El Congreso exige sacar a Franco del Valle de los Caídos. La proposición no de ley (PNL) que pide exhumar los restos del dictador ha salido adelante con 198 votos a favor, uno en contra de la diputada del PP Celia Alberto (“por error”, según ha explicado) y 140 abstenciones, las del PP y ERC.
Pese a que casi toda la oposición ha sacado adelante la propuesta en el parlamento, el Gobierno puede ignorar el mandato, ya que no es vinculante y precisa de dotación presupuestaria para “revitalizar” la ley de Memoria Histórica, lo que da la posibilidad al Ejecutivo de no llevar a cabo la PNL.
Los socialistas no habían aceptado ninguna de las enmiendas presentadas para retar a Unidos Podemos y ERC a retratarse ya que se habían comprometido a apoyar la PNL, según EuropaPress, que cita fuentes del PSOE. Los republicanos catalanes pedían una nueva ley de Memoria Histórica y reconocer a antifascistas como el expresidente de la Generalitat catalana, Lluis Companys. Como no se ha aceptado, han decidido abstenerse, como el PP.
La redacción original de la propuesta sí ha garantizado el voto favorable de Ciudadanos. Unidos Podemos, que ha votado a favor, pedía incluir la exhumación de fosas comunes “como una responsabilidad del Estado” y garantizar “la anulación de los juicios del franquismo”. Pese a que su enmienda no se ha aceptado, ha decidido sumarse a la petición socialista de revitalizar la Ley de Memoria Histórica.
Para el PP, en todo caso, el PSOE hace “un uso partidista de la historia” y una doble ruptura del “pacto constitucional”, en 2007 con la ley y ahora con la PNL para sacar a Franco de Cuelgamuros, como dijo en el debate. Los socialistas achacaron a la “derecha política” el “lento” camino de la reparación a las víctimas del franquismo
Ciudadanos y Unidos Podemos ya criticaron el martes que la legislación está cercana a cumplir una década y ambos partidos han dejado “cosas por hacer”. ERC tildó en el debate la propuesta de “monumento al cinismo político” y demandó una nueva ley memorialista “de verdad”. El PNV afeó que el PP “no ha hecho nada” por desarrollar el marco legal y el grupo mixto centró sus críticas, también, en la bancada popular: “si votan 'sí', irán con la democracia, si votan 'no', irán con el fascismo”, auguraba C-P.EUPV.
Sacar a Franco
El texto aprobado persigue otros objetivos como abrir las fosas comunes, retirar la simbología fascista de las calles o prohibir ayudas a entidades que hagan apología del fascismo, caso de la Fundación Franco. Y abrir la tumba de Franco, una decisión que recae en el mismo Gobierno que gasta cada año 750.000 euros de dinero público en mantener el mausoleo franquista del Valle de Cuelgamuros, en San Lorenzo del Escorial (Madrid) y asigna cero euros a cumplir la ley 52/2007.
“Resignificar” el templo significa “que deje de ser un lugar de memoria franquista y nacional-católica” para convertirse en un espacio para la “reconciliación”. La memoria es “un inexcusable deber moral en la vida política” y “el olvido no es opción para una democracia”, dice la PNL presentada por el PSOE. La propuesta aprobada en el Parlamento este jueves cita por esto al Gobierno de Rajoy a “dar cumplimiento preferente a la exhumación de los restos de Francisco Franco y su traslado fuera del Valle de los Caídos”.
La memoria “inacabada”
La batería de medidas 'para la efectiva aplicación y desarrollo de la Ley de Memoria Histórica' busca activar el “esfuerzo reparador” para las víctimas del franquismo y están basadas en el informe emitido en 2011 por la Comisión de Expertos para el Futuro del Valle de los Caídos. En este objetivo, el texto pide exhumar también de la Basílica de Cuelgamuros al fundador de Falange Española, José Antonio Primo de Rivera, “para su reubicación en un sitio no preeminente del edificio”.
La PNL solicita además crear una Comisión de la Verdad, reconocer el trabajo esclavo y lograr la nulidad de las condenas dictadas por tribunales franquistas. También reanudar la búsqueda y exhumación de fosas comunes, crear un Banco de ADN de víctimas y familiares o reabrir la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura que Rajoy cerró en 2012.
Aunque el Gobierno no tiene por qué asumir la PNL, es la primera vez que el Congreso le da un varapalo al Ejecutivo en la Memoria Histórica.