La condena a dos profesores por la muerte de un alumno atemoriza a los docentes y amenaza las actividades fuera del centro

La comunidad docente, al menos la andaluza, está en estado de shock estos días por la sentencia que hace dos semanas declaró culpables a dos profesores de la muerte accidental por ahogamiento de un alumno durante una excursión escolar. Ese estupor amenaza con extenderse, ya que estas actividades se realizan habitualmente en todos los centros educativos de España. El caso lo contó la prensa local, aunque apenas pasó de ahí: los dos docentes, que ejercen en el IES Colonial de Fuente Palmera, en Córdoba, han sido condenados por un delito de homicidio por imprudencia profesional menos grave. El caso pone en peligro el desarrollo de actividades educativas fuera del centro ante el temor de los profesionales a encontrarse en una situación similar a la ocurrida en Córdoba.

Aunque ambos eluden los cuatro años de prisión que pedían la Fiscalía y la acusación particular, han sido condenados a una multa de 3.650 euros cada uno, además de una indemnización conjunta de 120.000 euros a la familia del menor fallecido, de 13 años, que asumirán la aseguradora privada y la Consejería de Educación andaluza como responsable última del instituto, y tendrán antecedentes penales durante cinco años. Según fuentes cercanas a uno de los condenados, la inclusión de las costas en la condena va a elevar el coste para cada docente a cerca de 20.000 euros. La sentencia ha sido recurrida por las defensas de los dos profesores y de una de las aseguradoras.

Este tipo de casos, en los que se juzga a los docentes, no son habituales, aunque se da la casualidad de que justo estos días se juzga a la encargada del comedor y una monitora de un centro de Palma de Mallorca donde falleció una pequeña, de cuatro años, tras sufrir un shock anafiláctico por ingerir por error un producto al que era alérgica. Pero la propia jueza recoge en su sentencia que apenas hay jurisprudencia al respecto. Sí es más fácil encontrar condenas a centros educativos o administraciones por negligencias varias que acaban en accidentes más o menos graves, pero no se da mucho con profesores concretos.

El abogado Joaquín Chávarri ha recopilado algunos de estos casos de responsabilidad de la administración o la institución educativa, como el pago de cinco millones de pesetas a una familia 1990 por un accidente que lesionó a un niño de seis años en 1990; seis millones al Gobierno vasco por el fallecimiento de un menor interno en un centro fuera de las horas lectivas en 1994; la muerte de un alumno porque se le cayó una canasta encima; o, el caso quizá más parecido al de este menor, cuando en 1998 la Orden de Frailes Menores Franciscanos fue condenada por las lesiones que sufrió un niño de cuatro años durante una visita al zoo por acercarse demasiado a una jaula de leones.

“Cualquiera podría verse en una situación similar”

El claustro del IES Colonial no da crédito con la resolución del caso y cómo va a afectar a los demás profesores. “Lamentamos la pérdida de nuestro alumno y tenemos presente el dolor de la familia”, explican los docentes en una petición de apoyo en change.org, pero añaden que “todo el profesorado nos sentimos identificados con esta situación, porque cualquiera de nosotros podríamos vernos en una situación similar en el desarrollo de una actividad extraescolar, o incluso, durante nuestra labor docente ordinaria”.

Los profesores alertan de las consecuencias que puede tener el caso. No solo para los propios profesionales, sino para las familias por extensión, porque muchos se van a plantear ahora seguir realizando estas actividades extracurriculares porque no se sienten respaldados en caso de un accidente como el que ha sucedido. De hecho, hay centros de la provincia (el propio afectado o el Ángel de Saavedra, de Córdoba, entre otros) que ya han decidido en el claustro que, de momento, el año que viene no se van a hacer. Un docente cercano a uno de los profesores condenados resume el sentir general de muchos profesionales: “Yo creo en la educación imbricada con la comunidad de familias y el barrio, más allá de los muros del instituto, he llevado a los alumnos a Hungría, a Italia, a Inglaterra y muchos otros lugares más cercanos, pero tras esta condena tengo miedo, no creo que haga ninguna actividad extraescolar más, por ahora”.

