El conflicto entre la URJC y el centro privado que imparte su grado de Artes deja al profesorado meses sin cobrar

El personal –profesorado y administrativo– del Instituto Superior de Danza Alicia Alonso (ISDAA), que gestiona el grado universitario oficial de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) en Artes Visuales y Danza, lleva siete meses sin cobrar su nómina. Esta situación es la última consecuencia de un conflicto que se viene arrastrando desde 2020 a raíz del convenio que firmó décadas atrás la universidad con el centro, privado, para que gestionara ese grado, una disputa que se ha enquistado en los tribunales en los últimos años tras el intento (fallido) de la URJC de retomar el control sobre los estudios.

Fuentes de la URJC explican que no pueden pagar el casi millón de euros que cada año venían abonando al centro porque el convenio no está vigente y no hay ningún soporte para realizar ese pago de dinero público a un instituto privado, razón por la que el Consejo Social (una entidad que fiscaliza los presupuestos universitarios) ha paralizado el abono. Alberto García Castaño, director del Alicia Alonso, replica que la Justicia ha dictaminado en reiteradas ocasiones que mientras no resuelva sobre el fondo (si la universidad puede recuperar la gestión de los estudios y cuándo) no cambia la situación (que la URJC debe abonar el canon anual). Lo inequívoco, admitido por ambas partes, es que la URJC no ha pagado y, consecuentemente, 32 trabajadores del IDAA no cobran desde que arrancó el curso, allá por septiembre.

Un conflicto de cinco años

Aunque la URJC ya llevaba al menos un año intentando resolver la situación a su favor, el origen de este conflicto se remonta a 2020. Ese año la universidad, inmersa en pleno escándalo Cifuentes, intentó poner orden en su estructura. Entonces el rectorado decidió que el convenio que había firmado en 2002 Gustavo Villapalos, mandatario de la universidad en aquel momento, con el ISDAA para que este instituto gestionara su grado oficial de Artes Visuales y Danza y dos másteres era excesivamente opaco y oneroso (960.000 euros al año), por lo que la URJC se haría cargo del mismo a partir de ese momento.

“La Universidad no quiere seguir poniendo el dinero, sin controlarlo, en un instituto que es el único que opera dentro de sus instalaciones, con un título que es de la propia Universidad”, explicaron fuentes oficiales del centro en su momento. Dado que el espacio físico que ocupa el instituto es de la universidad, la mayoría de ese dinero –que el ISDAA recibe en concepto de “precio de servicio”, porque las tasas que paga el alumnado se las queda la URJC– se destina a las nóminas del profesorado y el resto del personal.

La URJC ofreció al instituto convertirse en centro adscrito, según su propia versión, para que pudiera conservar su oferta formativa privada bajo el paraguas de la universidad, pero ya sin los estudios oficiales. Sin embargo, según el rectorado, el ISDAA no aceptó. García Castaño replica que el instituto ofreció a la Universidad dar por finalizado el convenio, pero ajustándose a la ley, lo que implicaba un periodo de seis años, lo que dura el proceso de extinción de un título para que el alumnado que lo está cursando lo pueda finalizar.

No hubo acuerdo y la universidad que dirige Javier Ramos emitió una resolución por la que requería al centro privado que abandonara el aulario IV del campus de Fuenlabrada que viene ocupando y le retiraba la gestión de los títulos oficiales.

Pero la Justicia rechazó la decisión del rector al considerar que había “prescindido total y absolutamente” de todos los trámites legalmente establecidos y declaró la nulidad del procedimiento. Además, adujo el juez, con el curso académico ya comenzado no se podía andar tocando el grado porque se perjudicaría el estudiantado. El Instituto de Danza Alicia Alonso podía seguir impartiendo las titulaciones de la URJC.

Al año siguiente la universidad volvió a la carga. Comunicó al ISDAA que retomaba el control de su grado, y como tal empezó a actuar incluida la contratación de personal para impartir las materias. Pero el Alicia Alonso no estaba de acuerdo y se acabó llegando a una situación en la que durante unos días de octubre, en la URJC se estuvieron impartiendo dos grados paralelos de Artes Visuales y Danza, destinados ambos a obtener el mismo título. Luego se pasó de dos grados a ninguno, dejando a 400 alumnos tirados. En algún momento se llegó al extremo de que se ofrecieran dos asignaturas el mismo día a la misma hora y en la misma clase con distinto profesor, uno de la universidad y otro del instituto, según denuncian los alumnos.

Cada año un poco más tarde

La Justicia volvió a dar la razón al ISDAA, que mantuvo el control sobre los estudios, situación que se ha mantenido hasta este curso. El director del instituto denuncia que cada año que ha pasado se han postergado más los pagos. “En 2021 nos pagaron en enero, en 2022 en febrero, el año pasado el 5 de marzo y este el pago brilla por su ausencia”, explica.

García Castaño asegura que tienen 19 autos y una sentencia que les dan la razón. Que la URJC no puede hacerse cargo de los estudios porque el plan está aprobado por el Consejo de Ministros con una determinada estructura (el ISDAA imparte el 90% de la docencia, la URJC el 10%; la universidad ingresa las tasas y a cambio le paga un “precio por servicio” al ISDAA de 960.000 euros anuales, una cuota que se calcula a partir del coste de las matrículas más una compensación) y que solo el mismo Consejo de Ministros puede cambiar si no hay acuerdo entre las partes, como es el caso.

García Castaño sostiene que no pagarles es “una estrategia de acoso” porque el ISDAA, que es un centro sin ánimo de lucro, no tiene fondos propios y por tanto no ha podido abonar las nóminas del personal y además está incurriendo en deudas con Hacienda.

La situación ahora es que el Instituto Superior de Danza Alicia Alonso ha pedido medidas cautelares al juzgado para recibir el dinero que, creen, les corresponde. Cinco años después, el conflicto está exactamente en el mismo sitio, los juzgados, que serán los que acaben dirimiendo quién tiene razón. Mientras tanto, 32 profesionales están trabajando gratis y 400 estudiantes cursan unos estudios de futuro incierto.