El Congreso acaba de dar luz verde definitiva a la reforma de la ley de salud sexual y reproductiva 13 años después de su aprobación por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y tras rechazar el Tribunal Constitucional el recurso interpuesto por el Partido Popular entonces. La nueva legislación impulsada por el Ministerio de Igualdad, que prevé corregir las trabas de acceso identificadas desde entonces, ha contado con 185 votos a favor, 154 en contra, entre ellos los del PP y Vox, y ninguna abstención.
El último paso de la legislación se ha dado en una sesión plenaria convertida en un debate sobre el derecho al aborto en medio de la polémica interna que vive el PP de Alberto Núñez Feijóo, que intenta hacer equilibrios sobre un asunto que le genera contradicciones y solivianta al ala más dura del partido. Todas las intervenciones de los grupos han estado marcadas por ello, salvo las del propio PP, que ha centrado su turno en acusar al Gobierno y criticar aspectos concretos de la reforma aprobada pero sin ahondar en su posición sobre el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.
La nueva legislación, que salió del Senado la semana pasada, elimina la obligación de que las jóvenes de 16 y 17 años cuenten con el permiso paterno para abortar, aborda la salud menstrual, elimina los tres días de reflexión y estipula la creación de registros de objetores de conciencia con el objetivo de que las intervenciones sean asumidas mayoritariamente en centros de la sanidad pública. Actualmente, la inmensa mayoría, el 85%, se llevan a cabo en clínicas privadas concertadas, lo que obliga a miles de mujeres a desplazarse de provincia para abortar, algo que la ley prevé frenar.
Los populares han utilizado el informe del Consejo General del Poder Judicial crítico con la ley para cargar contra la eliminación del periodo de reflexión o la recuperación del derecho de las jóvenes y ha ironizado en referencia a la ley del 'sólo sí es sí' con “la alta calidad legislativa” de las leyes impulsadas por el socio minoritario de la coalición que, ha manifestado, “han generalizado la preocupación, el hartazgo y el enfado de la sociedad”, en palabras de la parlamentaria Marta González, que ha justificado su voto en contra por ser una ley “inoportuna, innecesaria, intolerante, infantilizadora e incongruente”.
Los vaivenes del PP al respecto del aborto han protagonizado las intervenciones de todas las formaciones, también las de Vox, que se ha reivindicado en palabras de Lourdes Monasterio como “el único partido que defiende la vida desde la concepción hasta la muerte natural” y ha afeado “la traición” que a su juicio supuso que los populares no derogaran la ley del aborto cuando gobernaron, algo que, de hecho, provocó que algunos diputados abandonaran el partido, entre ellos precisamente la encargada de defender ahora la posición de Vox en el pleno, que ha vuelto a desplegar su argumentario antiaborto afirmando que es “matar a un niño en el seno de su madre”.
Monasterio ha acusado a Feijóo de “confirmar su traición asegurando que la sentencia [del Tribunal Constitucional] es correcta” y ha denominado como “declaraciones esperpénticas” las que hizo ayer el líder del PP afirmando que el aborto “es un derecho dentro de la ley” pero no un derecho fundamental. “Los principios y las convicciones, señorías, se tienen o no se tienen”, ha concluido la parlamentaria de extrema derecha. A la visión de Vox se ha unido Carlos García Adanero, el diputado tránsfugo de UPN, elegido por el PP como candidato a la alcaldía de Pamplona.
“Un debate de otro siglo”
Apenas se han referido los grupos que han apoyado la norma a las medidas que contiene, sino que han aprovechado para defender el derecho al aborto frente a la posición de las derechas en una semana en la que Vox ha registrado una iniciativa que plantea derogar la ley y los obispos se han vuelto a posicionar en contra. “Los derechos nunca están garantizados”, ha asegurado la diputada de ERC Tania Vallugera, que ha apelado al resto de parlamentarias a “estar atentas” porque el aborto “pende de un hilo” en función de “las mayorías que haya en este Parlamento”. “Como ganen PP y Vox me veo otra vez en Londres abortando y acompañando a mis amigas”, ha dicho.
“Un debate de otro siglo”, lo ha definido Iñigo Errejón, de Más País, que ha dado por sentado que el aborto es un derecho y “la única potestad que tenemos es sobre si cuando las mujeres deciden abortar lo hacen con seguridad y respeto o con más dolor”. Por su parte, Joseba Agirretxea, del PNV, ha censurado “imponer la ética y la moral a nadie” y aunque ha afirmado “compartir” que el aborto “pueda ser un fracaso” ha coincidido con Errejón al defender que “lo nuestro es dar soluciones a quienes piensan como nosotros y a quien no” y no “cerrar los ojos” porque “el problema sigue existiendo”.