Otra profesora cordobesa lamenta la falta de “respaldo” que siente y apunta a que esto es un problema de todos. “Somos firmes defensores de este tipo de actividades, consideramos que estamos haciendo una educación integral de un ciudadano competente y estas actividades extraescolares y complementarias las consideramos fundamentales. Con esto se nos pone cuesta arriba. Yo he sido jefa de extraescolares y toda esa documentación que se elabora regularmente a principio de curso, los justificantes, las autorizaciones, no sirven de nada”. Cuenta esta docente que muchos institutos de la zona ya han decidido que el año que viene no habrá actividades extraescolares en estas circunstancias. “Es importante que el colectivo de familias sea consciente de lo que implica esto. Muchos centros forman parte de los programas KA1 o KA2 (de movilidad europea de docentes y alumnos), ¿qué va a pasar con esto ahora?”.

En el grupo de Facebook donde comparten impresiones del caso los profesores andaluces, un docente británico que estuvo haciendo un intercambio en un centro español explicaba estos días que siempre le sorprendió “la relativa falta de papeleo” que se les exigía a los profesores españoles para realizar este tipo de actividades. “Nosotros tenemos que cubrirnos las espaldas, garantizando por escrito que, por ejemplo, recordaremos a los estudiantes cómo cruzar la calle, etc.”. Relata este docente que esas prácticas empezaron a raíz de una serie de trágicos accidentes ocurridos en excursiones en los 80. Y concluye, dando la razón a los profesores: “El resultado ha sido un declive muy notable en el número de actividades extraescolares”.

Al respecto, Antonio, otro docente andaluz, lamenta que la sociedad en ocasiones atribuya el papel de “superhombres” a los profesores. “Tenemos dos ojos. En una clase no puedes estar pendiente continuamente de los 30 alumnos o de 15 o de 10. Este profesor estaba presente cuando ocurrió el desgraciado accidente, lo recoge la sentencia, no estaba distraído ni fumándose un cigarro. ¿Qué más puede hacer un profesor que estar presente? ¿Se le puede culpar de que justo en ese momento se ahogue un alumno? ¿Y si se atraganta la alumna de detrás? ¿Y si se resbala otro? Sus padres podrían decir que por qué no estaba pendiente de su niño”, reflexiona.

Un pensamiento circula estos días entre el profesorado andaluz, por donde la noticia se ha extendido rápidamente: “Por desgracia, en ocasiones tenemos noticias por la prensa de que se producen accidentes con menores en el ámbito familiar (en la vía pública, en piscinas, playas, domicilios,..). Ante hechos como los comentados, la primera reacción de toda la sociedad es el dolor por la pérdida y la solidaridad con la familia, y de manera general no nos plantearíamos pedir responsabilidades, y menos penales, a esos padres y madres”.

Antonio ahonda en esta idea con otra cuestión que tiene despistado al profesorado: para qué sirven los consentimientos que firman las familias. “Las autorizaciones que nos dan los padres están detalladas con los posibles riesgos, pero ese papel no sirve para nada porque en cuanto pase algo van contra nosotros. Eso no ocurre en otras profesiones. ¿Cómo puedo hacer bien mi trabajo con esa espada de Damocles?”, se pregunta.

El accidente

El IES Colonial, en la localidad cordobesa de Fuente Palmera, es un instituto de compensatoria al que acude alumnado de familias humildes, según cuentan los profesores. El centro es “puntero” en la realización de actividades extraescolares. “No hay departamento que no las haga y por la composición de su alumnado para muchos niños son las únicas actividades culturales que realizan, y son importantísimas, es una manera de enseñarles otras realidades fuera de su entorno habitual”, describen. El futuro de esas actividades está ahora en el aire por el miedo de los profesores.

Una de esas salidas del IES Colonial fue una excursión a Baños de Popea el 29 de mayo de 2019. Dos profesores, asistidos por guías de una empresa, fueron con 34 alumnos de 2º de ESO (13 años) a realizar una actividad de espeleología en la Cueva de Fato. El grupo se dividió en dos para la exploración de la cueva, que también incluía una parte en la que los alumnos debían cruzar a nado, cuenta la sentencia. El alumno posteriormente fallecido realizó esta actividad con este primer grupo sin aparentes problemas.

