La reforma que garantiza y mejora las pensiones de los niños y niñas cuyas madres han sido asesinadas por violencia de género ha superado su último trámite en el Congreso. El Pleno ha dado así luz verde a un proyecto que se ha alargado casi dos años tras la revisión de las enmiendas procedentes del Senado. La proposición de ley, la única en materia de igualdad que saldrá adelante antes de las elecciones, eleva la cuantía que recibirán estos menores y elimina los requisitos que han provocado que muchos no cobren nada. Las estadísticas oficiales han registrado en lo que va de año ocho niños y niñas que se han quedado huérfanos por esta causa.
Aunque todos los grupos han celebrado la norma, no han dejado de defender en la cámara las enmiendas que durante todo el proceso han intentado que sean aprobadas sin éxito. La reforma acaba con los condicionantes que contempla la ley para recibir la pensión y que vinculan este derecho a la exigencia de que la madre hubiera cotizado 15 años o 500 días en un periodo ininterrumpido de los cinco años precedentes al asesinato, para casos anteriores a 2008, o que estuviera dada de alta en la Seguridad Social o en situación asimilada, por ejemplo, en situación legal de desempleo o en excedencia por cuidado de hijos.
Además, aumenta la cuantía hasta un mínimo de en torno a los 600 euros –ahora hay pensiones de unos 140– al pasar del 52% de la base reguladora al 70%. En caso de que la mujer no haya cotizado, se calculará en base al salario mínimo vigente. Es decir, los niños y niñas cuyas madres nunca hayan cotizado cobrarán menos que los que sí.
Este es precisamente uno de los puntos que más debate han suscitado durante el trámite parlamentario y que Unidos Podemos- En Comú Podem- En Marea ha vuelto a traer al Pleno después de que su propuesta –que la cantidad se desligue del grado de cotización de la madre– no haya salido adelante. “Es una pena que no hayamos conseguido un acuerdo en este sentido”, ha lamentado la diputada Ángela Rodríguez, que ha insistido en que “unas pensiones que dependen de lo que haya cobrado la madre no son una reparación del Estado, sino una limosna. ¿Qué culpa tiene el menor de que su madre fuera funcionaria o cajera de supermercado?”.
Qué menores debe incluir la norma
Qué niños y niñas son objeto de la reforma ha sido otra de las cuestiones con la que los partidos no han encontrado consenso. Para Unidos Podemos, la prestación debe alcanzar también a aquellos cuyas madres son asesinadas por otros tipos de violencia machista, por ejemplo la violencia sexual. Sin embargo, la propuesta ha quedado en que la pensión contemplada en esta ley se extenderá a aquellos casos en los que no haya otro progenitor, tal y como ocurre en los asesinatos por violencia de género en el seno de la pareja o expareja al entrar el asesino en la cárcel.
El PP, por su parte, ha vuelto a enarbolar en la cámara su idea, también rechazada en el trámite previo, de ampliar este derecho a todos los casos de violencia doméstica y otras situaciones, como los accidentes de tráfico. La parlamentaria Mar Cotelo ha acusado al resto de los grupos de “haber hecho huérfanos de primera y de segunda” y ha lamentado que esta proposición de ley “haya olvidado al resto de huérfanos y haya convertido a unos en privilegiados”. Aunque la norma ha incluido que el Gobierno estudiará otros supuestos de orfandad absoluta (de ambos progenitores), los populares han incidido en que “se podría haber hecho más porque para el PP todos los menores deben estar protegidos”.
Aún así y a pesar de las críticas y los diferentes posicionamientos, todas las formaciones han celebrado que se dé un paso más en la protección de los huérfanos por violencia machista, sometidos en muchas ocasiones a férreos obstáculos y falta de ayudas. “El impacto económico de la medida es muy pequeño con respecto al beneficio que se consigue”, ha explicado Marta Martín, de Ciudadanos, que ha llamado la atención sobre la “estigmatización que sufren estos menores” que “acaban siendo los hijos de mujeres asesinadas y de padres asesinos”, ha dicho antes de concluir con un agradecimiento a las familias “que han luchado por esto”.
Por su parte, el PSOE, de quien partía la iniciativa, ha agradecido a todos los grupos de la cámara haber llegado al consenso y la diputada Ángeles Álvarez ha querido apelar en su última intervención en el Pleno antes de las generales al “espíritu” del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. “No debe abandonar esta cámara pase lo que pase en las próximas elecciones. La nueva legislatura no puede articularse mercadeando los derechos de las mujeres por parte de aquellos que dicen que el feminismo es una amenaza a la sociedad”, ha dicho en clara referencia a Vox.
Una alusión que también ha llevado a Rodríguez, de Unidos Podemos- En Comú Podem- En Marea, ha pedir a las diputadas que trabajaron por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género que sus partidos, Ciudadanos y el PP, no pacten “con un partido que quiere derogar las leyes de violencia machista y LGTBI”. “Hagan el esfuerzo para que en España siga habiendo feminismo, igualdad y libertad”.