Los seguros privados de salud llevan años registrando un crecimiento imparable, pero la congestión de la sanidad pública que ha provocado el coronavirus les ha dado el mayor impulso de la última década. El número de personas con pólizas de asistencia sanitaria creció un 4,4% entre 2019 y 2020, el incremento interanual más abultado desde 2011, según los datos que aporta la Asociación Empresarial del Seguro (Unespa).
Las cifras más recientes de la entidad, correspondientes al primer semestre de 2021, revelan que las aseguradoras ingresaron un 10,5% más en primas que en 2019. Por primera vez en la historia, el volumen de asegurados –entre los que se incluyen los mutualistas, funcionarios que eligen la atención privada sobre la pública– rebasa los once millones, un 23,4% de la población total, y la facturación superó los 9.000 millones de euros.
Las empresas que se dedican a vender seguros privados de salud admiten que la pandemia ha generado más predisposición a contratar uno, aunque la tendencia ya existía antes de la COVID-19. Las listas de espera de la sanidad pública se dispararon en 2020. Los hospitales se entregaron al 100% a curar el coronavirus ante una avalancha de pacientes muy enfermos que requerían muchos cuidados y precisaban, además, de largas estancias en UCI. Esto obligó a cerrar quirófanos y se dejó de lado la atención de otras dolencias. Esa paralización se ha traducido en graves retrasos en los diagnósticos y, en los casos más dramáticos, muertes que se podrían haber evitado.
Los datos de cierre de 2020 del Sistema Nacional de Salud son elocuentes: casi un 50% de los pacientes esperaron más de seis meses para tener una cita con el especialista, y el tiempo de espera medio para una operación era de 148 días, casi cinco meses. Las consultas con más demora son, por este orden: traumatología, dermatología y oftalmología.
Miguel Ángel, de 58 años, contaba desde hace años con un seguro, pero no lo había usado hasta ahora. A finales de agosto sufrió un infarto a la espera de que su hospital, en Madrid, le realizara un electrocardiograma. Tres meses antes, había acudido a su médica de familia para informarle de que a uno de sus hermanos le habían diagnosticado una enfermedad genética en el corazón. Miguel Ángel fue citado para las pruebas diagnósticas en la sanidad pública madrileña en marzo de 2022. “Pienso que si me hubieran dado cita antes, lo habrían visto”, relata en conversación con elDiario.es.
La cosa no terminó ahí. “Mi sorpresa cuando salí del hospital tras seis días ingresado fue que la siguiente revisión no era hasta marzo. Estaba asustado después de lo que me había pasado, necesitaba sentirme seguro de que todo iba bien, así que fui a la privada y me hicieron el chequeo. En diciembre volverán a hacérmelo”, explica Miguel Ángel, que apostilla: “Me gustaría que fuera posible en la pública, donde se supone que están los mejores médicos y los mejores medios”.
Los lugares donde más días de media hay que esperar para operarse son Castilla-La Mancha y Andalucía, mientras Catalunya y Aragón están a la cabeza en demoras para las visitas al especialista.
Las variables: riqueza disponible e insatisfacción con la sanidad pública
José Manuel-Freire, profesor emérito en la Escuela Nacional de Sanidad y exconsejero de salud en el Euskadi, cree que para explicar la subida hay que considerar “un factor temporal vinculado a la pandemia”, que desaparecerá una vez los sistemas de salud recobren una relativa normalidad, más allá de las dos variables que siempre marcan una decisión así, a su entender: la riqueza disponible y lo insatisfactorio del servicio público.
“Las clases medias con posibles han migrado porque el nivel de actividad en la pública ha bajado y han decidido no esperar. Existe un aspecto coyuntural”, señala este médico, que ha pasado casi dos décadas como diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid encargado de los asuntos sanitarios. Algunas empresas de seguros han empleado la pandemia como reclamo. “Los seguros médicos privados se hacen necesarios ante el colapso de la sanidad pública. Son la mejor forma de tener una atención médica sin arriesgar la salud por la demora de la atención”, sostenía Seguros Cea en su web.
La Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública interpreta que “es probable que un sector de la población haya buscado respuesta en el aseguramiento privado” por miedo a no poder ser atendido en un futuro en unos centros públicos que podrían volver a estar desbordados por la crisis sanitaria. Su portavoz, Mariano Sánchez-Bayle, lamentaba hace un año en este medio que “cuanto peor funciona el sector público, más oportunidades de negocio tiene el privado”.
El gasto sanitario privado por habitante en España es de 719 euros, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad. Los hogares desembolsan casi 34.000 millones de euros al año en este concepto, que supone un 2,7% del PIB nacional. Y 9 de cada 10 euros de los pagos directos “se destinan a asistencia curativa y rehabilitadora (incluida la atención dental), medicamentos (incluido el copago), lentes y audífonos”, según Sanidad.
La patronal de las aseguradoras Unespa argumenta que el aumento de seguros privados “ahorra costes” a la administración pública y “ha contribuido a la contención de la pandemia”. La sanidad privada pidió compensaciones públicas por sus servicios durante los primeros meses de emergencia sanitaria. Pretendía que parte de los fondos que el Gobierno iba a transferir a las comunidades autónomas cubriera “los costes de las peticiones” que les realizaron.
El sector venía de una época próspera que se rompió con la COVID-19. Los hospitales privados facturaron 6.775 millones de euros en 2020, un 2,5% menos que en el ejercicio anterior. “La pandemia originó un moderado retroceso del mercado por primera vez en dos décadas”, señala la consultora DBK. Sanitas redujo sus beneficios un 11%. El consejero delegado, Iñaki Peralta, ya avanza que subirán los precios de las póliza porque el coronavirus “es una patología que antes no existía”, según esta entrevista publicada en Cinco Días. Tres aseguradoras (Adeslas, Sanitas y Asisa) concentran casi el 60% del volumen de negocio en España.
¿En qué comunidades el impulso al seguro privado ha sido más acusado? La Comunidad de Madrid, la que menos recursos destina a la sanidad pública, se mantiene a la cabeza en población que adquiere estos servicios: alcanza casi un 37% frente al 33% de 2015 (casi dos millones y medio de personas); le sigue Ceuta, Melilla y Catalunya con crecimientos porcentuales similares.
En el primer caso, la cifra se explica, en una parte, por la concentración de funcionarios de la administración general del Estado que viven en Madrid. Los datos de Unespa no discriminan entre seguros “públicos”, es decir, los de los trabajadores del Estado que eligen Muface en lugar de la Seguridad Social (no pagan por ello), y privados (que los asegurados sí pagan). Este mismo motivo está detrás de las posiciones de Ceuta y Melilla, donde residen muchos militares que optan por Isfas. Castilla-La Mancha, por su parte, registra un retroceso en el porcentaje de población con seguro de salud en los últimos cinco años, del 20% al 15%. Las regiones con menos asegurados para la asistencia sanitaria son Navarra y Cantabria, que aún así crecen igualmente.
En las cifras facilitadas por Unespa tampoco se diferencia entre los seguros individuales y los colectivos. Estos últimos son, por ejemplo, los que proporciona una empresa a su plantilla de trabajadores. De esta manera, resulta imposible, con el desglose actual, conocer cuántas personas, a título personal, se pagaron un seguro de salud privado en el último año y medio.