Mientras el segundo grupo entraba a la cueva, algunos chicos decidieron darse un baño en el río y acercarse a un pequeño salto de agua. Para ello debían cruzar una zona del río en la que no hacían pie. Pidieron permiso al profesor condenado (responsable de la excursión, la otra docente condenada iba de acompañante), que recibieron, y “contando también con la supervisión y anuencia” de la otra acusada, “siendo grabados en tal acción por el primero de ellos que no advirtió, tras visualizar la grabación y el resto de fotos que estaba haciendo, situación extrema de tipo alguno”. Eran las seis de la tarde. Los chicos volvieron de la cascada sin aparentes incidentes y una hora más tarde, a las siete, alguien se dio cuenta de que faltaba un alumno. La llamada a Emergencias ya solo serviría para recuperar el cuerpo del joven.

La jueza destaca en la sentencia que los profesores no “advirtieron a los menores del peligro que entrañaba dicha acción [cruzar una zona del río en la que no hacían pie], no viendo cómo el menor no tenía soltura nadando y sin vigilar posteriormente que, tras haber alcanzado dicho lugar, volvieran todos a la orilla en buen estado”. Añade la jueza que “no se percataron de la circunstancia de la profundidad del río y de que el menor no era suficientemente ducho nadando, que se cansó y no solicitó ayuda a ninguno de sus compañeros ni a los profesores que se encontraban allí, como tampoco del hecho de que de los siete menores que nadaban en el río en zona más alejada de la orilla, siendo un grupo no demasiado numeroso, sólo salieran seis de ellos”.

“La zona de baño no es compleja”

Pero la sentencia también recoge que la actividad se organizó correctamente por parte del profesor condenado. Tenía los permisos del colegio y las autorizaciones de las familias para la actividad, que incluían baños en una zona “con mucho más peligro” que aquella donde ocurrió el accidente, según uno de los monitores. La madre dijo durante el juicio que si hubiera sabido que había una zona en la que no se hacía pie no habría dado su autorización porque su hijo no nadaba demasiado bien. La Guardia Civil y los bomberos atestiguaron que “la zona de baño no es compleja y no hay corrientes”.

Con todos estos elementos, la jueza considera que los hechos probados son constitutivos de un delito de homicidio por imprudencia profesional menos grave y condena a los profesores. Califica la magistrada así la actuación de los docentes por “ausencia u omisión de medidas de cuidado que adoptaría una persona medianamente diligente, que es la que es aplicable, a nuestro juicio, al proceso de autos”, y explica que se dan “todos y cada uno de los requisitos” que sostienen la conducta imprudente o culposa: falta de vigilancia o supervisión completa (“debieron estar pendientes, más allá de otra cosa, del grupo de nadadores”, escribe), aunque admite que “siendo normal que con las edades que tienen los alumnos ya no parece del todo necesario vigilar de manera continua y sin descanso como sería el caso de alumnos de menor edad, no se percatan ni uno ni otro de que a la vuelta del grupo que se había alejado falta uno de los integrantes (...)”; “la infracción del deber objetivo y subjetivo de cuidado al no respetar las más elementales normas de cuidado que deben observar dos profesionales de la docencia que salen a realizar actividad fuera de centro escolar y a medio natural con 34 alumnos menores de edad”; y “un resultado lesivo, en este caso de carácter grave”.

Los profesores tienen miedo ahora, asegura Francisco Cobos, secretario general de Enseñanza de CCOO en Córdoba: “Estamos recibiendo muchas llamadas en el sindicato sobre esta cuestión, preguntando qué pueden hacer y con dudas respecto al futuro”. Cobos sostiene que entiende “el dolor de una madre que ve que su hijo no vuelve nunca más”, entiende también “que se depuren responsabilidades civiles, e incluso penales si las hubiera habido, pero la juez dijo que no y creemos, con todo el respeto, que podía haber tenido otro punto de vista”.

Las fuentes consultadas coinciden en señalar que no es cuestión de enfrentar al profesorado con la familia, o las familias en general. Muchos recuerdan lo obvio –también son padres y madres– y explican que también sufrirán la pérdida de las actividades extraescolares. “Yo también tengo una hija en la ESO y quiero que haga estas actividades”, cierra una profesora.

Pese a que este tipo de accidentes no son habituales, se da la circunstancia de que ocurrió otro similar hace apenas dos semanas en Galicia. Un menor, de 14 años, falleció ahogado en el embalse de A Fervenza, en Mazaricos, durante una excursión escolar.