Un instituto público monta una red de vigilancia contra el acoso escolar dirigida por los estudiantes

Es la hora del recreo y Marcos entra el último a una sala pequeña de reuniones. Dentro está Diego, a un lado de la mesa. Al otro, Pepa y Marta. Todos son alumnos del instituto público Juan de la Cierva (Madrid) y esto es una reunión de conciliación para resolver un conflicto entre las chicas. No hay profes ni tampoco interviene la dirección ni el jefe de estudios. Lo que pasa en la sala, se queda en la sala. Marta se siente aislada y criticada por haber empezado a salir con un chico con el que estuvo Pepa y ha acudido a sus compañeros para intentar arreglarlo.

La historia de Pepa y Marta no es real. La interpretan Semilly y Ana, dos mediadoras de 16 años, para ilustrar su labor. Pero casos de este estilo son los que atienden junto a otros 80 estudiantes que dedican su tiempo libre a ayudar a sus compañeros y compañeras a prevenir que un roce termine en acoso escolar. Otros 95, los más pequeños, lo hacen como ayudantes o aprendices.

Suelen hacerlo en los recreos porque no tienen horas designadas para esta tarea, de la misma manera que los 12 profesores que coordinan el proyecto, montado hace seis años “sin dotación y con mucha voluntad”, dice Amando, el coordinador. Hoy siguen igual, aunque con aún menos recursos: el instituto ha perdido con los recortes una orientadora y una profesora técnica de servicios a la comunidad (PTSC), dos figuras que se ocupan de la convivencia. “Las cosas salen porque creemos en ellas pero a veces nos sentimos solos. Agradeceríamos más cooperación, más apoyo institucional”, sostiene el profesor.

En Madrid solo el 15% de los institutos públicos sigue teniendo PTSC a jornada completa, según datos de CCOO. En muchas comunidades autónomas ni siquiera forman parte del cupo de plantilla lo que les ha convertido en carne de cañón de los recortes. Los docentes que no tienen carga lectiva han sido los primeros en caer, denuncia la Asociación Madrileña de PTSC. En algunas regiones estos profesionales están vinculados total o parcialmente al presupuesto para atención a la diversidad, reducido a mínimos desde 2014 y todavía en caída.

En el Juan de la Cierva el proyecto de mediación surgió antes que eso. Los dos orientadores que había entonces se tiraron a la piscina y lo pusieron en marcha con muy pocos alumnos. Los años de experiencia lo han convertido en un método consolidado, con formación prestada de estudiantes a estudiantes y un registro del número de casos que atienden, unos 50 al curso. Ahora, dicen, tienen seis o siete abiertos. En el centro hay 1.100 alumnos y alumnas, más otros 900 de Formación Profesional.

¿A quién confiarías un secreto?

“No vamos a acabar con los conflictos en un espacio minúsculo como este, pero los detectamos e intentamos resolverlos con diálogo. Los chavales ya tienen identificado a quién tienen que acudir para hacerlo. Y eso les genera seguridad y confianza”, cuenta Amando. Marcos, de 17 años, está sentado en la misma mesa y asiente. Se hizo mediador porque sus compañeros de clase pusieron su nombre en un papel cuando les preguntaron a quién confiarían un secreto.

Con esta pequeña encuesta se hace la primera selección de ayudantes en 1º de la ESO, aunque también pueden sumarse otros que deseen participar. “Hay mediadores que fueron mediados como agresores y ahora están del otro lado”, subraya, orgulloso, Amando. Lo de Marcos fue casualidad pero dice que ese aprendizaje lo aplica también a los choques entre sus amigos de fuera. “Me ha implicado mucho y me gusta. Desde pequeño quería ser arquitecto pero esto me ha cambiado la perspectiva y me apetece estudiar Trabajo Social”, explica.

Diego, de la misma edad, también lleva unos años mediando. “Me he encontrado situaciones complicadas. Normalmente compañeros que llegan a la primera reunión y dicen que no han hecho nada, que lo niegan todo porque les da mucho miedo el castigo y temen la sanción. Por eso siempre les recordamos que lo que hablamos es confidencial, que pueden confiar en nosotros y que no estamos aquí para poner sanciones”, detalla. Los que denuncian la situación, añade, “suelen tener dificultades para abrirse y contar, por eso trabajamos mucho rato en crear el ambiente de confianza”.

El procedimiento habitual es el siguiente: un alumno o alumna comunica a algún profesor mediador su situación. Ese docente avisa a los estudiantes mediadores, que reúnen a las partes por separado para que les cuenten qué ha pasado, lo verbalicen y lo reflexionen. Después se hace un encuentro conjunto de conciliación al que tienen que acceder todas las personas involucradas.

Todo el proceso se va recogiendo por escrito y, al final, las partes firman un acta que sirve para sellar la paz. Cuando pasan unas semanas se vuelve a preguntar cómo van las cosas para hacer seguimiento. Si el conflicto es muy grave, se da a conocer al equipo directivo para que se abra, inspección mediante, un procedimiento para abordar casos de acoso escolar. En el instituto también tienen un buzón de denuncia “donde llegan muy pocas cosas”, admiten los mediadores. Quieren pensar que sus compañeros confían en ellos y prefieren darles la voz de alarma.

“A mí me llena mucho poder hacer más agradable a las personas que están aquí su paso por el instituto. Es muy duro el día a día cuando no estás bien”, dice Semilly, que a veces se come sin querer algunos minutos de clase charlando. Les pasa a todos, reconocen, y a veces eso genera algún que otro gesto torcido de los profesores.

“La mayoría lo entiende si nos retrasamos un poco y lo justificamos”, puntualiza Diego. Al principio, recuerda Amando, “era bastante peor porque todo lo nuevo siempre genera sensación de extrañeza y desconfianza”. Seis años después, el proyecto ha logrado consolidarse y hasta han elaborado unas guías con cuestionarios tipo para abordar las sesiones, con preguntas como “¿cómo sientes cuando te hacen esto?” o “¿cómo crees que haces sentir a la otra persona”, muy centradas en la “escucha activa y el refuerzo positivo”.

Casi todos los gobiernos regionales han elaborado sus propios planes de convivencia en las aulas porque son las comunidades autónomas las que tienen las competencias en educación. El Gobierno presentó hace dos semanas un plan a escala nacional que anunció a bombo y platillo y que se ha quedado, en palabras del ministro de Educación, en “buenas prácticas que ya aplican las comunidades”. En ese documento, que no tiene carácter normativo y por tanto no es de obligado cumplimiento, se prevé que cada centro escolar tenga un docente responsable de convivencia con descarga horaria y un registro de casos.