Madrid, 21 abr (EFE).- El secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), César García Magán, ha lamentado este viernes el aval del Tribunal Constitucional a la ley Celaá, que prohíbe que los centros privados reciban fondos públicos si separan por sexo, y ha señalado que “las sentencias hay que acatarlas, pero uno no está obligado a compartirlas”.
Esta semana, el Constitucional ha desestimado el recurso de Vox contra la ley Celaá, que incluye la prohibición de que los centros privados reciban fondos públicos si separan por sexo y considera igualmente conforme con la Constitución la ausencia de mención a la religión como asignatura en el currículo educativo.
En rueda de prensa posterior a la reunión de la Asamblea Plenaria de los obispos, García Magán ha recordado que la Constitución consagra el derecho fundamental de los padres a elegir la educación de sus hijos y, entre las opciones, está la de centros educativos de orientación religiosa.
Ha defendido, por tanto, que los progenitores opten por un centro que segrega por sexos que es un modelo “vigente en otros países” y que -ha asegurado- está “comprobado que tiene eficacias pedagógicas”.
A su juicio, el Estado desde su neutralidad debe apoyar también esa “educación diferenciada”.
SILENCIO ANTE LA EXHUMACIÓN DE PRIMO DE RIVERA
El portavoz de los obispos ha destacado, por otra parte, que la CEE no tiene nada que decir sobre la exhumación de los restos del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, para ser trasladados desde la basílica del Valle de Cuelgamuros (antes Valle de los Caídos) al cementerio madrileño de San Isidro, ya que “es la familia la que decide dónde enterrar a sus difuntos”.
Y tampoco ha opinado en nombre de la Conferencia Episcopal sobre el futuro de los monjes benedictinos que permanecen en el lugar, al indicar que no es asunto de su competencia.
Según ha explicado, la comunidad actual del valle es un priorato que depende de una abadía de Francia y quien puede pronunciarse es la Archidiócesis de Madrid. “No me voy a meter en la Archidiócesis de Madrid”, ha zanjado.
CONTRA LA GESTACIÓN SUBROGADA
La Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida ha hecho pública también una nota en la que pide una legislación que impida la gestación subrogada, práctica que considera, “inequívocamente, una nueva forma de explotación de la mujer, contraria a la dignidad de la persona” y que reduce su cuerpo a ser “una incubadora humana”.
García Magán, que ya adelantó la posición de los obispos el mes pasado al ser preguntado por el caso de Ana Obregón, ha asegurado en su rueda de prensa que no se están refiriendo a ningún caso concreto, “ni mediático ni no mediático”, aunque ha admitido que, “como pastores”, tienen que dar respuestas ante los debates sociales que se abren.
En su nota, los obispos aseguran que comprenden y acompañan el dolor de quienes no pueden tener hijos, pero recalcan que “el fin no justifica los medios”, rechazan que se cosifique a otra persona y afirman que “la paternidad o la maternidad no es un derecho, es un don”.
“Con el llamado 'útero de alquiler' se convierte la maternidad en objeto de comercio, que se compra y se vende. La mujer queda reducida a un simple instrumento”, recalca la CEE, que recuerda también que ningún niño puede ser sometido “al tráfico o el comercio”.