Lucía Muñoz, de Unidas Podemos, se ha dirigido a la bancada popular para asegurar que las mujeres “tenemos memoria y recordamos donde estaban en 2010, recurriendo al Tribunal Constitucional una ley que salva vidas” y en 2014 “intentando hacernos retroceder a 1985”, ha afirmado sobre el intento de reforma del exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón. Lo que quedó de aquello fue la marcha atrás en el derecho de las jóvenes a abortar sin tutelas, que a partir de ahora volverá a estipularse como lo hizo en 2010.
“Teníamos una deuda con las mujeres jóvenes de este país, el PP les quitó su derecho al aborto libre y ahora esta cámara hace justicia y les devuelve lo que nunca debieron perder”, ha manifestado Laura Berja, del PSOE, que ha querido reivindicar a su partido como “el soporte político de los derechos de las mujeres en este país”. “Y sí, lo sigue siendo”, ha añadido entre aplausos de su grupo. La diputada se ha mostrado convencida de que el derecho al aborto “llegó para quedarse” porque “no es una ley exclusiva del Parlamento” sino “de las mujeres y hombres que la hicieron suya. Y cuando esto pasa, ustedes ya no tienen nada que hacer”, ha concluido dirigiéndose al PP.
Los trabajos de la reforma fueron iniciados por Igualdad hace algo más de un año y el Consejo de Ministros envió el proyecto al Congreso el pasado agosto, tras un proceso en el que volvieron a hacerse evidentes las diferencias con los socialistas en algunas cuestiones como las bajas por reglas dolorosas, finalmente incluidas. De hecho, la ley es la primera que incluye la salud menstrual como parte del derecho a la salud de las mujeres y estipula que Sanidad deberá impulsar unos estándares para atenderla mientras que la educación menstrual se deberá estudiar en las aulas.
Salud menstrual y los abortos en la pública
“Es importante no olvidar los derechos que esta ley reconoce”, ha afirmado la ministra de Igualdad, Irene Montero, en el turno de cierre del debate, en el que ha querido hacer un paralelismo, sin nombrarla, con la ley del 'solo sí es sí' asegurando que “va a haber resistencias a la aplicación de esta ley” y que “su camino no acaba con esta votación ni con su publicación en el Boletín Oficial del Estado” sino que “debemos ser capaces de hacer efectivo su cumplimiento”.
El Congreso ha rechazado la enmienda proveniente del Senado que sustituía una “y” por una “o” en el artículo que establece que los centros deberán ofrecer a las mujeres el método farmacológico y quirúrgico para abortar, pero ha respaldado todas las demás apoyadas por los senadores.
Entre ellas, una impulsada por el PSOE en plena polémica por las medidas sobre el 'latido fetal' de Castilla y León, con la que se pretende vetar que las administraciones públicas puedan poner en marcha prácticas que “pretendan alterar, ya sea para afianzar, revocar o demorar, la formación de la voluntad” de las mujeres. Además, la información que deberán recibir las mujeres se ofrecerá en las lenguas oficiales de las comunidades y tendrán que ser informadas de la existencia de servicios de asistencia en el caso de que hayan visto vulnerados sus derechos.
Estas modificaciones se unen a las medidas con las que ya arrancó el trámite de la norma, que pretende acabar con “los obstáculos” que han encontrado las mujeres en el acceso al aborto. Y para ello establece que las intervenciones deberán llevarse a cabo “en un centro sanitario público” y solo “excepcionalmente” en uno privado acreditado. Además, se regula la objeción de conciencia con la creación de un registro y obliga a que en todos los centros públicos haya siempre profesionales suficientes para llevar a cabo el servicio.
También suprime los tres días obligatorios de reflexión antes de abortar y el requisito de entregar a las mujeres un sobre cerrado con información sobre ayudas a la maternidad, que pasará a ser opcional. Además, prevé la creación de una línea telefónica especializada en derechos sexuales y reproductivos, educación sexual en las aulas y se promoverá la recogida de datos sobre la violencia obstétrica, aunque no se nombra así, y la aprobación de un protocolo común para evitarla. Los objetores de conciencia no podrán formar parte de los comités clínicos que deciden abortos más allá de la semana 22 y habilita la posibilidad a las mujeres de que recurran a los tribunales en caso de no estar de acuerdo con la decisión.