El equipo de Memoria Democrática del Gobierno tenía claro que no debía colocarse ni un solo andamio en la basílica del Valle de los Caídos hasta que no estuviera formada una comisión de expertos forenses que vigilara y aconsejara sobre cada movimiento de huesos que pudiera realizarse en las ocho criptas objeto de intervención.
Así, el Ministerio de la Presidencia acaba de nombrar los siete expertos de esta comisión. El grupo de trabajo para el asesoramiento forense para las exhumaciones y la identificación de los restos cuenta con la presencia de dos de los mayores expertos en exhumaciones de fosas comunes: el forense de la Sociedad de Ciencias Aranzadi Francisco Etxeberria y el antropólogo del CSIC Francisco Ferrándiz. Etxeberria y Ferrándiz forman parte de la comisión como vocales (Ferrándiz es, además, secretario) por parte de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, para la que trabajan actualmente como asesores. Etxeberria ya había participado en unas inspecciones preliminares a las criptas y ha colaborado con el movimiento memorialista en decenas de exhumaciones de fosas de la Guerra Civil. Por su parte, Ferrándiz es un gran conocedor del Valle de los Caídos y había formado parte de la Comisión de Expertos que creó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que pensó, por primera vez, cómo había que acometer el futuro del monumento.
A ellos se les unen expertos que vienen desde diferentes institutos forenses. Por parte del de Medicina Legal de Granada, participa Elisa Cabrerizo, médica forense que además es concejala por Podemos en el Ayuntamiento de Granada.
Tres expertos llegan desde el Instituto de Medicina Legal de Madrid. Enrique Dorado, que participó en el análisis del cuerpo del general Prim para determinar la causa de su muerte, o de la momia del siglo XVII Úrsula Micaela. José Luis Prieto, médico y especialista en antropología forense que además es colaborador del laboratorio que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica tiene en Ponferrada. Y Elisa Ruiz-Tagle, forense experta en criminología, arqueología, patología y antropología.
A propuesta del Consejo Médico Forense, dependiente del Ministerio de Justicia, llega el presidente del Comité Científico-Técnico de dicho Consejo, el médico y cirujano Rafael Bañón González que ha dirigido los institutos de medicina legal de Alicante y Murcia. Tanto Bañón como Prieto fueron dos de los expertos que evaluaron in situ el estado de las criptas en septiembre de 2018, por lo que son de los pocos que tienen un conocimiento cercano y de primera mano, aunque aproximado, del terreno en el que se van a mover los técnicos.
Por parte del Instituto Nacional de Toxicología y de Ciencias Forenses, se une su director Antonio Alonso, que es doctor en bioquímica y biología molecular, siendo un experto en genética forense; ha trabajado como perito en el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia.
Por último, Vidal Santos Yusta, director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Órganos con Jurisdicción Estatal, fue el forense que asesoró al Gobierno y estuvo presente durante la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del propio Valle de los Caídos y su traslado al cementerio de Mingorrubio.
El Secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, firmó la designación de los vocales de esta comisión el pasado 12 de julio, pero todavía no se ha realizado ninguna actuación en el Valle.
Parón de verano
El siguiente paso es la entrada de la empresa pública Tragsa para comenzar el trabajo de asentamiento de estructuras que se va a realizar previamente a la apertura de las criptas y el acceso a los diferentes columbarios. Pero esta fase está, todavía, “en estudio”, según fuentes del Ministerio de Presidencia. Se espera que pronto se adopte una decisión con la fecha en la que comenzarán las actuaciones.
Con una confirmación oficial cercana a las 70 peticiones de exhumación pero que probablemente pueda elevarse hasta el centenar, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática trabaja en los diferentes expedientes, cuyo grueso llega desde Gogora, el instituto de memoria del País Vasco, que está haciendo un importante trabajo de centralización y representación de las peticiones de las familias vascas.
Si no hay un cambio de última hora, el plan previsto para la intervención comenzaría por las capillas situadas a ambos lados del altar mayor: primero la que está a la derecha, denominada del Santo Sepulcro y posteriormente la contraria, la del Santísimo. En una tercera fase se acometerían las laterales: seis capillas situadas a ambos lados de la nave. Las cámaras de los osarios se encuentran ocultas tras el trasdós en el caso de las dos capillas principales y tras un tabique sobre el que hay situado un tapiz para el caso de las de la nave. Los restos de más de 30.000 personas se encuentran apilados en cajas, unas identificadas y otras no, a lo largo de diferentes niveles, unos más accesibles que otros.
Se desconoce el estado de esos restos óseos y serán los forenses los que dictaminen si podrá realizarse o no cada una de las exhumaciones. Y, posteriormente, si se puede dictaminar una identificación. En cualquier caso, el plan del Gobierno para el Valle contempla la dignificación de estas criptas como cementerio.