El director de un colegio concertado de Madrid compara la ley contra la LGTBfobia con “el fanatismo terrorista”
El colegio Juan Pablo II de Alcorcón (Madrid) ha iniciado este curso entregando una carta al alumnado y las familias homófoba e islamófoba. La misiva, firmada por el director, Carlos Martínez, carga contra la Ley de protección integral contra la discriminación por diversidad sexual y de género, aprobada por unanimidad el pasado 14 de julio en la Asamblea de Madrid y la compara con “el fanatismo terrorista”.
El centro, que no ha querido hacer declaraciones, es concertado, pertenece a la Fundación Educatio Servanda, con colegios también en Guadarrama, Parla y Puerto Real (Cádiz), e imparte una educación diferenciada mixta. El alumnado comparte algunos espacios como el patio y el comedor pero no las clases porque “numerosos estudios han demostrado que hay diferencias en los ritmos de crecimiento, maduración y desarrollo cognitivo entre niños y niñas”.
La carta de bienvenida que ha entregado su director y que ha denunciado la asociación LGTBI Arcópoli comienza haciendo un repaso por algunos de los atentados terroristas perpetrados en los últimos meses en Europa. Los cristianos, dice, “hemos recibido la verdad no para esconderla, sino para predicarla. ”Parece que arrecian tiempos de persecución“, afirma mientras critica a otras religiones tachando de ”error“ el seguimiento de ”falsas religiones e ideologías“.
El director reprocha a los políticos que hayan aprobado en Madrid la ley contra la LGTBfobia, mientras “deberían defender la familia y nuestras raíces cristianas”, califica la legislación de “absurda” y a la que llama “Ley de Ideología de Género”. “¡Qué barbaridad prescindir de la verdad natural del hombre y del derecho inalienable de los padres a la educación de los hijos!, ¡Qué dogmatismo acusar de discriminación a quien piensa diferente!”, exclama. Es un despropósito, apunta, “imponer una ideología a fuerza de sanciones”.
Educación investigará el contenido
“El parecido con el fanatismo terrorista es inquietante”, añade entonces. El director del centro aplaude a Reig Pla, obispo de Alcalá de Henares y López de Andújar, de Getafe, que suscribieron una carta a principios de agosto atacando la misma ley. De la norma afirmaban que “se halla en contradicción con la moral natural” y agrava “la confusión” que “sufren” algunas personas “sobre su propia identidad”.
Martínez llama a los obispos “valientes” que “tienen clara su función pastoral de educadores” y adjunta la carta firmada por ellos. La misiva concluye comparando el islam y la que llama “ideología de género” asegurando que “son maquinaciones condenadas a la disolución y al fracaso”. Rubén López, coordinador de Arcópoli, ve “inadmisible este adoctrinamiento” a niños, niñas y adolescentes que “están aprendiendo a conocerse y construyendo su identidad”.
La organización ha tenido conocimiento, según varios alumnos, de que “el único mensaje que se transmite en el centro sobre el colectivo LGTB es que 'la homosexualidad es una enfermedad' y que 'es posible curar a los homosexuales'”. Arcópoli ha pedido a la Comunidad de Madrid que revise el concierto educativo con el centro, “porque la discriminación no tiene cabida en la educación sufragada con dinero público”
Este medio se ha puesto en contacto con la Consejería de Educación, que ha encargado al Servicio de Inspección Educativa un informe “con el objetivo de comprobar si el contenido de la carta infringe la normativa vigente sobre conciertos educativos y, en caso de que así fuese, proceder a la apertura de un expediente sancionador”. Añade, además, que “no compartimos el contenido de la carta”.
“La libertad de enseñanza no ampara la vulneración de la dignidad ni el ataque a la igualdad de derechos o al libre desarrollo de la personalidad”, afirman desde Arcópoli. La norma a la que se refiere la carta contempla entre sus medidas obligar a los centros educativos al tratamiento específico de la diversidad sexual en las aulas. También la creación de un Consejo LGTBI que permita la participación de las entidades de la sociedad civil en las políticas públicas referidas a esta materia.
