La actividad que llevan a cabo los grupos ultracatólicos a las puertas de las clínicas para intentar persuadir a las mujeres que acuden a abortar de que no lo hagan ha llegado al Congreso por primera vez. Tras años de demandas de los centros y del movimiento feminista, el pleno ha aprobado la toma en consideración de una iniciativa presentada por el PSOE, con la oposición de Vox y el PP, que incorpora un nuevo tipo en el Código Penal para perseguir a quienes “hostiguen o coarten” a las mujeres en el ejercicio de su derecho al aborto.
Con 199 votos a favor, 144 en contra y dos abstenciones, la mayoría de la cámara ha pulsado el botón verde tras un bronco debate marcado por el insulto machista que ha proferido el diputado de Vox Javier Sánchez García a la socialista Laura Berja, a la que ha llamado “bruja” mientras esta defendía la propuesta. El parlamentario se ha negado a abandonar el hemiciclo a pesar de las múltiples llamadas al orden de Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que en ese momento ejercía la presidencia y que ha suspendido el pleno durante unos minutos y hasta que finalmente Sánchez García ha retirado el insulto.
Varias de las diputadas de otros partidos de izquierdas han mostrado su solidaridad con Berja en su turno de palabra bajo el lema “somos las nietas de las brujas que no pudisteis quemar” y han defendido la actual ley de aborto, aprobada en España ya hace años, frente a la postura de la extrema derecha, que ha empleado su intervención para negar este derecho: “Quieren impedir que digamos que cuando alguien aborta está acabando con la vida de su hijo”, ha llegado a afirmar la diputada María Ruiz, que ha definido la interrupción voluntaria del embarazo como “el crimen más terrible de la humanidad”.
La proposición inicia así su camino parlamentario para intentar poner fin a la obstaculización al aborto que llevan a cabo en diferentes ciudades españolas grupos antielección. Se instalan durante horas en las inmediaciones de las clínicas con el objetivo de persuadir a las mujeres que ya han tomado la decisión para que no aborten. Para ello despliegan una batería de acciones: desde rezar o exponer pancartas antiaborto hasta increpar a las mujeres, darles fetos de juguete, ofrecerles ecografías, llamarles “asesinas” o abordarlas para intentar convencerlas de que no entren.
La propuesta, que ha contado con el apoyo de todos los grupos excepto Vox y el Partido Popular, contempla penas de prisión de tres meses a un año o trabajos en beneficio de la comunidad para quienes “coarten u hostiguen la libertad de una mujer que pretenda ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, promoviendo, favoreciendo o participando en concentraciones en las proximidades de lugares habilitados, causando un menoscabo en su libertad o intimidad”.
“El acoso, el hostigamiento y las amenazas son sistemáticas y organizadas. Se están vulnerando los derechos humanos de las mujeres y se está intentando coaccionarlas amenazando su intimidad y su bienestar. ¿Se imaginan que esto pasara con cualquier otra prestación sanitaria?”, ha preguntado la socialista Laura Berja. Tanto la Asociación de Clínicas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) como el movimiento feminista llevan años exigiendo que el Estado actúe contra estos grupos y proteja a las mujeres que libremente deciden acceder a una prestación sanitaria reconocida por el sistema público, algo que incluso ha reclamado el Defensor del Pueblo en reiteradas ocasiones.
“Recen cuanto quieran, pero dejen a las mujeres”
PP y Vox han cargado contra la propuesta asegurando que se trata de un intento de “criminalizar” a quienes piensan diferente “y luchan por darles a tantos niños desahuciados una última oportunidad para vivir”, en palabras de Ruiz, que ha insistido en que estos grupos se limitan a prestar a ayuda a las mujeres. Es la postura que los sectores conservadores defienden desde que el PSOE registró la iniciativa, a pesar de que no se dirige contra quien se opone al aborto, sino contra el que obstaculiza su libre ejercicio. “Un intento de limitación sectaria del derecho a la libertad de expresión”, lo ha definido la popular María Teresa Angulo, que ha recurrido a ETA para acusar al Gobierno de “hipocresía” por “no hacer absolutamente nada” con las concentraciones “de apoyo a quienes asesinaron y causaron un terrible dolor a las víctimas y a las sociedad”.
“Ninguna de estas mujeres va a dejar de abortar porque les estén metiendo miedo y criminalizando, que es la única función que tiene la presencia de estas personas en las clínicas”, ha defendido Sofía Castañón, diputada de Unidas Podemos- En Comú Podem- Galicia en común. De hecho, según un estudio elaborado por ACAI hace tres años, un 89% de las mujeres entrevistadas que se encontró con estos grupos al entrar a abortar se sintió acosada y un 66%, amenazada. “Recen ustedes cuanto quieran, pero dejen a las mujeres ejercer sus derechos”, ha añadido Berja.
Con todo, varios grupos han pedido que la propuesta sea más ambiciosa y que el tema se aborde en el marco de la reforma de la ley del aborto de 2010, algo en lo que ya está inmerso el Ministerio de Igualdad, que se ha comprometido a incorporar medidas de protección para estas mujeres al estilo de las regulaciones de otros países. En Francia, por ejemplo, la fórmula elegida ha sido la de la tipificación penal, en otros como Reino Unido se ha decidido establecer 'zonas de seguridad' alrededor de las clínicas, es decir, una distancia mínima en la que no puede haber manifestaciones ni actividades de este tipo.
Hay consenso entre las asociaciones y expertas en la necesidad de proteger el acceso al aborto, pero algunas dudas de que la vía penal sea la más efectiva. Desde ACAI, de hecho, se han pronunciado en varias ocasiones a favor de las 'zonas de seguridad', un método “más rápido y eficaz”. En este sentido se ha pronunciado Ciudadanos, que aunque ha apoyado la toma en consideración, ha mostrado sus dudas sobre que “la técnica jurídica y legislativa” utilizada “sea la más adecuada” y ha llamado a trabajar durante el trámite para mejorarla.