronto, permaneció como diputado en la Asamblea de Madrid hasta que Gallardón desembarcó en el Ayuntamiento en 2003. A lo largo de esos 12 años, fue portavoz del Grupo Popular entre 1999 y 2000, además de senador desde 1995 hasta 1999. En 2000 fue nombrado consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid.
Ya en el Ayuntamiento, con la mayoría absoluta de Gallardón, estuvo, entre 2003 y 2011, al frente de la concejalía de Seguridad y Movilidad. Así, era responsable de la Policía Municipal, SAMUR-Protección Civil y Bomberos. En el área de movilidad, tenía competencias sobre los Agentes de Movilidad, EMT y taxi; de la salud pública y las drogodependencias; así como de la gestión de la Sociedad Calle 30 y de los servicios funerarios.
Precisamente en el área de movilidad aparecen las principales sombras sobre la gestión de Calvo, cuando en 2006 se supo que había adjudicado la gestión de una de las zonas de parquímetros de la capital a una empresa cuyo apoderado era amigo suyo. La oposición pidió la dimisión en vano y la investigación interna del Ayuntamiento no encontró irregularidades.
En 2012, tras el salto de Gallardón al Gobierno y la llegada a la alcaldía de Ana Botella, Calvo pasó a ser portavoz del Grupo Popular en el Aytuntamiento y pilotar la concejalía de Economía, lo que llevaba aparejada presidencia de Madrid Espacios y Congresos, la empresa municipal propietaria del Madrid Arena.
Pero Gallardón no se ha olvidado hoy de uno de sus más estrechos colaboradores: “Una declaración como imputado no significa ningún prejuicio ni condena previa para nadie. La imputación es una garantía para todas aquellas personas que son llamadas a juicio como consecuencia de que hay un hecho presuntamente delictivo que tiene que ser investigado”.